¿Cuánto cuesta una curso de Derecho? ¿Y uno de Magisterio? A tenor de las tasas de matrícula que pagan de forma mayoritaria los estudiantes, menos de mil euros por curso. Pero ¿es eso lo que cuesta su formación? Ni de lejos. Los aportes económicos por parte del alumnado son tasas públicas. Y éstas distan mucho de lo que realmente cuesta el salario de los profesores y otro personal o el mantenimiento del campus, entre otros conceptos. Por ello, la Universidad de Almería ha enviado a sus alumnos una 'factura informativa' en la que les recuerda que la mayor parte del coste de sus estudios viene sufragado por los impuestos. «A título», indica el correo electrónico enviado por el Gabinete de Comunicación de la Ual, el coste de los estudios «solo es cubierto parcialmente por la matrícula». «El resto está financiado por la Comunidad Autónoma de Andalucía. ¿Por qué se ha tomado esta decisión, la de informar a los alumnos del coste real de sus estudios? Ideal se ha puesto en contacto con la Universidad de Almería, que ha declinado la oportunidad dar una explicación oficial a este hecho.
En cualquier caso, no es una opción nueva. La Administración autonómica lleva meses dando facturas informativas en algunos de los servicios prestados en el ámbito público. Desde noviembre del pasado año, la iniciativa, que fue pionera en España, inició su primera fase con la entrega de 3,98 millones de documentos de este tipo -conocidos también como 'facturas sombra'- referidos a 16 prestaciones, que en su conjunto suponen un volumen anual de recursos públicos de 4.985 millones de euros. Posteriormente se irán incorporando nuevas líneas de información, siempre en áreas claramente identificables por los usuarios.
Los 16 servicios seleccionados para la primera fase abarcan todas las áreas de gestión de la Administración autonómica: servicio de orientación jurídica, dotación de ordenadores portátiles al alumnado de Primaria y Secundaria, servicio complementario de transporte escolar, hospitalización e intervenciones de cirugía mayor ambulatoria, pruebas diagnósticas en atención hospitalaria, terapias respiratorias, acciones formativas en materia de deporte, reconocimientos médico-deportivos; centros de rehabilitación de personas drogodependientes, servicio de ayuda a domicilio, ayudas económicas para cuidados en el entorno familiar, residencias de tiempo libre o entradas a espacios escénicos de la Junta, y visitas a exposiciones y museos, entre otras prestaciones. En los servicios sanitarios, el proyecto de factura informativa ya llevaba en pruebas desde octubre de 2010.
En cualquier caso, esta medida se enmarcó en las nuevas fórmulas de 'Gobierno Abierto' iniciadas por el Ejecutivo de José Antonio Griñán que informan a la ciudadanía sobre la gestión del dinero público y su propia responsabilidad en la utilización de los recursos. Actualmente, los usuarios desconocen en su mayor parte el coste de unos servicios cuyo carácter gratuito o bonificado no implica que no les supongan un gasto, ya que son financiados con sus impuestos. Y a la vez, sirven para concienciar de la importancia de los mismos y de su buen uso -lejos del 'abuso'-.
«Uso electoralista»
A pesar de que la medida lleva más de un año de aplicación en otros servicios y que el propio presidente de la Junta la anunció durante el pleno de Debate sobre el Estado de Andalucía, ayer, el presidente de Nuevas Generaciones de Almería, Carlos Sánchez, tachó de «uso electoralista» la factura informativa de los servicios educativos. Especialmente cuando se está haciendo efectiva en el ámbito universitario «a dos semanas de que empiece una campaña electoral», indicó el PP de Almería en una nota. Para el presidente de NNGG se trata de «un invento del Partido Socialista a la hora de captar votos entre los universitarios, utilizando a la Ual» y pidió al rector que explique «quién ha sido el ideólogo». Para Sánchez es «escandaloso» que en esos correos se diga que un estudiante puede llegar a costar a la universidad 9.435 euros.
