«La amplia trayectoria democrática de la Unión Europea, se reduce cuando la presunción de inocencia es anulada unilateralmente por el miedo y la improvisación», así concluía Clara Aguilera, consejera de Agricultura y Pesca, su intervención en el foro 'Krisen richtig managen' que organizaba la revista Fruchthandel Magazín en el marco de la vigésima edición de la feria Fruit Logistica. La responsable andaluza aprovechó su intervención para destacar todos los errores que se habían cometido, tanto previos a la publicación de la alerta sanitaria que desencadenaba la llamada crisis de la 'E. coli', como la manera en qué se desarrolló.
En lo que respecta al agro andaluz, Clara Aguilera resaltó la rapidez con que se actúo para aclarar la limpieza de los productos señalados, así como el trabajo realizado por la Administración en la gestión de la crisis. Todo ello, «como crítica constructiva. Creo que se debe analizar qué se hizo mal para proponer y adoptar mejoras del sistema que permitan un correcto uso de la información». Según manifestó Aguilera, «el servicio de alertas no funcionó correctamente». La Comisión Europea debería haberse cerciorado de que la información facilitada por Alemania se ajustaba a la realidad siguiendo el protocolo establecido antes de que el Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (Rasff) procediera a su publicación. Sin embargo, apuntó la consejera de Agricultura y Pesca, las declaraciones de la senadora de Hamburgo Cornelia Prüfer-Storcks, «precipitadas y profundamente desacertadas» provocaban la publicación de la alerta, «acogiéndose al principio de cautela». Para Aguilera, «este principio no puede ser válido para activar una alerta no probada».
Así, en opinión de la responsable de Agricultura de la Junta de Andalucía, «la Comisión Europea debe enfocar mejoras hacia actuaciones más proactivas que reactivas y hacia una verificación adecuada del cumplimiento de los protocolos de activación de las alertas y su seguimiento». Y es que, «el papel de la Comisión Europea como responsable de la Red de Alertas son debe limitarse a la mera transmisión de información, si no que debe, además, velar por que la información utilizada para generar alertas sea correcta, haciendo las verificaciones oportunas y ejerciendo como árbitro en caso de ser necesario».
Intereses comerciales
Clara Aguilera, en su discurso, incluyó un apartado dedicado a los agentes que se benefician de este tipo de alertas e hizo un llamamiento a la Comisión Europea para que vigile y evite este tipo de prácticas. «Han existido intereses en esta crisis que no han permitido la imparcialidad, la coherencia y la calidad de los mismos, así como el cumplimiento de los procedimientos de ejecución y la toma de muestras establecidas. Por tanto, debe impedirse que una alerta que genera daños económicos, sirva para beneficiar intereses privados», aseveró Clara Aguilera.
La crisis manchaba la imagen y reputación de los productos hortofrutícolas andaluces, sobre todo aquellos que se cultivan en las provincias de Almería y Málaga. Los mercados de varios países se cerraban para las producciones de Andalucía, algo que, sin duda, afectaba económicamente al sector. Por ello, la consejera, durante su intervención en el foro puso de manifiesto como estas crisis infundadas ponen en jaque a un sector. Y es que, «ha quedado sobradamente demostrado que una inadecuada gestión de una alerta, puede generar un caos económico, alimentario y sobre todo de salud pública, sin valorar lo que todo eso conlleva tanto para la sociedad europea como para el sector en su conjunto, desde empresas agroalimentarias, agricultores, transportistas y familias», señaló Aguilera.
Alertas extra comunitarias
Uno de los datos que aportó Aguilera en el transcurso de su intervención hacía alusión a la procedencia de las alertas que se publican en el Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos. «Según se observa en las memorias de este sistema se puede observar que el 81% de las alertas se refieren a productos procedentes de terceros países», detalló la consejera. Por tanto, hizo un llamamiento a la Comisión Europea para que a los productos extra comunitarios se exijan los mismos controles que a los que se cultivan y comercializan por los países de la Unión Europea.
