El argumento estatal es «la crisis económica y la situación del sistema eléctrico, que arrastra un elevado y creciente déficit de tarifa que amenaza su sostenibilidad». Pero su impacto en una de las industrias más florecientes y esperanzadoras de cuantas se asientan en Almería puede ser letal. Así, al menos, lo observa el PSOE, que ayer indicó que Almería, la segunda provincia española en producción de energía eólica y la tercera en termosolar, será la más afectada por la supresión, «con carácter temporal, de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable, residuos y cogeneración», según recoge el anuncio del Ministerio de Industria.
«Si el Gobierno frena las primas a las empresas de energías renovables que estaban en trámites de instalación en la provincia se pueden perder en torno a 300 puestos de trabajo y se pueden cerrar empresas», indicaba el senador socialista Juan Carlos Pérez Navas, ex delegado provincial de la Consejería de Innovación.
En la actualidad, según las cifras aportadas por el PSOE, están en curso 217 licencias para la implantación de generadores fotovoltaicos, dos para plantas de cogeneración, además de sendos parques eólicos en Lubrín y Sorbas. Y el freno en las primas podría conllevar que estas empresas, entre las que hay algunas que llevan «más de un año trabajando para preparar documentación» opten por desistir de los trámites, no implantarse en la provincia y, por lo tanto, reducir la actividad de este sector de la economía.
Además, remarcan desde el PSOE, el impacto puede trasladarse de las empresas productoras a la investigación, un sector en el que Almería sí es líder indiscutible a nivel internacional y que genera decenas de empleos en toda la provincia. Hay más de 30 grupos de investigación en energías renovables entre universidad y empresas distribuidos en Almería.
También ayer, su compañero de partido y secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Comisión Ejecutiva Regional (CER) socialista, Antonio Pradas, afirmó que esta medida «pone en peligro 10.000 empleos» en la comunidad andaluza, líder indiscutible en producción energética renovable en España, ya que genera el 58% del total estatal. Almería, por su parte, genera una cuarta parte de la producción andaluza, lo que significaría, por lo tanto, que sólo en la provincia se sacaría adelante casi el 15% de toda la energía limpia del país.
El 'recorte' anunciado por el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha levantado polvareda en los sectores más conservacionistas y ecologistas de la sociedad. Pero también ha vivido el encontronazo de los gobiernos autonómicos con mayor implantación de parques productores de energía limpia y con algunos partidos de la oposición.
Ayer mismo, el coordinador de Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía, Diego Valderas, indicó en Cantoria, donde estaba de visita en la sede de la multinacional Cosentino, que el PP está en una «deriva energética» al entender que «va a jugar contra los intereses de Andalucía, de las energías renovables y de los consumidores». Además, recordó que IU lleva en su programa político una «apuesta firme» por las energías renovables, un sector en el que la Comunidad «tiene mucho que decir todavía».
Fuente de ingresos
Otros perjudicados indirectos de esta moratoria serán los propios ayuntamientos. «Para un Ayuntamiento que se instale un parque eólico le supone prácticamente el total de su presupuesto municipal en cuanto a ingresos», indicaba el senador Pérez Navas. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Serón, que cuenta con seis parques eólicos en su municipio, ingresa unos 400.000 euros en concepto de impuestos por la ubicación de los mismos. Almería es una de las provincias con mayor implantación solar y eólica y, por lo tanto, de las que más ingresos recibe de las renovables.
La medida, no obstante, si bien tiene especial repercusión en la provincia de Almería y en Andalucía por su importante implantación, ha generado un aluvión de reacciones de ámbito nacional. Ayer mismo, el presidente de la Fundación Renovables, Javier García Breva, advertía de que la suspensión de las primas a la instalación de nueva potencia renovable «se ha cargado la inversión privada de 62.000 millones de euros» contemplada en el Plan de Energías Renovables (PER) hasta 2020 para todo el territorio estatal. La Fundación Renovables presentó en rueda de prensa un documento suscrito con empresas, sindicatos y asociaciones ecologistas en contra del real decreto ley, texto que a juicio de García Breva, es un «atraso para la economía» y «va a hacer perder inversiones a favor de la dependencia energética del gas y el petróleo».
