El empresario turístico José María Rossell tenía varios proyectos en mente en Canarias. Uno de ellos se encontró de frente con la Justicia. Se trata de la construcción de un hotel de cinco estrellas con 470 plazas en Costa Teguise, una urbanización en Lanzarote. El Ayuntamiento de Teguise le había otorgado a Playa Senator una licencia para dicho establecimiento para la que, además, concedió una prórroga. El secretario general del PSOE en la isla, Manuel Fajardo, denunció que la construcción del hotel era «irregular» y con unos permisos «inválidos». De hecho, el socialista habló de una supuesta «trama inmobiliaria y mediática» a la que estarían «vinculados» tanto Rossell como la senadora del Partido Popular María del Mar Agüero -esposa del empresario turístico-. «Casualmente, el propietario de la licencia prorrogada ilegalmente por el Ayuntamiento de Teguise es el presidente de Televolcán, emisora que ha sido el órgano oficial del PIL», partido gobernante en Teguise, dijo Fajardo.
Ante tal denuncia pública, Agüero se defendió a capa y espada desligándose de la actividad empresarial de su marido y, además, indicando que Rossell no estaba «metido en nada ilegal». «Si hay alguna irregularidad será dicho ayuntamiento el que tendrá que responder ante la justicia, pero no una empresa que sólo pretende invertir en esta isla con todos los requisitos legales que se necesitan para este tipo de construcción», indicaba Agüero en unas declaraciones en respuesta al secretario socialista lanzaroteño publicadas en IDEAL el 25 de abril de 2005.
No obstante, poco después, en noviembre de ese mismo año, la sala de lo Contencioso - Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias acordaba suspender la prórroga de dicha licencia. «El proyecto al que se concedió la prórroga de la licencia de obras ya no se ajustaba en el momento de la concesión de la prórroga a la nueva ordenación urbanística existente en Lanzarote desde la aprobación de la moratoria insular», recogía el auto del Alto Tribunal canario.
Con esta decisión, la sala estimaba los argumentos jurídicos expuestos por el Cabildo de Lanzarote en el recurso de apelación de éste interpuso contra un primer auto judicial que inicialmente había rechazado la petición de suspensión de obras que formuló en su primer momento la Corporación local insular de la isla canaria de Lanzarote.
