La Junta sólo se dedica a ejecutar órdenes judiciales. Y en este ámbito, su política no variará un ápice. El delegado provincial de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, Luis Caparrós, aseguró que el auto judicial dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Almería, que obliga al Ayuntamiento de Vera a proporcionar alojamiento al matrimonio Prior -de origen británico- a los que se les demolió su vivienda por estar construida en suelo no urbanizable «no cambia en absoluto» la política de la Junta de Andalucía respecto a la ingente cantidad de viviendas en situación irregular en la provincia, especialmente en el Valle del Almanzora. «Nosotros no queremos demoler viviendas», argumentó el representante de la Consejería que tutela la ordenación urbanística en el territorio andaluz, «nos dedicamos a trabajar para que los ciudadanos tengan una vivienda digna», argumentó.
«Los hitos no los marca nadie, hay que asumirlos. La Junta está en medio de la ilegalidad y el ordenamiento jurídico», indicó Caparrós, que poco después añadió que la Junta se limitó a «ejecutar la demolición». «Cuando el particular se niega a demoler, el juez pide auxilio a la Junta para que lo ejecute. Sólo en ese caso actuamos». No obstante, no dijo Caparrós que fue precisamente a instancias de la Junta de Andalucía que el mismo Juzgado declaró nula la licencia municipal de obras y que ordenó el derribo.
Ante la existencia de la incómoda realidad de «entre cinco y seis mil viviendas» construidas ilegalmente en terrenos no urbanizables en el Almanzora, la Junta aún busca una solución. Una salida al callejón que, según Caparrós, sólo puede llegar de manos del planeamiento. «Cuatro ayuntamientos ya tienen un nuevo planeamiento vigente. Y el resto ya están en aprobación inicial», indicó. Y en base a esas nuevas reglas, que marcan «el modelo de ciudad» que se quiere para cada uno de los municipios, y al inventario de construcciones fuera de ordenación que ya se ha terminado, se legalizarán o no las viviendas situadas hasta ahora en el limbo de la irregularidad.
«El planeamiento dará la respuesta. Legalizar es difícil, pero todo lo que responda a ese modelo de ciudad, integrado, se regularizará», indicaba el representante de la cartera de Vivienda en Almería.
Homologando inventarios
Para que eso suceda, aún falta un largo trecho por recorrer. La Consejería trabaja ahora en «homologar» todas y cada una de las fichas que, acompañando al planeamiento de todos los municipios de la comarca del Almanzora, apuntan a las construcciones irregulares en el valle. La razón es que cada uno de los ayuntamientos han hecho el trabajo de un modo diferente. Algunos lo han hecho por fincas y otros por elementos -por ejemplo, considerando una piscina, una caseta de aperos de labranza y una vivienda como tres unidades constructivas diferentes-. De este modo, la cifra que se podría aportar sobre construcciones irregulares podría multiplicarse hasta llegar a cifras espectaculares. Sin embargo, no habrá cifras oficiales -lejos de las actuales estimaciones- hasta que no se culmine ese trabajo. Una labor que también las agrupará para el estudio de su situación particular, esto es: en el núcleo urbano, en el lecho del río, en diseminados, en barriadas, etcétera.
El caso de los Prior se ha convertido en la punta de lanza de algo que afecta a miles de españoles, pero también extranjeros que adquirieron sus viviendas contando con licencias municipales de obra y primera ocupación pero que, en el planeamiento urbanístico estaban en terrenos no urbanizables. De hecho, ya han sido varias las veces en las que propietarios británicos -la mayoría- se han manifestado en Almería para exigir una solución que les permita continuar en sus viviendas.
Tras el derribo de la vivienda de los Prior y un recurso al Tribunal Constitucional, fue éste último quien declaró que en el proceso legal, los Prior habían sufrido de «indefensión», y anulaba la orden de demolición, ya ejecutada. Y en base a este precepto jurisprudencial, el Juzgado almeriense obliga al Ayuntamiento de Vera a proporcionarles casa o a pagarles los 800 euros que costaría el alquiler de una de similares características a la que les fue derribada. No obstante, el Ayuntamiento de Vera anunció un recurso en estos días. A día de hoy, el caso de las construcciones irregulares en el Almanzora continúa en el tejado de la Junta. Es ésta administración la que, como tutora, debe dictaminar sobre las posibles regularizaciones o no de las construcciones.
«Ya no más»
Luis Caparrós afirmó que «desde hace mucho tiempo», estas situaciones de irregularidad ya no se producen. «Estamos muy orgullosos porque, gracias a una mayor vigilancia y diligencia de los ayuntamientos, desde hace ya mucho tiempo no se construye en el no urbanizable», expuso.
