La Justicia ordena cada año el ingreso de unos 100 almerienses en psiquiátricos y residencias

Un señor mayor con una enfermedad mental camina por el pasillo de un psiquiátrico.
Un señor mayor con una enfermedad mental camina por el pasillo de un psiquiátrico. / IDEAL

La autoridad judicial es la única que puede determinar el internamiento de estas personas sin que hayan dado su consentimiento

ÁNGELES PEÑALVER y A. FRÍAS

Se encuentran en un callejón sin salida. Sobrepasados a la hora de tener que atender a un familiar con problemas mentales o cognitivos, su única esperanza es recurrir a un juez. Solo él puede ordenar el internamiento de este tipo de enfermos sin su consentimiento previo, ya que -en principio- la voluntad de la persona prevalece sobre la del familiar. Cada año, el Juzgado de Primera Instancia número 6 de la capital, que es el que se encarga de este tipo de casos, ordena el ingreso involuntario de un centenar de almerienses en residencias y unidades psiquiátricas. En el primer trimestre de 2017 (últimos datos de los que dispone la administración de Justicia), ese juzgado resolvió 38 internamientos.

Muchos de los que ingresan en psiquiatría por orden del juez van a parar al hospital de Torrecárdenas o al del Poniente, donde hay áreas para pacientes psiquiátricos agudos. Que cuentan con alrededor de 28 y 15 camas, respectivamente, en dependencias cerradas a cal y canto para que no haya peligro de que los usuarios entren o salgan sin permiso. Esas dos unidades atendieron el pasado año a unas 800 personas entre las dos unidades, con una estancia media de 14 días. De estos, alrededor del 35% de ellos son ingresados porque una autorización judicial lo permite previo examen del individuo, según datos de los facultativos.

Cuando los enfermos requieren ser hospitalizados, su estado de alteración mental es tan acusado que la mayoría llegan privados de voluntad y por eso la juez es necesaria, para autorizar su hospitalización. Incluso, los centros sanitarios terminan siendo los cuidadores de algunos pacientes de larga estancia cuya tutela fue encargada vía judicial a la Fundación Almeriense de Tutelas. Además de acabar en el hospital, los afectados por una orden judicial de ese tipo pueden ingresar también en comunidades terapéuticas. Muchos enfermos pasan por esos recursos asistenciales como una fase intermedia entre las unidades de agudos de psiquiatría y el alta hospitalaria. Con respecto a las primeras, la asociaciones con familiares que padecen enfermedades de salud mental exige a Salud mejoras debido al mal estado de conservación de algunas.

El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Almería es el que se encarga en exclusiva de decidir sobre esos ingresos no voluntarios en unidades de salud mental, pero también sobre otros en residencias de ancianos conveniadas con la Junta de Andalucía o para discapacitados intelectuales. En concreto, el juzgado decide sobre la vida de individuos que sufren una enfermedad mental o deterioro cognitivo severo que les impide llevar a cabo su autocuidado y tomar decisiones sobre su internamiento en una residencia, así como el tratamiento médico que deben seguir.

Demencias

Las demencias seniles, los casos de alzhéimer, las esquizofrenias, los trastornos bipolares y psicóticos y hasta las depresiones profundas conforman el abanico de enfermedades que con más frecuencia requieren de la intervención del juez para su tratamiento adecuado en un centro. En estos casos, como se va a restringir un derecho fundamental como es el de la libertad, en el que la voluntad del enfermo prevalece por encima de la de sus familiares, es un juez el que tiene que ordenar el internamiento.

Y no es algo fácil. Es un trabajo a contrarreloj, ya que una persona sólo puede permanecer en un centro de este tipo sin autorización de un juez durante 72 horas. Es complicado tomar la decisión en ese tiempo, ya que para un internamiento involuntario se requiere la valoración de un juez, una exploración forense y un informe de Fiscalía. Tras ello ya se dicta la autorización. Con este fin, la jueza del 16 realiza salidas semanales para visitar centros psiquiátricos y residencias, en las que valora a las personas que se encuentran en esa situación de privación de libertad y bajo custodia.

La intervención de la magistrada -quien supervisa y da el visto bueno a la permanencia de la persona en ese recurso asistencial- se produce en las fases severas de la enfermedad y los médicos forenses -psicólogos- son los que le asisten en la decisión de privar de libertad, lo que pone de manifiesto la indispensable relación del campo médico y jurídico.

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