Galasa se 'salvó' del cierre mucho antes del 1 de diciembre de 2016

Manifestación de los trabajadores de Galasa en las puertas de la Diputación Provincial de Almería el 29 de noviembre de 2016.
Manifestación de los trabajadores de Galasa en las puertas de la Diputación Provincial de Almería el 29 de noviembre de 2016. / IDEAL

Según los informes, pedidos por la empresa del agua y Diputación, las cuentas que establecían o no la disolución eran las de 2011, 2012 y 2013

A. MALDONADOALMERÍA

Lo de Galasa, empresa pública de Gestión de Aguas del Levante Almeriense, no deja de sorprender. Esta semana el PSOE de Diputación revelaba dos informes que daban la vuelta a una situación que todo el mundo daba como cierta, y que puso en alerta a los trabajadores de la empresa, que se movilizaron, hicieron huelgas y manifestaciones pidiendo una solución a una situación límite que, según los documentos y las declaraciones de los socialistas, no era real.

¿Hasta qué punto puede la ciudadanía creerse no manipulada por las palabras de quiénes tienen la responsabilidad y la confianza que les dieron las urnas para velar por el bien común?

La realidad es que existen dos informes, tal y como relataron los socialistas, a los que ha tenido acceso IDEAL que son más que llamativos, por su contenido y sus fechas, ya que ambas cuestiones dejan en evidencia que hubo un «engaño», explicó el portavoz del PSOE, Juan Antonio Lorenzo.

Pero, basémonos en los hechos. Noviembre fue un mes convulso para Galasa. Se ponía sobre la mesa que si sus números no mejoraban y seguían siendo deficitarios, por Ley, habría que disolver. Lo anunció la diputada de IU, María Jesús Amate, haciéndose eco de la advertencia del interventor de la Diputación. Y ese aviso resultó ser el detonante de todas las acciones que se sucedieron. Bajo la amenaza de perder para siempre a la empresa pública y los casi cien puestos de trabajo que da, se habló de una subida de tarifas como única solución al problema, como única forma de conseguir que los números cuadraran y la disolución de la mercantil no se produjera el 1 de diciembre de 2016, fecha límite.

Acusaciones entre PP y PSOE de quién tenía más culpa del momento, nervios entre los empleados por no saber qué podría pasar con ellos, falta de acuerdo para incrementar el precio del agua... y todo pensando en la desaparición de Galasa.

Sin embargo, a vista de los informes y sus fechas, dicha disolución no era real, a la empresa pública del agua del Levante y Almanzora no le amenazaba la medida de disolución automática prevista en la disposición adicional novena de la Ley 7/1985, lo que no quiere decir que su gestión o sus números sean buenos, simplemente quiere decir que no había un peligro que fue la base del miedo para, entre otras cosas, aceptar una subida de tarifas, que, «seguramente era necesaria», tal y como apuntó también Lorenzo, «pero no bajo una amenaza inexistente y usando de rehenes a trabajadores y usuarios y engañando a los grupos políticos que acordaron no solo ese incremento de precio (menor que el pretendido por el PP) sino también una serie de medidas para mejorar una gestión de Galasa más que dudosa.

El informe del Ministerio está fechado el 29 de noviembre de 2016, como respuesta a una solicitud de información de la Diputación del 28 de noviembre y con registro de entrada en la misma el 1 de diciembre de 2016. El vicepresidente de Diputación, Javier Aureliano García, aseguró a un medio provincial que dicho escrito «llegó el 29 de noviembre, dos días antes de celebrarse el pleno y no dio tiempo a presentarlo» y añadió: ««tanto si no había riesgo o si de su disolución, la única solución pasaba por subir las tarifas porque el déficit de la empresa era acuciante y había que equilibrar las cuentas, no quedaba otra».

Pero había otro informe más. Este de una asesoría jurídica, emitido a solicitud de Galasa, y fechado el 2 de noviembre de 2016. En él, las mismas conclusiones que en el del Ministerio: «no existiendo situación de desequilibrio financiero en los términos exigidos por la disposición adicional novena de la Ley de Bases de Régimen Local, Galasa no tenía obligación de aprobar plan de corrección ni de acordar la disolución de la entidad como consecuencia dimanente de dicho precepto y, por lo tanto, tampoco opera en relación con la Sociedad la disolución 'ope legis' prevista en la norma». Es decir, la empresa no tenía riesgo de disolverse y alguien ya lo sabía en esas fechas, ya que debían valorarse los ejercicios 2011, 2012 y 2013.

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