La dificultad de la montaña alarga dos meses más las obras para reparar el tramo roto de la A-7

Apenas 14 meses después de su inauguración en octubre de 2015, un enorme socavón estropeó precisamente el último tramo acabado -el que une Carchuna y Castell- y obligó al Gobierno a decretar una intervención urgente de 2,4 millones de euros para arreglarlo. Las obras comenzaron en agosto y, según las previsiones que barajaban desde el Gobierno central, la idea era que a finales de octubre estuviera terminada una primera fase en la que los camiones tenían que adentrarse en la montaña que discurre en paralelo a la carretera para efectuar voladuras y quitarle el peso que provocó el deslizamiento del asfalto. Finalizada la primera fase, según indicaron las mismas fuentes, todo pasaría por alisar el firme, que atendiendo al calendario original tendría que producirse a lo largo de noviembre.

Pero lo cierto es que a día de hoy el socavón sigue donde estaba y a lo largo de unos 50 metros tan sólo se puede circular por el carril en sentido Almería, que comparten los coches que circulan en ambas direcciones. La explicación del retraso la da Fomento, que especificó que la demora tiene que ver con la peligrosidad de los trabajos y la dificultad del terreno por el que tienen que circular los camiones para hacer las voladuras.

Ya durante su construcción, se avisó de que precisamente el tramo entre Carchuna y Castell fue el que presentó mayores dificultades debido a la orografía y el peso de las montañas. Precisamente ahí, en el monte, es donde continúan trabajando los camiones para hacer las voladuras que, según indicaron desde Fomento, tienen que trabajar en grandes pendientes y adentrarse en curvas muy pronunciadas. «El tránsito en momentos de poca iluminación suponía una alta peligrosidad para los operarios, por ello no ha sido posible hacer los trabajos en horas nocturnas, como anteriormente se había previsto», especifican desde Fomento.

En cualquier caso y una vez establecido el nuevo calendario, el ministerio da como nueva fecha para que acaben las voladuras los últimos días del mes de diciembre. Así las cosas, habría que esperar hasta enero para que las máquinas dejasen la montaña para bajar al asfalto y acabar con esa ondulación que mantiene el tramo cortado en dirección Motril.

Éste no es el primer contratiempo que obliga a retrasar las obras de la A-7, marcadas desde el inicio por un lío burocrático que las paralizó. La Subdelegación explicó que para iniciar las voladuras del terreno necesitaban un permiso de la Junta, un papel que otorga Minas y que debe estar supervisado por la delegación de Medio Ambiente del Gobierno andaluz. El trámite generó un conflicto entre ambas administraciones y no se resolvió hasta mediados del mes de junio.

Desde la Subdelegación, que preveía comenzar con las obras en el mes de marzo, esperaban con expectación la autorización de la Junta, que se firmó a las puertas del verano y que dio luz verde para unos trabajos que finalmente comenzaron en agosto. La Subdelegación informó de que era la Junta la que tenía que dar el permiso y desde la delegación granadina de Medio Ambiente de la Junta advirtieron de que la problemática no venía de su administración, ya que estaban a la espera de otra autorización ambiental del ministerio que no llegaba. Por tanto, según defendieron en su momento, el retraso era propio de Medio Ambiente.

Finalmente, el 19 de agosto comenzaron las ansiadas obras. En ese momento, a Tráfico no le quedó más remedio que cortar en ambos sentidos la circulación para garantizar la seguridad de los vehículos ante el inicio de las voladuras necesarias para quitar peso a la montaña.

Aunque en un primer momento se contemplaba restringir la circulación durante algo más de 45 minutos, finalmente sólo bastaron alrededor de siete para efectuar la operación y asegurarse de que ningún elemento obstruía la vía que, en plena temporada alta, presentaba un alto grado de circulación.

El deslizamiento de la A-7 apareció en diciembre de 2016 y el Gobierno decretó una intervención urgente de 2,4 millones de euros. El dinero, según indicaron, no sólo servirá para arreglar el deslizamiento, sino también para realizar los estudios necesarios para determinar las causas del hundimiento y establecer un plan de actuación con el que tratar de contener futuros movimientos que puedan suponer un peligro para la estabilidad de la carretera.