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El alcalde de Lucainena dice que ya no está en la gestoría de la polémica pero admite que tiene acciones

  • Juan Herrera debía haber declarado este martes en calidad de querellado ante el titular del Juzgado de Instrucción 5, Rafael Soriano, que ha suspendido la comparecencia

El alcalde de Lucainena de las Torres (Almería), Juan Herrera (PP), ha indicado que "ya" no está en la empresa que gestiona las nóminas de los trabajadores del Ayuntamiento si bien ha admitido que él tiene "tres acciones en la sociedad" y "otras tres" su esposa, de las que "la verdad tampoco me había acordado".

Herrera, quien debía haber declarado este martes en calidad de querellado ante el titular del Juzgado de Instrucción 5, Rafael Soriano, que ha suspendido la comparecencia, se ha mostrado "sorprendido" por la denuncia interpuesta por el portavoz del grupo municipal del PSOE, Salvador Rivas, en la que se sostiene que se "mantiene vinculado a la empresa como apoderado mancomunado".

"Claro que me ha sorprendido después de tantos años y más sabiendo este hombre que yo ya no estoy en la empresa", ha remarcado en declaraciones a los periodistas el regidor, quien ha explicado que tenía "unos poderes que me habían dado porque en algún momento quisieron que trabajara con ellos".

Ha añadido que él quedó "pendiente" en 2011 con los responsables de la sociedad "en que si seguía de alcalde y de asesor en la Diputación, no iría a trabajar con ellos y así ha sido afortunadamente ya que sigo de asesor en Diputación y no lo he necesitado".

"Eran tres acciones mías y tres de mi mujer que han seguido ahí y la verdad es que tampoco me había acordado que había una sociedad pendiente de eso", ha trasladado.

Sin "obligación" de hacer contrato

Herrera, para quien "se están diciendo cosas" que no se ajustan a la realidad, ha afirmado respecto a la relación del Ayuntamiento con la mercantil que la administración "no está obligada a hacer contrato" al ser el importe que se le abona inferior a 18.000 euros.

"El alcalde puede adjudicar como adjudica los productos de limpieza, la depuradora o las orquestas para las fiestas. Puedo hacerlo sin necesidad de contrato porque estamos hablando de que a esta gestoría se le abona alrededor de 2.000 euros y pico al año", ha concluido.

El titular del Juzgado de Instrucción 5, que investiga si Herrera pudo incurrir en la presunta comisión de delitos de prevaricación administrativa y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, ha acordado suspender la comparecencia tras solicitar al denunciante el aporte de documental.

El juez Rafael Soriano interesó la declaración del primer edil tras el estudio de la documentación remitida por el secretario-interventor del Ayuntamiento ante la querella interpuesta por el portavoz del grupo municipal del PSOE, Salvador Rivas.

Querella

La querella, presentada en marzo del pasado año, solicita que se indague si hay ilícito penal después de que contratara el servicio de elaboración de nóminas a la empresa Global Tramitation Almería, en la que habría figurado como apoderado en el momento de la denuncia.

Según esta, el Ayuntamiento habría contratado desde 2007 en adelante no solo el servicio de nóminas sino también el de asesoría fiscal y laboral a la mencionada mercantil, si bien Herrera ostenta la presidencia de la Alcaldía desde junio de 2011, tres meses después de que ocupara el puesto de apoderado en la mencionada empresa, de acuerdo a los datos aportados por el querellante. No obstante, sostiene que el servicio se habría renovado anualmente a través de diferentes prórrogas y con revisión de precios.

Rivas considera en su denuncia que el alcalde ha actuado pese a la situación de "irregularidad" que se da al contratar como primer edil servicios para el Ayuntamiento con una empresa a la que pertenece como consecuencia de su "arbitrariedad" a la hora de "adjudicar los contratos sin respetar los límites económicos ni los procedimientos a seguir establecidos.

En la misma línea, apunta que la Ley de Contratos del Sector Público establece la "prohibición" a los cargos electos de contratar con el Consistorio, lo que, según entiende el querellante, se habría vulnerado por el regidor mediante sus resoluciones. "El alcalde de Lucainena de las Torres realiza las aprobaciones de los gastos, firma los mandamientos de pago y efectúa los pagos", añade.