La Junta no ha construido ni el 7% de las obras de depuración previstas por Medio Ambiente para 2015

La Unión Europea decidió en el año 2000 imponer a los estados miembro una directiva restrictiva para asegurar un comportamiento medioambientalmente sostenible en el tratamiento de las aguas residuales. Entonces, las normativas estatales no eran para nada homogéneas y existía gran laxitud en algunos países con vertidos contaminantes. Entonces Bruselas daba quince años a los Estados para adaptarse a la normativa y cumplirla a rajatabla.

Diez años después, en 2010, la Junta de Andalucía aprueba el Plan de Saneamiento y Depuración, un muy ambicioso plan que permitiera a los municipios andaluces depurar todas sus aguas y cumplir de este modo con la normativa europea. Para Almería se prevén 38 obras en el ciclo integral del agua. Es la segunda provincia con una mayor dotación infraestructural después de Granada. Y para no verse abocados al incumplimiento legal de las directrices de Bruselas calcularon la inversión a realizar antes de 2015, sólo en Almería, en 216,95 millones de euros.

Para poder financiar estas obras, la Junta implementó en 2010 el conocido como canon de mejora, un impuesto que se paga junto con el recibo del agua y que supone como mínimo un euro mensual a cada familia almeriense. El canon comenzó a cobrarse en 2011. Y desde entonces, la Junta de Andalucía ha ingresado en total, en todo el territorio autonómico, unos 438 millones de euros (al cierre de agosto).

Sin embargo, a día de hoy, ya en 2016 -y con el plan más que superado cronológicamente- la Junta de Andalucía apenas ha ejecutado un 7% de esta partida: cerca de 15 millones de euros sobre los más de 200 inicialmente previstos. Según reconocieron fuentes de la propia Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, el valor de las obras ejecutadas y financiadas con cargo al canon de depuración es «próximo a 15 millones de euros». «Entre las actuaciones más destacadas financiadas con cargo a este canon o en avanzado estado de ejecución, destacar la ampliación de la capacidad de la depuradora de aguas residuales de El Bobar en Almería capital, la red de saneamiento de la Mancomunidad del Bajo Andarax en su segunda fase y las obras de Agrupación de vertidos y nueva depuradora de residuales en el municipio de Uleila del Campo», aseveraron dichas fuentes autonómicas.

La falta de culminación de las infraestructuras hidrológicas que acaben con un vertido cero ha acabado con España enfrentándose a una dura sanción impuesta por Bruselas. La Comisión Europea ha llevado al Estado español ante los tribunales especialmente por la situación en 17 grandes conurbaciones (siete de ellas en Andalucía, ninguna en Almería) que siguen sin depurar sus aguas tal y como establece la directiva marco europea. La sanción a la que se enfrenta España es cuantiosa: 46,5 millones de euros y casi 200.000 euros diarios si los deberes siguen pendientes cuando los jueces dicten su resolución al respecto. Entre los puntos negros señalados por Bruselas están zonas como Marbella y Estepona, Nerja, Barbate, Tarifa o Matalascañas.

No obstante, apuntan otras fuentes, el calendario de ejecución de las obras previstas en el Plan de Saneamiento y Depuración de la Junta 2010-2015, podría prolongar su puesta en servicio durante más de una década. Mientras tanto, el canon del agua sigue ingresándose. Y desde el PP apuntan a que la ejecución de obras con cargo a estos ingresos finalistas no alcanza ni el 50%. Según denunció hace un año el Partido Popular, unos 285 millones de euros de los ingresados por la Junta no se ha materializado en forma de infraestructura para el saneamiento y la depuración. Sobre todo teniendo en cuenta que gran parte de las obras ejecutadas se ha financiado parcialmente gracias a fondos de la Unión Europea.

«La Junta garantiza que los fondos del canon de mejora de las infraestructuras hidráulicas declaradas de interés de la comunidad autónoma [...] son destinados en su totalidad a obras de depuración [...] tal y como corroboran los órganos fiscalizadores», enmiendan desde el Gobierno autonómico andaluz. La Cámara de Cuentas de Andalucía, sin embargo, conminó el pasado año al Ejecutivo andaluz a acompasar los ingresos y las inversiones, debido a que encontró un desfase entre lo que entró en las arcas públicas para este ingreso finalista y las obras ejecutadas finalmente.

La Consejería de Medio Ambiente ha contratado recientemente la ejecución de la Depuradora de Aguas Residuales de la aglomeración El Cautivo, en el término municipal de Níjar, así como la del núcleo urbano de Huércal-Overa, obras que costarán unos 14 millones de euros. Otras doce actuaciones de las 38 previstas tienen en este momento el proyecto redactado y aprobado, pero están siendo sometidos a trámites ambientales y acreditando la titularidad municipal de los terrenos para la puesta en marcha de obras.

Las que han salido finalmente del plan son las depuradoras de Roquetas de Mar y El Ejido. El Gobierno andaluz las considera de Interés General del Estado y, por lo tanto, se desvincula de su ejecución, que ahora estaría en manos del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de España.

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