Unanimidad contra el acoso laboral en un pleno que termina en bronca

El pleno de la Diputación de ayer empezó con solemnidad y unión entre los partidos y terminó con un puñado de reproches y fanfarronería. Los diputados se unieron para guardar un minuto de silencio por la muerte del ex alcalde capitalino Santiago Martínez Cabrejas y todo parecía que esa imagen se iba a mantener durante la jornada, galopando sobre el orden del día a paso de unanimidad. De hecho, los partidos aprobaron un código ético de 28 artículos para implantar «las medidas necesarias que prevengan, eviten y erradiquen el acoso laboral en todos los organismos que dependen de la Diputación». Además, los diputados asumieron la gestión del servicio de telemando del Ciclo Integral del Agua en 37 municipios y dieron luz verde al programa de los Centros de Servicios Sociales.

Juan Pablo Yakubiuk (IU) comenzó el capítulo de ruegos y preguntas reclamando información por los «asuntos judiciales en los que está implicada la Diputación», concretamente, en lo referido a la denuncia interpuesta en la Fiscalía por el medallista paralímpico David García tras el «desalojo sin motivo del 'Día de la provincia'» en Huércal-Overa. Y aquí comenzaron las divergencias. IU insistió preguntando por la denuncia en la misma sede de 'Teleprensa' y la ausencia de respuesta a una documentación solicitada en relación al 'Caso Facturas'. El vicepresidente provincial, Javier A. García, despachó del tirón al diputado y le remitió, para cada asunto, a la Policía de Huércal-Overa, a la Fiscalía, y a los mismos escritos de Yakubiuk. «Ha podido equivocarse con el número de las facturas, no hay ningún problema», remachó.

La mayor discusión vino por el Plan de Electrificación Rural. La portavoz socialista Esperanza Pérez acusó a los de Amat de «falta de interés» por este proyecto, dotado con 1,5 millones de euros desde 2013, y del que se han ejecutado «solo» tres obras. «Si tienen la intención de liquidarlo, que lo digan y lo votamos», desafió Pérez a la presidencia.

El popular Miguel Ángel Castellón responsabilizó entonces a la Junta de «tardar 14 meses» en dar las autorizaciones ambientales y el socialista Marcelo López, fuera de micrófono, le replicó que es la Diputación la que «castiga» a municipios como Castro de Filabres o Albanchez, que tienen todo listo para beneficiarse del plan «y no ven avanzar sus expedientes». «Que vengan los dos alcaldes y les digo dónde está el fallo», zanjó un acalorado Amat. Y fin de la sesión.