Borrar
La Justicia da la razón a la promotora de la UE-6 de Garrucha, ocho años después

La Justicia da la razón a la promotora de la UE-6 de Garrucha, ocho años después

El TSJA otorga la licencia de primera ocupación a las 28 viviendas 'de la discordia' de la promoción al lado del Castillo construida por Hermanos Muñoz

JENNIFER SIMÓN

Sábado, 20 de diciembre 2014, 01:25

Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.

Compartir

Ocho años después, la justicia, a través del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sentencia que la empresa Promociones e Inversiones Hermanos Muñoz Fernández S. L. tenía razón cuando exigía su licencia de primera ocupación para las 28 viviendas que presuntamente se habrían construido de más en un sector justo al lado del Castillo de Garrucha, la conocida como UE-6.

La historia nace cuando Hermanos Muñoz compra por unos seis millones de euros, el proyecto urbanístico por el que Costa Cálida iba a construir 134 viviendas en dicho sector. La promotora invierte 18 millones de euros en la construcción, pero, entonces se conoce un error en los metros de la parcela (en la ficha urbanística figuran 26.692 metros cuadrados, pero en 'los planos de ordenación' de las Normas Subsidiarias aparecen solo 21.000 metros) y esto supone que se habrían construido 28 viviendas de más. El hecho resultó muy llamativo e hizo que se empezara a hablar del 'mayor pelotazo urbanístico' de la localidad.

En un principio se paralizan las obras, pero tras un informe del Consejo Consultivo se levanta la suspensión. Después y con el fin de subsanar dicho error, el consistorio garruchero, entonces gobernado por el PSOE con Andrés Segura de alcalde, presentó como opción para poder otorgar la licencia de primera ocupación de todas las viviendas, la firma de un nuevo convenio con la empresa con una 'compensación' por el beneficio que sacaría por la construcción de más, de alrededor de dos millones de euros.

En un principio, Hermanos Muñoz lo aceptan, aunque después denuncian que habían sido presuntamente coaccionados para hacerlo.

A pesar de todo, se concedió la licencia de 106 de las viviendas, pero, según la promotora, no se dio la del resto de viviendas, las 28, a las que ahora el TSJA sí otorga dichas licencias.

El gerente de la compañía, Mateo Muñoz, mostró su satisfacción por el curso que va tomando la querella interpuesta en 2009, y que fue tramitada el 11 de febrero de 2013, con la apertura de juicio oral y la exigencia del pago de un aval de 2,4 millones de euros para los acusados, el exalcalde Andrés Segura y otras cinco personas entre las que se encuentran su concejal de urbanismo y varios técnicos municipales.

Pero también muestra su indignación ya que «han cometido un daño moral irreparable y un gran perjuicio económico que ha llevado a la ruina de la promotora. Los precios de las viviendas en aquel momento, no eran los que existen en nuestros días, ya existían decenas de propietarios pendientes de otorgar la escritura pública de compraventa en el verano de 2006. El Ayuntamiento no podía pedirnos dinero con amenazas y extorsiones, cuando la Ley lo impide y cuando fueron ellos mismos los causantes de este problema, tal y como ha dejado en evidencia la sentencia».

No sólo eso, sino que el gerente de la promotora llegó a tildar toda esta situación como meramente 'política' y aseguró que «el entonces alcalde rechazó regularizar la situación por él creada mediante los mecanismos que las leyes urbanísticas permiten y que el propio ayuntamiento había utilizado en meses anteriores con otros promotores. Se nos dijo que el pago de los dos millones de euros era una cuestión puramente política porque la prensa le estaba castigando mucho sobre esta situación».

Cabe recordar, así mismo, y respecto a este caso, que fue en enero de 2013, cuando en un pleno municipal, ya con el PP en la alcaldía, se aprobó el inicio de la modificación puntual en la UE-6 necesaria para legalizar esas mismas 28 viviendas. En aquel momento, el PSOE aseguró que con ello, el Grupo Popular le estaba dando la razón de lo que hicieron ellos con el convenio firmado y que condicionaba la licencia de primera ocupación al pago de los dos millones de euros. La respuesta del alcalde, Juan Francisco Fernández, fue que había causas abiertas sobre el tema, pero que mientras tanto, tenían que llevar a cabo este convenio por el bien de Garrucha.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios