Fiscalía pide la demolición de otras cinco viviendas unifamiliares propiedad de británicos

Cinco ciudadanos británicos con residencia en Oria (Almería) se enfrentan a la demolición de las viviendas unifamiliares que adquirieron hace más de diez años en el marco de un procedimiento penal contra los promotores de las edificaciones, en el que el Ministerio Público interesa para ellos penas de prisión y multa como presuntos autores de delitos contra la ordenación del territorio.

Las casas, localizadas en la Rambla de Oria, fueron promovidas y construidas supuestamente sin licencia municipal de obras y sobre suelo calificado como no urbanizable, por lo que el fiscal considera que no son autorizables e interesa su derribo para, de este modo, restaurar la legalidad alterada.

En la vista oral, señalada para enero en el Juzgado de lo Penal número 2 de Almería, el Ministerio Público va a solicitar, asimismo, que ambos promotores, uno de nacionalidad española y el otro de origen británico, corran tanto con los gastos de la demolición como con las indemnizaciones a los compradores en la cuantía de la cantidad pagada y gastos satisfechos.

Según relata la acusación pública en su escrito de calificación provisional, el acusado D.R.G., promotor y constructor, edificó entre los años 2003 y 2004 en el paraje conocido como la Rambla de Oria cuatro casas unifamiliares "sin la correspondiente licencia municipal y en suelo no urbanizable" que, según remarca, no son autorizables.

D.R.G. celebró supuestamente contratos privados de compraventa con el fin de enajenar a terceras personas tres de las cuatro casas, por lo que interesa para él la imposición de una pena de dos años de cárcel y multa de 24 meses a razón de 30 euros al día, además de inhabilitación especial para profesión u oficio relacionado con la construcción por un periodo de 24 meses.

En el caso del segundo acusado, identificado como A.A.R., la Fiscalía sostiene que, como promotor, edificó "sin licencia municipal y en fecha posterior a septiembre de 2004" una vivienda unifamiliar en el mismo paraje y sobre suelo también "no urbanizable" al tiempo que celebró contrato de compraventa para enajenarla a un tercero.

Para él, interesa, además de que se haga cargo del coste del derribo y de la indemnización, una pena de 15 meses de cárcel y multa de 18 meses a razón de 30 euros al día, así como inhabilitación especial para profesión u oficio en la construcción por un periodo de dos años.

En la causa, se ha dictado el sobreseimiento provisional por la construcción de otras tres viviendas en el mismo paraje ya que se construyeron, al menos, tres años antes de que se incoará el procedimiento penal y no poder quedar acreditado que en ese plazo se realizasen trabajos de edificación y se deja pendiente la actuación contra una sexta vivienda hasta localizar al propietario denunciado.

De hecho, se comunica tanto a la Junta de Andalucía como al Ayuntamiento de Oria que pueden incoarse, o en su caso, continuar los correspondientes expedientes administrativos sancionadores con respecto a las citadas viviendas al quedar al margen de la vía judicial.