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Jueves, 21 de agosto 2014, 11:21
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La Unidad de Policía adscrita a la Junta interpuso el año pasado un total de 193 denuncias por infracciones en talleres mecánicos de vehículos en la provincia de Almería. Una cifra que, según especificaron fuentes de la Delegación de Gobierno andaluz, casi multiplica por diez las actuaciones realizadas durante 2012, año en el que levantaron 18 actas en este tipo de establecimientos, según el balance de la Consejería de Justicia e Interior de la que depende este cuerpo de seguridad.
La inspección de los talleres mecánicos es una de las competencias del Cuerpo Nacional de Policía adscrito a la Comunidad Autónoma para verificar el cumplimiento de las normativas administrativa y medioambiental vigentes. En virtud de ese mandato, estos agentes realizaron el pasado año 171 inspecciones en talleres de esta provincia, de las que se derivaron 193 denuncias por distintas infracciones.
La Unidad de Policía adscrita la Comunidad Autónoma se ocupa en sus inspecciones de comprobar la vigencia de los permisos y licencias para el ejercicio de la actividad en estos establecimientos de reparación de vehículos, así como de verificar si hay un adecuado tratamiento de los residuos tóxicos que se generan en los talleres como aceites y otros líquidos que pueden suponer un riesgo para el medio ambiente y la seguridad de las personas.
Infracciones más comunes
Las infracciones más frecuentes denunciadas durante el pasado año por la Policía Adscrita en los talleres mecánicos andaluces fueron la carencia de una licencia municipal para ejercer esta actividad y no estar inscrito el propietario del establecimiento en el Registro de Pequeño Productor.
Las otras infracciones más denunciadas por los agentes autonómicos fueron las relacionadas con el medio ambiente, por incumplimiento de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, fundamentalmente la mezcla de diferentes categorías de residuos peligrosos, la mezcla igualmente de residuos peligrosos con otros que no tienen tal consideración y la entrega, venta o cesión de esos residuos contaminantes a un gestor no autorizado.
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