Los vecinos de San Luis sancionados con 3.900 euros por su participación en actos contra la ubicación de la oficina de Extranjería que el Gobierno instalará en el barrio recurrirán las multas, según aseguró ayer el presidente de la Plataforma San Luis-Minas de Gádor, José Fernández.
Para la Plataforma, que está decida a recurrir los expedientes sancionadores hasta donde se lo permita la vía administrativa, las multas «se derivan de que quieren meter miedo a los vecinos para que dejemos de manifestarnos, a pesar de que estemos defendiendo los derechos de los ciudadanos».
Fernández reconoció, no obstante, que desde la organización están al corriente de que ha llegado notificación de una de las dos sanciones de 1.500 euros a uno de los organizadores de las manifestaciones y la de 900 euros a un vecino que participó en una protesta. En este último caso, señaló que el vecino sancionado ya ha pagado incluso la multa, pero que los servicios jurídicos de la plataforma recurrirán el expediente en el plazo estipulado de diez días, al igual que las otras multas dadas a conocer por IDEAL a la opinión pública.
En cuanto a las sanciones a los organizadores de las manifestaciones, el presidente del colectivo aseguró que «en ningún momento se identificó a nadie como organizador de la manifestación» por parte de la Policía Nacional y afirmó que una de estas dos multas «se ha puesto a la persona que conducía el vehículo en el que se instaló la megafonía».
Se refiere, así, al conductor de un coche en el que se anunciaba de manera constante y en diferentes ocasiones las concentraciones que fueron convocadas por la Plataforma en la calle Marruecos a lo largo de los meses y desde el anuncio de la puesta en marcha de unas instalaciones que prestarán servicio al colectivo de extranjeros residentes en la provincia y que vendrá a reemplazar a las obsoletas de la calle Hermanos Machado.
Por otro lado, José Fernández incidió en que ha invitado al subdelegado del Gobierno en Almería, Miguel Corpas, a la jornada lúdico-reivindicativa que han organizado para el próximo miércoles en el barrio ya que, a su juicio, en la misma podría explicar a los vecinos «los motivos de estas sanciones». Son las primeras tres sanciones en firme que recibe la Plataforma pero, además, desde la Subdelegación apuntaron hace unas semanas que se estaba estudiando el caso de 36 vecinos en total. Mientras que desde la Plataforma creen que la oficina no debe de estar en su barrio porque falta aparcamientos y está lejos del centro de la ciudad, desde el Gobierno defienden que la sede vendrá a prestar un servicio correcto a los inmigrantes y contará con los medios adecuados para los funcionarios.
