La Federación de Enseñanza de CC OO de Andalucía valoró ayer «muchas de las propuestas que el Decreto de Convivencia plantea para mejorar la convivencia escolar en los centros educativos», aunque, pidió «medios para ponerlo en práctica».
En un comunicado remitido a Europa Press, el sindicato indicó que «es en las medidas preventivas plantea donde CC OO valora más positivamente esta iniciativa, con cuestiones como el Plan de Convivencia de cada centro o la inclusión de nuevos perfiles profesionales».
No obstante, apuntó que «es necesario avanzar con mayor contundencia en aspectos que sólo se acometen tímidamente, tal es el caso de la reducciones de ratio o la inclusión de los educadores sociales».
El secretario general de la Federación de Enseñanza de CC OO, José Blanco, manifestó que «no basta con que se indiquen que se realizarán reducciones de alumnos por aula en aquellos casos en que se produzcan problemas en la convivencia», sino que «hay que ir más allá».
Comisiones Obreras aplaudió que se vaya a disponer de educadores sociales en los centros educativos, aunque se calificó como «tímido» contar «tan sólo con 34 para toda Andalucía, 68 en dos años». Asimismo, pidió que «no se obvien otras figuras como psicólogos, pedagogos y trabajadores sociales».
Desde la Federación de Trabajadores de Enseñanza de UGT en Almería, Carmen Vidal consideró como «un buen primer paso» la norma para prevenir los casos de violencia escolar, aunque criticó que la Consejería de Educación ha tardado «todo un año» en aprobarla.
Por su parte, la Confederación Andaluza de Asociaciones de Padres de Alumnos de Andalucía por la Enseñanza Pública -Codapa- mostró su respaldo al decreto de la Junta, ya que, a su juicio, «una de las características más señeras de este documento es su apuesta por el consenso, ya que en su génesis se ha contado con la opinión de la comunidad educativa, incluyendo a Codapa, cuyas aportaciones han sido totalmente recogidas».
Esta entidad aplaudió «la creación de nuevas figuras, como educadores sociales, para colaborar con el personal docente y mediar con las familias, así como la grabación en el programa Séneca de todas las incidencias relacionadas con la convivencia escolar y acaecidas en los centros, una información de enorme valor para dar forma a un diagnóstico real de la situación en los colegios e institutos andaluces». Ha tardado un año, pero la Junta de Andalucía ha aprobado ya el decreto para mejorar la convivencia en los centros educativos que establece, como uno de sus logros más destacados, medidas correctivas de las conductas contrarias a las normas de convivencia, que tendrán un carácter «educativo y recuperador».
Dichas medidas disciplinarias que serán adoptadas, según los casos, por los profesores o los directores, contemplan, en primer lugar, el apercibimiento oral, seguido del cambio de grupo, la suspensión de asistencia a clase durante determinados periodos y, finalmente, un último paso que recoge, incluso, el cambio de centro docente.
El objetivo, ha explicado la consejera de Educación, Cándida Martínez, es garantizar el respeto a los derechos del resto del alumnado, así como mejorar las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa.
El documento, al que dio ayer luz ver el Consejo de Gobierno, pretende promover la cultura de la paz y la no violencia en el ámbito escolar, con el establecimiento de medidas preventivas destinadas a las propias instalaciones educativas, a través de la elaboración de un plan de convivencia que recoja un diagnóstico de la situación real en la que se encuentra el centro, y de normas específicas de convivencia.
Establece, asimismo, la creación de la figura del delegado de padres y madres, con funciones de mediación, para cada grupo de la enseñanza obligatoria.
Los centros también podrán crear aulas de convivencia en las que se lleve a cabo un tratamiento individualizado de los alumnos sancionados.
El decreto aboga por que se potencien las tutorías y la orientación educativa en los centros, para lo que la Consejería de Educación prevé el incremento de los recursos humanos específicos de apoyo a los colegios e institutos con especial problemática de convivencia. Establece, en este sentido, una mayor dotación de profesorado, así como un menor número de alumnos por aula, y la incorporación de educadores sociales que tendrán, como principal función, la intermediación con los docentes y las familias para favorecer la convivencia.
Mayor vigilancia
Entre otras actuaciones, se establece que los centros organizarán la vigilancia de los recreos y de los periodos de entrada y salida de clase. Educación ha anunciado, además, que también promoverá la colaboración con las administraciones con competencias en materia de seguridad pública o ciudadana para favorecer la adecuada protección de los centros docentes.
Proporcionará, asimismo, asistencia psicológica y jurídica gratuita al profesorado que sufra agresiones en el desarrollo de sus funciones.
La norma aprobada dedica un apartado específico para la formación de los miembros de la comunidad educativa -es decir, alumnado, profesorado y familia- en los ámbitos de la educación para la cultura de paz, mejora de la convivencia escolar, mediación y resolución pacífica de conflictos y la igualdad entre hombres y mujeres.
Se pondrá en marcha, en concreto, un plan de formación del profesorado, se distribuirán materiales educativos y recursos didácticos a los centros, se concederán ayudas para la realización de proyectos de innovación e investigación sobre estas materias y se impulsará la ampliación de la red andaluza 'Escuela: espacio de paz' a la que ya pertenecen 133 centros de los 420 existentes en la provincia de Almería.
Teléfono gratuito
La Junta de Andalucía pondrá también a disposición de los miembros de la comunidad educativa un servicio telemático y telefónico gratuito de asesoramiento e información
Otra de las medidas recogidas en el decreto se refiere a los denominados compromisos de convivencia que deberán suscribirse entre el centro y las familias de los alumnos que presenten problemas de conducta.
El objetivo de la Administración educativa es asegurar la colaboración de los padres en la aplicación de las medidas correctoras que se propongan para la resolución pacífica de los conflictos.
El decreto recoge la creación de órganos de coordinación, seguimiento y evaluación, como los Gabinetes Provinciales de Convivencia Escolar, que estarán integrados por dos profesores especializados que se encargarán de asesorar a los centros para la prevención de la violencia y el tratamiento específico de los conflictos; y las Comisiones Provinciales para el Seguimiento de la Convivencia, constituidas por miembros de la Administración educativa, agentes sociales, patronales, padres y alumnado.
Por último, se creará el Observatorio para la Convivencia Escolar, que será un órgano consultivo adscrito a la Consejería de Educación, cuyo objetivo será el desarrollo de actuaciones de investigación, análisis, valoración y seguimiento de la convivencia escolar.
Dicho observatorio estará constituido por miembros de la Administración educativa, agentes sociales, patronales de los centros, padres, alumnado y personalidades de reconocido prestigio en materia de convivencia escolar, así como instituciones destacadas en la investigación sobre esta materia.
La Consejería de Educación, ha anunciado el delegado provincial, Francisco Maldonado, trabajará también para que los docentes recuperen su autoridad y dedicará iniciativas a reconocer su labor educativa.
