Los ayuntamientos tendrán la obligación de reducir en dos años su temporalidad laboral y bajarla del 30 al 10%, según el anteproyecto de Estatuto Básico del Empleado Público, cuyas líneas generales presentó ayer el ministro del ramo, Jordi Sevilla, en el Congreso de los Diputados. La norma es un mandato constitucional, que el Gobierno piensa sacar adelante este año, pero para ello tendrá que abrir negociaciones con la casi totalidad de los grupos parlamentarios, puesto que el actual texto sólo satisface al socialista.