Han pasado casi 12 meses desde el derrumbe de El Carmel y 450 personas siguen sin poder regresar a sus casas. La mayoría vive en apartamentos alquilados y recibe del Ayuntamiento 900 euros al mes para hacer frente a los gastos de arrendamiento y manutención. Unas 30 personas viven en casas de familiares o en segundas residencias y 60 están en hoteles de la Ciudad Condal.

El inmenso socavón dejó a casi un centenar de personas sin casas, al tener que derribarse 35 pisos. De momento, este colectivo de afectados ha recibido de la Generalitat un piso de protección oficial que podrá ser puesto a la venta en el mercado de la vivienda, y han recibido una ayuda de 70.000 euros por familia, además de 10.000 por persona a partir del segundo miembro y otros 30.000 euros en concepto de «daños morales». Sin embargo, 33 de los 1.276 afectados han denunciado que aún no han recibido la indemnización a la que tienen derecho, y de los 236 comercios que cerraron sus puertas, 35 permanecen todavía clausurados.

Lentitud y burocracia

Tomás García admite que los vecinos afectados han conseguido ser indemnizados, pero lamenta «la burocracia y la lentitud del proceso» y que «los políticos no quieran ir hasta el fondo del problema, que se llama especulación e intereses económicos de una minoría de grandes empresas en contra de los intereses de la mayoría».

Por otra parte, los vecinos de unas 100 viviendas de la calle Calderón de la Barca del barrio han mostrado su profunda indignación por una carta de la Generalitat que les informa que no recibirán ninguna indemnización por las grietas de sus casas, porque no han sido causadas por «las obras del metro». Según un portavoz vecinal, las grietas «se deben a todo lo ocurrido en el último año».