LA futura Ley de Dependencia parece un lujo de sociedad avanzada, sobre todo cuando el neoliberalismo y hasta la socialdemocracia recomiendan e implantan en muchos países recortes al Estado de bienestar. Y no es que España sea diferente, como lo fuera en otros tiempos, pero al buen cariz de su evolución económica se añade un Gobierno que ve el progreso tanto en el desarrollo del Estado de las autonomías como en la ampliación de los derechos ciudadanos, alguno muy controvertido. Y ahora pretende convertir en derecho universal el acceso a la protección de toda persona dependiente.

Como toda iniciativa legislativa que se precie, al anteproyecto de Ley de Dependencia que ayer presentó el ministro Caldera va acompañado de una memoria económica, con precisiones muy genéricas, valga la contradicción, pues se fija para los ocho primeros años de vigencia de la ley, del 2007 al 2015, una aportación del Estado muy cercana a los 13.000 millones de euros, más de dos billones de las antiguas pesetas. El ministro reconoció que «la acción social está en manos de las comunidades autónomas», por lo que éstas, junto a los ayuntamientos, deberían aportar otro tanto, el 50% de lo que el Sistema Nacional de Dependencia va a costar.

A la espera de que en las Cortes se logre sobre la ley un consenso amplio, que la oposición se comprometa debe darse por seguro, pues ya el PP adelanta que la financiación del sistema debe ser estable para no verse zarandeada por los vaivenes cíclicos de la economía. Pero le falta aún mucho camino al anteproyecto para convertirse en ley, pues va a ser dictaminado meticulosamente por el Consejo de Estado y el Consejo Económico y Social, a los que ya se lo ha remitido el Gobierno, y las comunidades autónomas deberán dar sus bendiciones y, a ser posible, sin usar sus respectivas ideologías ni como palmeras del Gobierno ni como agentes entorpecedores.

Hay algo en el proyectado Sistema de Dependencia que hace presagiar su aplicación no sólo como posible sino como eficaz, y financieramente verosímil. Es el copago. Porque sólo quienes no dispongan de medios para colaborar con las Administraciones en el pago de la protección que se les presta recibirán gratuitamente el servicio. Quienes sea titulares de una pensión o de cualquier tipo de rentas pagarán la parte que les corresponda, según los baremos que establezca la ley, tras concienzudos estudios y debates.

Se encargará, pues, el Estado de no dejar sin la necesaria protección a ningún ciudadano español, ni a ningún inmigrante que lleve un tiempo a determinar cotizando a la Seguridad Social. Pero los extranjeros que residan largas temporadas en España, como los miles de jubilados europeos que disponen de vivienda propia en el litoral levantino y balear, sólo podrían disfrutar de nuestro Sistema de Dependencia si sus respectivos países suscribieran con España convenios en los que se comprometieran a financiar el 100 por ciento del gasto de sus ciudadanos.

Calcula Jesús Caldera que el sistema estará totalmente implantado en 2015, con atención de más un millón de personas dependientes. Y se calcula que, de su coste total, los beneficiados podrían asumir un 35 por ciento. Se ha estudiado este porcentaje analizando las residencias gratuitas para la tercera edad y las pensiones que disfrutan los residentes.