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El mundo de la cultura clama contra la 'Ley Lassalle'

  • Pide la retirada de la ley de Propiedad Intelectual y la implicación de la vicepresidenta Sáez de Santamaría en las negociaciones

Trabajadores de la cultura, entidades de gestión, productores y editores han pedido la retirada del proyecto de Ley de Propiedad Intelectual (LPI), que actualmente se está tramitando en el Senado. En un acto celebrado hoy en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, los artistas y empresarios han asegurado que de aprobarse la norma tal y como está se ahondaría en la destrucción de puestos de trabajo en un sector que ya ha perdido 25.000 empleos en 2013. Actores, cantantes, pintores y productores lamentaron la pasividad de los sucesivos gobiernos ante la piratería y el poder de las compañías tecnológicas que, a su juicio, parasitan sus creaciones.

La cultura emplea a 433.000 personas y supone el 3,5% del PIB, pero los promotores de la protesta, agrupados en torno al lema ‘No a la ley Lassalle’, están en contra de una ley que consagra una regulación de la copia privada “arbitraria e injusta”, cuando se trata de un sistema de compensación al autor que está presente en toda la UE. De acuerdo con la declaración, leída por el presidente de la SGAE, José Luis Acosta, la nueva normativa solo beneficia a los fabricantes de teléfonos, tabletas y reproductores multimedia. “La ridícula cantidad asignada por el Gobierno, además de despojar de despojar de sus ingresos a los titulares de los derechos, ha impedido que las entidades de gestión mantengan sus programas de educación, formación, circuitos de actuación, asistencia social, sociosanitaria y de promoción de nuestra cultura en España”.

El sector está muy descontento por el proyecto, que viene a agravar los males de un gremio ya muy perjudicado por el incremento del IVA de un 8% a un 21%, sin que ello se haya traducido en una subida de la recaudación. Acosta demandó la implicación directa de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, al entender que el Ministerio de Cultura acata sin rechistar los mandatos que emanan del departamento que dirige Cristóbal Montoro. “La secretaría de Estado [de la que es titular José María Lassalle] se ha sometido a las peticiones de los grupos de presión, cuyo mayor interés es pagar menos o nada por las obras, interpretaciones y producciones que tan lucrativamente explotan, despreciando el el respeto al derecho al trabajo y al valor esencial de la cultura”.

Según los detractores de la iniciativa, la ‘ley Lassalle’ limita “injusta e injustificadamente la capacidad de los titulares de los derechos de propiedad intelectual para negociar el valor de su trabajo”. De esta manera, se han establecido reducciones “abusivas” en las tarifas, circunstancia que empobrecerá a los viven de los ingresos que genera su trabajo.