Siete años de cárcel para el exvicepresidente de la Diputación de Almería por fraude

Siete años de cárcel para el exvicepresidente de la Diputación de Almería por fraude

La Audiencia Provincial también condena a la exsecretaria del Patronato de Turismo María Teresa González a 9 años y 10 meses de cárcel por un delito agravado de malversación de caudales públicos

EFE ALMERÍA

La Audiencia Provincial ha impuesto 7 años y 10 meses de prisión por un delito agravado de malversación de caudales públicos al exvicepresidente de la Diputación de Almería Luis Pérez Montoya, por el saqueo de 706.053,52 euros del Patronato de Turismo a través de la emisión de facturas falsas.

La Sección Tercera ha condenado además a la exsecretaria del Patronato de Turismo María Teresa González a 9 años y 10 meses de cárcel por un delito agravado de malversación de caudales públicos en concurso medial con otros de falsedad documental y fraude, y uno de infidelidad de documentos, según el fallo.

Asimismo le han sido impuestos 5 años de prisión al empresario Joaquín Conde por un delito agravado de malversación de caudales públicos, en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento mercantil y un delito de fraude a la administración.

Cuatro acusados físicos y una empresa investigada han sido absueltos, mientras que a los otros 11 acusados les han sido impuestas que van de un año y cinco meses a dos años de prisión.

El fallo recuerda que a finales del mes de septiembre de 2007, Luís Pérez Montoya y María Teresa González, que era secretaria delegada del Patronato Provincial de Turismo desde unos días antes, acordaron un plan para destinar los fondos públicos de este organismo a fines ajenos de los que le eran propios, "bien para gastos particulares ajenos a la función pública de sí mismos o de otras personas, o para fines desconocidos ajenos al destino publico a que estaban destinados".

Para ello, se pusieron de acuerdo con empresarios que, o bien eran proveedores habituales del Patronato de Turismo, o bien los asociaron al Patronato para este fin.

"Estos elaborarían facturas por unos servicios o suministros que bien podían ser propios del Patronato, pero sin embargo, dichos servicios no se prestaban, o esos suministros no se entregaban, o se entregaban en una cantidad muy inferior a la realmente facturada", dicen los magistrados.

En dichas facturas se hacía constar el concepto que indicaba alguno de los anteriores acusados.

Para "dar apariencia de legalidad y soporte jurídico a tales facturaciones", Luís Pérez Montoya dictó resoluciones, previo informe favorable de María Teresa González, acordando la contratación de bienes o servicios con "conocimiento de que no se iban a prestar, pero sí pagar, por el Patronato".

Según los magistrados, utilizaron diferentes procedimientos encaminados a evitar la fiscalización de las facturas.

Una a través de la aprobación de los denominados "acuerdos generales" incluidos en el proyecto de Plan de Actuación con las actividades previstas para el año, presentando facturas que reflejaban servicios que no se habían prestado y para el abono de dichas facturas, solo requerían el conforme.

Otra vía empleada para el pago de facturas fue la elaboración por parte de Pérez Montoya de relaciones de facturas, bien de convalidación de gastos realizados sin procedimiento administrativo, o bien para el pago de servicios concretos que contaban con el informe favorable de González que no se prestaban realmente.

También emplearon el procedimiento del reconocimiento extrajudicial de créditos, incluyendo en el mismo facturas por servicios inexistentes conformadas por ambos.

Además del sistema anterior, se quedaron con otras cantidades de dinero mediante la facturación del anticipo de caja fija y la obtención de terminales móviles, así como en el caso de María Teresa González Rivera, quedándose con parte del dinero que le fue adelantado para gastos de FITUR.

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