El interventor cree «ineficiente e inadecuada» la gestión municipal en una decena de facturas

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Juan Carlos Pérez Navas, con el uso de la palabra en la sesión plenaria de ayer en el Ayuntamiento de Almería./S.G.H.
El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Juan Carlos Pérez Navas, con el uso de la palabra en la sesión plenaria de ayer en el Ayuntamiento de Almería. / S.G.H.

La oposición y el equipo de gobierno confrontan posiciones por reconocimientos extrajudiciales de crédito con objeciones técnicas importantes

Sergio González Hueso
SERGIO GONZÁLEZ HUESOALMERÍA

La última sesión plenaria del Ayuntamiento de Almería estuvo ayer marcada por la tos y el exabrupto. Los 25 concejales (se ausentaron Carolina Lafita, del PP, y Consuelo Rumí, del PSOE) que ayer ocuparon su sitio en el Ilustre Salón de Plenos por última vez este año, legaron una jornada tensa llena de interrupciones, salidas de tono y reproches cruzados debido al cariz de los puntos que se incluyeron en el orden del día y a un protagonista inesperado, el interventor del Consistorio, que fue prácticamente mencionado en cada uno de los asuntos que se trataron en un pleno que parecía, aparentemente, puro trámite.

Así al menos lo esperaba el equipo de gobierno, que trató de normalizar, pese a todo, el aluvión de objeciones que la oposición, con los informes de intervención en la mano, hizo a la decena de reconocimientos extrajudiciales de crédito que se debatieron para cerrar el año. Este procedimiento, reconocido por la ley, es un atajo que tienen las administraciones para abonar facturas atrasadas o con algún defecto de forma con el objetivo de que el proveedor afectado por la dilación, y que ya ha prestado un servicio, no se quede sin cobrar. Y más durante las fechas navideñas.

Aunque estos vericuetos institucionales son comunes en el proceder habitual de la gestión de gobierno, esto no impide que sean resultado de que algo ha fallado durante el trámite ordinario. Precisamente la evidencia de estos errores fue lo que quisieron sacar a colación los tres partidos de la oposición, que hasta aunaron sus votos, que hacen mayoría en el pleno, para rechazar abordar una de estas diez facturas. El motivo fue el contundente alegato contrario por parte del funcionario de la casa a reconocer el crédito para pagar más de 81.000 euros a varias empresas.

Este, tras visar todas las facturas contenidas en el punto 2 del orden del día, relativo al área de Presidencia del Ayuntamiento, apuntó que estos recibos tenían «errores en su instrucción, ya sea por exceder el contenido, en plazo o importe máximo, de los contratos de los que traen cuenta, o también por gastos realizados con anterioridad a la finalización de las actuaciones administrativas de adjudicación o incluso sin documento contable ni acto administrativo correspondiente, lo que pone de manifiesto una gestión administrativa de los servicios ineficiente e inadecuada».

Este párrafo, extraído del informe de fiscalización del interventor, fue leído por el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Miguel Cazorla varias veces, para acabar presentando el documento como «demoledor». Dijo que, entre otras cuestiones, en él quedaba reflejado «que el edil presta conformidad a gastos que no son de su competencia al superar los 3.000 euros». Además, a su juicio, el interventor realiza un requerimiento adicional donde solicita «un expediente independiente donde se adjunte informe del jefe de la Dependencia con pronunciamiento expreso del motivo de la tramitación extrajudicial de crédito de las facturas detalladas», dijo. Un informe, este último, que según Miguel Cazorla «no está o no se le ha hecho llegar a su formación». Esto fue suficiente para retirar su apoyo y el de su grupo a dicho reconocimiento de crédito, que tampoco recibió ni siquiera la abstención de IU o PSOE, que votaron en contra rechazando pagar dichas facturas.

Desde filas socialistas se hizo extensiva su crítica también al procedimiento seguido en el resto de recibos, todos ellos con el visto bueno del pleno gracias a la abstención de la oposición, contraria del procedimiento aunque no del pago a los proveedores, y el voto afirmativo de los concejales del equipo de gobierno. En total unos 300.000 euros en reconocimientos extrajudiciales de crédito que el portavoz del PSOE, Juan Carlos Pérez Navas, usó como vehículo para trasladar su convencimiento de que el equipo de gobierno «abusa» de ellos pese a que, por ley, deben ser «extraordinarios», dijo.

«Ustedes han trabajado los dos últimos meses del año y por eso tenemos esto que tenemos», que son reconocimientos de pagos que si no fueran validados por el pleno, «serían nulos de pleno derecho» y que, encima, en los informes realizados por la propia intervención municipal se señala que vienen caracterizados por «ineficacia y una gestión inadecuada», insistió.

Con cierta indignación, el socialista se mostró muy molesto ante el hecho de que el equipo de gobierno «usara el derecho de los proveedores a cobrar el servicio realizado», para forzar a la oposición a que cargara con una gestión trufada de errores y falta de transparencia. Así al menos lo puso de manifiesto en la sesión plenaria, en la que tuvo varios 'enganchones' con el equipo de gobierno, si bien menos importantes que los que respectivamente mantuvieron Miguel Cazorla o Rafael Esteban (IU).

El 0,3% del total

Por parte del equipo de gobierno se mostraron muy contrariados por la actitud de la oposición, a la que no aceptaban su beligerancia ante el simple pago de unas facturas mediante un procedimiento «legal». Para el portavoz del Grupo Municipal Popular, Miguel Ángel Castellón, el ataque en tromba de PSOE o Cs, por ejemplo, se debía sin lugar a dudas al clima preelectoral que ya se empieza a sentir en la ciudad en algunos partidos políticos.

Lo trasladó de esta forma consciente de que los reconocimientos extrajudiciales de crédito, a los que reconoció que se usaban cuando algún fallo de procedimiento había tenido lugar, eran acción habitual de cualquier administración. Para dejar claro que, pese a todo, su uso este año había sido algo excepcional señaló los «nueve expedientes de los 2.902 tramitados por Economía que se han resuelto con esta fórmula, lo que hace un 0,3% del presupuesto municipal», apuntó.

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