La exsecretaria del Patronato acusa a la Diputación de haber fraccionado contratos

Teresa González, exsecretaria delegada del Patronato, tras la vista oral del Caso Facturas./EFE
Teresa González, exsecretaria delegada del Patronato, tras la vista oral del Caso Facturas. / EFE

González: «Me acusa una Diputación presidida por un alcalde investigado hasta por la compra de palmeras con GPS a la empresa de su yerno»

Miguel Cárceles
MIGUEL CÁRCELESAlmería

Es, junto a Luis Pérez -exvicepresidente de la Diputación Provincial de Almería con el PSOE- la principal acusada en el Caso Facturas. De ambos asegura la Fiscalía en su escrito de acusación que urdieron presuntamente un plan «por el que se habrían apropiado» de más de 750.000 euros de fondos públicos «para quedárselos para sí o destinarlos a gastos particulares». Sin embargo, y tras la jornada de cuestiones previas del juicio -que continuará en diciembre con las primeras declaraciones, entre otras la suya propia- aseguró ser víctima de «un claro aprovechamiento del modelo judicial para una batalla política entre dos partidos». «Pero no pueden olvidar una cosa, y es que yo soy funcionaria por oposición y no una actora del escenario político», argumentó Teresa González, quien fuera secretaria delegada del ya extinto Patronato Provincial de Turismo.

En un comunicado remitido a los medios, González confía en poder probar su inocencia. «Demostraremos que mi firma no da dinero. La firma de la secretaria delegada no tiene capacidad de dar ninguna orden de pago. Demostraremos que cualquier pago de un organismo autónomo de la Diputación se realiza por los tres claveros: el presidente, el interventor y la tesorera basándose siempre en acuerdos adoptados por el presidente del Patronato o por sus órganos colegiados tanto el consejo ejecutivo como la asamblea general. Si a mi no me han creído, aportaremos testigos desde dentro de la casa que expliquen imparcialmente lo difícil que sería intentar cualquier tipo de trama sin la propia connivencia de los verdaderos pagadores», argumentó.

Pero además de censurar que se haya creado «una falsa imagen» sobre ella «con gastos o viajes de ensueño», criticó que sea la propia Diputación quien -además de la Fiscalía- la acuse en sala. «Me acusa una Diputación presidida por un alcalde investigado hasta por la compra de palmeras con GPS a la empresa de su yerno o del que hemos sabido por una denuncia de esta misma semana que un concejal suyo ha gastado, que se sepa por ahora, un cuarto de millón de euros en una copistería de su pueblo por conceptos tan razonables como la compra de caramelos», reprobó.

Denuncia en Fiscalía

La procesada en el Caso Facturas denunció ayer asimismo que, «justo» cuando deja de ser ella quien informa «sobre las cuentas del Patronato» se produce «un aluvión de fraccionamientos de contrato, gastos que no se podían hacer sin concurso público», y que ella se negó, dijo, a aceptar. Al respecto, agregó, aportará pruebas. Asimismo, indicó que «la propia Fiscalía de Almería tiene en su poder una completa denuncia sobre estos extremos» y de la que por el momento no se tenía conocimiento público.

Cabe recordar que el Caso Facturas -su investigación- se inicia tras la interposición por el actual equipo de gobierno del PP, presidido por Gabriel Amat, de una denuncia ante la Fiscalía Provincia por lo que en su momento dieron a conocer como facturas por viajes que jamás se habrían hecho. El caso salió a la luz pública en enero de 2013, cuando en una rueda de prensa el actual vicepresidente de la administración supramunicipal, Javier Aureliano García (PP) aireó una serie de facturas cargadas a los presupuestos del Patronato Provincial de Turismo durante el gobierno de Juan Carlos Usero (PSOE), con el denominador común de haberse pagado sin que se hubiera generado el gasto que figuraba en las mismas o por contener un exceso en viajes y estancias en hoteles. Los socialistas presionaron para que, en el caso de considerar que podía haber habido menoscabo, las llevara a la Justicia o, en caso contrario, el cargo popular dimitiese. La denuncia en Fiscalía se puso dos días después, si bien se amplió más tarde con nuevas facturas sospechosas.

En total, estima la Fiscalía en su acusación, el menoscabo a las arcas públicas habría sido de casi 800.000 euros, la mayor parte mediante facturas falsas. Esto es: algunos empresarios que contrataban con el Patronato Provincial de Turismo habrían elaborado de forma concertada facturas por servicios que no se prestaban o por bienes que no se entregaban. Y todo ello, haciendo constar en la factura conceptos que sí que podrían ser propios del organismo.

La investigación ha acabado sentando en el banquillo a 18 acusados. Ayer fue la primera de las sesiones de la vista oral, la de cuestiones previas. Y en ella el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería aceptó nuevas pruebas, entre ellas algunas testificales reclamadas precisamente por la defensa letrada de Teresa González, que ejerce el penalista Francisco Torres, y que pidió que acudieran como testigos dos trabajadoras del archivo del Patronato.

Está previsto que el juicio se prolongue durante 18 sesiones, la primera de ellas el próximo 11 de diciembre. En dicha sesión deberán prestar declaración cuatro de los procesados: la exsecretaria delegada del Patronato, Teresa González; el exvicepresidente de la Diputación, Luis Pérez; y los dos administradores de la empresa Leitour Viajes, Francisco Javier Guerrero y Arístides Javier Martos. El Tribunal ha mantenido la vista oral pese a la petición de varios letrados de suspenderla al encontrarse uno de los acusados enfermo de gravedad, razón por la que se ha archivado provisionalmente la causa para él a la espera de la evolución de su estado de salud.

Los dos primeros están procesados por presuntos delitos continuados de malversación, fraude a la administración pública, falsedad en documento mercantil y oficial y prevaricación, si bien a González también se le imputa un delito de infidelidad en la custodia de documentos -por ordenar presuntamente la destrucción de documentación oficial-. Para González se piden nueve años y diez meses de prisión, mientras que para Luis Pérez se reclaman siete años y nueve meses de encarcelamiento.

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