El dueño de Leitour señala: «Teresa autorizaba los pagos y Conde cobraba»

En una tensa jornada de interrogatorio, el empresario -que continuará hoy declarando ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial- admitió la facturación falsa por parte de su agencia de viajes y apuntó a los que serían según su versión los cabecillas en los hechos investigados: «Teresa [González, exsecretaria delegada del Patronato de Turismo] autorizaba y Conde [Joaquín, empresario] cobraba».

En concreto, Guerrero asumió que su empresa presentó al cobro del Patronato de Turismo decenas facturas por conceptos falseados. La actividad habría comenzado en septiembre de 2009, tendría su fin en diciembre de 2010 y habría supuesto más de 320.000 euros con cargo al Patronato de Turismo. Dichas facturas se habrían presentado inicialmente, en una treintena de casos, a nombre de empleados del Patronato gracias a un listado proporcionado, según la declaración de Guerrero ayer ante el tribunal, por la exsecretaria delegada del ente autónomo.

El empresario relató una reunión que habría supuesto el inicio de toda la actividad de presunta facturación falsa. Siempre según el relato del agente de viajes, el Club Voleibol Almería (Unicaja) mantenía una deuda de más de 25.000 euros con Leitour. Con la finalidad de poder cobrar esta deuda, el empresario Joaquín Conde habría concertado una entrevista entre los agentes de viajes, la secretaria delegada del Patronato, el entonces asesor del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Almería Juan Antonio Bisbal y a la que también habría asistido el propio Conde. «Teresa [González] nos dijo que sabía lo de Unicaja y que se iba a arreglar. Que la forma para cobrar era hacer una serie de facturas con conceptos no reales, por viajes, y que con ese método se iban a compensar también las deudas [de Diputación] con Conde. Al principio se nos dijo que teníamos que facturar unos 90.000 euros pero, posteriormente, la cifra fue subiendo», relató Guerrero.

Desde ese momento, se fueron facturando «conceptos falsos, porque nunca se habían dado esos servicios» que en una treintena de casos responden a nombres de empleados y destinos según un estadillo proporcionado, dijo, por la propia González. Más tarde, directamente con nombres «inventados» a los destinos que les eran comunicados por González de forma «verbal, por teléfono». La instrucción reveló el uso de hasta 63 personas inexistentes en esta facturación ficticia.

De los ingresos percibidos por esa facturación falsa, Guerrero reconoció haber entregado 179.000 euros al empresario Joaquín Conde, quien -dijo- llevaba junto a Teresa González, «la voz cantante». Para llevar un control del dinero entregado a Conde, Leitour mantuvo vigente un listado de entregas. «Esas firmas son de Joaquín Conde, sí señor, por supuesto. Era lo mínimo que le podía pedir, que me firmara que le había hecho entrega del dinero», aseguró el empresario. «Conde sabía cuándo íbamos a cobrar. Hablábamos, sacábamos el dinero y se lo dábamos en efectivo», agregó.

Ahora bien, aparte de la facturación falsa de servicios no prestados, el fiscal encargado del caso, José María López Cervilla, cuestionó al administrador de Leitour sobre diversos viajes privados que, según la investigación, fueron también cargados al Patronato Provincial de Turismo y de los que se habrían beneficiado, entre otros, la propia González, Joaquín Conde o Juan Antonio Bisbal. Como una cantinela, tras serle mostradas una a una las facturas emitidas por estos viajes, Guerrero fue recalcando que si bien los viajes eran encargados por éstos para uso privado eran abonados finalmente a cuenta de los fondos públicos del ente autónomo provincial.

Según el relato del empresario, para el que el fiscal solicita siete años de prisión e inhabilitación absoluta por 17 años y seis meses además de 362.460,22 euros en concepto de indemnización por responsabilidad civil a la Diputación Provincial, en dicha primera reunión González le habría indicado a él y a su socio, también acusado en el Caso Facturas, que cursara al pago por parte del Patronato los encargos privados de Conde y Bisbal. «Fue en esa reunión. Nos dijo: 'Lo que os pidan estos dos señores'. Y se les prestaba», narró el administrador de Leitour.

También, indicó, se habría cargado a presupuesto del Patronato Provincial de Turismo de Almería diversos viajes efectuados por la Peña de Regiones -una organización de fútbol base de la que el empresario Conde reconoció ayer ser miembro directivo-. «Conde habilitó para que pidieran lo de la Peña de Regiones», adujo ayer Guerrero. Constan en la acusación de la Fiscalía nueve contrataciones de autobús para desplazamientos de los jugadores de este club que se habrían pagado -admitió ayer el primero de los propietarios de Leitour Viajes- por parte del Patronato a destinos tan variopintos como Sevilla, Málaga, Córdoba, Almuñécar, Palma del Condado, Níjar o Carboneras entre otros.

Conde, que fue interrogado inmediatamente antes que Guerrero, había indicado que los viajes de la Peña los abonaban los propios padres de los jugadores de fútbol a la puerta del autobús y que se abonaban a Leitour en metálico -algo negado por el empresario-. «Si hubo una doble facturación, no lo sé», respondió Conde ante las preguntas de una de las defensas.

El fiscal Cervilla, de hecho, cuestionó después a Guerrero de forma determinante si alguno de los acusados había pagado los viajes encargados en efectivo. Y contradiciendo lo antes declarado por Teresa González o el propio Joaquín Conde, negó la mayor. «No señor», dijo rotundo. Tanto González como Conde habían alegado que los viajes contratados con Leitour y de carácter privado que aparecen como cargados al Patronato Provincial de Turismo con otros conceptos se habían abonado de forma mayoritaria con dinero en metálico. «No, nadie pagó en efectivo», insistió Guerrero.

Tras esta presunta actividad de facturación falsa, el administrador de Leitour relató varios encuentros mantenidos con Conde y con González cuando las primeras noticias en prensa alertaron de la denuncia interpuesta por el actual vicepresidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García (PP) ante la Fiscalía Provincial de Almería. «Lo primero que hicimos cuando vimos las noticias fue hablarlo con Teresa [González] y Conde [Joaquín], que nos dijeron que estuviéramos tranquilos, que era una pataleta de políticos y que pasaría en breve», relató ayer. Estas conversaciones se mantuvieron en diversos encuentros, «dos de ellos en casa de Teresa».

La última de estas reuniones se efectuó con la presencia de Luis Pérez, exvicepresidente de la Diputación Provincial de Almería bajo mandato socialista. Siempre según el relato de Francisco Javier Guerrero ayer ante el tribunal, el encuentro fue de apenas 10 o 15 minutos. «Nos dijeron lo mismo, que era una pataleta política». En referencia a la presencia de Pérez, aseveró que ante la preocupación de los empresarios se ofreció a hablar con el secretario general de su partido -José Luis Sánchez Teruel- para «rebajar el tono» y dejar al margen de la crítica política el nombre de la empresa, Leitour.

«Entiendo que él desconocía el tema de las facturas, porque no citó en ningún momento nada de las facturas» (sic.), relató Guerrero apoyando la versión ofrecida por el propio Pérez en su interrogatorio, este martes. Entonces el exnúmero dos de la Diputación Provincial de Almería aseveró que firmaba «miles» de resoluciones al día y que «no las controlaba» porque venían con el visto bueno del máximo funcionario del Patronato, González, «encargada de la legalidad» y con el 'ok' de la Intervención. «Ahora me estoy enterando de muchas cosas pero a mí me llegaban las facturas o la relaciones de facturas de la secretaria según marca la ley y con informe a favor de la Intervención. Si me llega con esos requisitos no tramitarlas hubiera sido grave, en concreto, prevaricación», relató Pérez ante la sala.

El juicio continuará hoy con la segunda parte de la declaración del empresario Guerrero -que ayer se suspendió cuando aún respondía a las preguntas de la Fiscalía-. Está previsto que a su declaración siga la de su socio en Leitour, Arístides Javier Martos. Con ellos se habrían culminado las cinco primeras declaraciones de la vista oral en la que aún restarían por ser interrogados 13 de los acusados además de los testigos aportados por las partes. Inicialmente, esta vista para dirimir si se menoscabaron las arcas públicas de la Diputación en más de 760.000 euros debería quedar vista para sentencia a finales de enero. Pero el calendario inicial ya ha quedado en agua de borrajas al extenderse durante cuatro jornadas los interrogatorios previstos sólo para el primero de los días del juicio.