Las denuncias falsas dejan 51 imputados sólo en la capital en menos de un año

La Policía Nacional ha detenido a más de una decena de personas este año por simulación de delito./IDEAL
La Policía Nacional ha detenido a más de una decena de personas este año por simulación de delito. / IDEAL

Desde la Policía Nacional advierten de las consecuencias penales para los estafadores, quienes se enfrentan a pagar la investigación

Fran Gavilán
FRAN GAVILÁNAlmería

El pasado mes de marzo un repartidor de cervezas se presentó en la Comisaría Provincial de Almería para interponer una denuncia. El hombre relató a los agentes que seis individuos le habían asaltado y que le habían intimidado con un cuchillo para quitarle 1.600 euros. Cuando los investigadores de la Policía Nacional le llamaron para asistir a una rueda de reconocimiento, el denunciante se derrumbó y confesó a los agentes que se había inventado el robo con violencia porque había extraviado el dinero y su empresa se lo iba a cobrar.

Esta es una de las tantas simulaciones de delito que el Grupo V de la Policía Judicial de Almería ha detectado a lo largo de este año. Esta actividad delictiva ha crecido como la espuma y se ha multiplicado por tres desde el año 2008, de forma que una de cada tres denuncias que se presentan en Almería por robos con fuerza o violencia resultan ser falsas.

2008
Las denuncias falsas se han triplicado desde 2008, coincidiendo con la crisis económica.
6 a 12
meses de multa conllevan las simulaciones de delito y prisión en los casos más graves.

Según los datos ofrecidos por la Comisaría Provincial a este periódico, los agentes de la Policía Nacional han detenido a más de una decena de personas e imputado a otras 51 como presuntas autoras de una simulación de delito entre enero y noviembre de este año. Una infracción penal que cada día cuenta con más adeptos y que en la mayoría de ocasiones la finalidad es cobrar el dinero del seguro a base de mentiras.

Desde el Grupo V, unidad que investiga de manera pionera en España en el esclarecimiento de estos delitos, indican que la inmensa mayoría de las personas que presentan una denuncia falsa tienen como objetivo estafar a sus compañías aseguradoras. «Las grandes perjudicadas de estas infracciones penales son los seguros pero también toda la sociedad en general, ya que estas compañías, para hacer frente a la gran cantidad de incidencias, tienen que aumentar la cuota a sus asegurados».

Dentro de las simulaciones de delito las más frecuentes son aquellas en las que aparecen robos con violencia e intimidación, robos con fuerza en inmuebles o sustracciones de vehículos, descendiendo en el último año los hurtos de teléfonos móviles, actividad muy extendida durante los años más virulentos de la crisis económica.

En este sentido, los agentes del Grupo V señalan que detrás de estas denuncias falsas suelen aparecer extravíos, pérdidas o incluso pequeñas estafas que no son cubiertas por las aseguradoras. Un hecho que impulsa a que los investigados por esta infracción se inventen robos con fuerza o violencia, modalidad que sí queda cubierta por las compañías.

Un ejemplo de ello se produjo a principios de este año. Un hombre presentó una denuncia en la Comisaría Provincial y aseguró a los agentes que había sido atracado por dos encapuchados cuando estaba sacando dinero en un cajero. En su denuncia, la supuesta víctima señaló que le habían sustraído 650 euros por la fuerza. Finalmente, los investigadores descubrieron que había extraído el dinero.

Costes y perjuicios

Los responsables policiales advierten de que las simulaciones generan un gasto «extraordinario» para la Administración, que destina personal y medios para trabajar en casos que en realidad no se han producido.

De hecho, las personas que estén detrás de una denuncia falsa se enfrentan también a abonar los gastos policiales que ha generado su falso relato. En este sentido, los agentes realizan una diligencia de valoración de gastos policiales en la que se detalla el número de horas empleadas por los policías actuantes y los medios materiales empleados en la investigación. El informe de valoración de gastos se remite al juzgado competente ampliando el atestado policial. Ademas, la cuantía de este trabajo también se remite a la Abogacía del Estado, quien puede reclamar al acusado todos los gastos de la investigación.

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