AMAyT pide al Poder Judicial que actúe contra las dilaciones en la instrucción de la 'Trama Amat'

Edificio de la Audiencia Provincial de Almería. /IDEAL
Edificio de la Audiencia Provincial de Almería. / IDEAL

Francisco José Sánchez Ramón, abogado y presidente de la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAyT), ha dirigido un escrito al Consejo General del Poder Judicial en el que solicita su actuación en lo que considera dilaciones en la investigación del caso conocido como ‘Trama Amat’ y que se centra en la actividad municipal del alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat

ÁNGEL ITURBIDEAlmería

En su escrito Francisco José Sánchez Ramón pide al Consejo General del Poder Judicial que abra "expediente de investigación o informativo que corresponda" y si lo considera oportuno "incoar los expedientes disciplinarios que pudieran derivarse de la investigación preceptiva de los hechos aquí denunciados". El presidente de la asociación considera que los hechos denunciados en su escrito son graves "teniendo en cuenta la afección a la imagen pública de la Justicia española que existe en la conciencia colectiva de este país y fundamentalmente en los temas de corrupción institucional generalizada como es el caso de la ‘Trama Amat’".

En el escrito del presidente de AMAyT se justifica la petición de amparo al CGPJ desgranando todas las actuaciones judiciales que se han realizado desde que dio inicio la instrucción de la ‘Trama Amat’. En este sentido Francisco José Sánchez Ramón argumenta que el 25 de mayo de 2017 la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Roquetas de Mar acordó la incoación de "diligencias previas por cada una de las 25 mercantiles" recogidas en la petición a tal efecto realizada por el Ministerio Fiscal. Tras recordar que el 24 de mayo de 2017 se acordó la declaración de 'causa compleja' el presidente de la asociación recuerda que ha puesto en conocimiento del CGPJ, Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Jefatura de la Fiscalía del TSJA y Audiencia Provincial de Almería, "las demoras y dilaciones injustificadas que se vienen produciendo en este procedimiento". No obstante la acusación popular reconoce entender y hacerse cargo de la "complejidad técnico jurídica del asunto investigado" dado el solapamiento y estructuras organizadas que operan detrás de los delitos en la que los sujetos "supuestamente investigados actúan como auténtica organización jerarquizada, estructurada de forma piramidal y que vienen provocando situaciones, cuando menos, inaceptables en un estado de derecho que beneficia en última instancia a los presuntos responsables de los delitos".

A juez por año

Para apuntalar todo ello Sánchez Ramón recuerda que en el transcurso de la causa el juzgado roquetero ha solicitado tres informes a la UDyCO que han tardado en entregarse un total de 54 meses (4 años y medio). Además, recuerda que transcurridos seis años desde que se acordó la incoación de estas diligencias previas han pasado hasta seis jueces diferentes bien como titulares o sustitutos "a pesar de haber sido declarada su complejidad en dos ocasiones".

AMAyT recuerda también que se han cumplido ya dos años "sin pronunciamiento judicial sobre las incompatibilidades y supuestas falsedades detectadas u omitidas en las certificaciones de bienes, patrimonio e incompatibilidades del alcalde, Gabriel Amat Ayllón, eje de la trama societaria". En este sentido la asociación recuerda al CGPJ que han transcurrido dos años y siete meses sin que "tengamos conocimiento alguno sobre las presuntas incompatibilidades supuestamente cometidas por el sr. Amat. Y es que, al parecer, ni la Fiscalía ni la anterior y actual instructora se han percatado de esta situación, cuya ausencia de informe sobre las supuestas incompatibilidades cometidas por el Sr. Amat es esencial para determinar la intervención directa del mismo en aquellos procedimientos administrativos de orden urbanístico o contractual que han venido beneficiando a todo el entramado societario cuyo eje radica en el alcalde de Roquetas y presidente de la Diputación de Almería y del Partido Popular de Almería".

Inactividad judicial

En el escrito al Consejo General del Poder Judicial el presidente de AMAyT incide en la inactividad judicial que rodea al caso al recordar que desde agosto de 2017 "solamente se ha proveído por el juzgado tres resoluciones mediante las que se acuerda sin motivación alguna el archivo de tres de las 25 piezas separadas de la causa principal". Tras la presentación de los recursos de apelación contra las tres resoluciones la Audiencia Provincial de Almería resolvió declarando de oficio la continuidad de las diligencias. AMAyT "ha venido advirtiendo de las demoras e irregularidades procesales que se venían detectando en esta causa. Quejas que no han sido atendidas ni por ese Consejo General del Poder Judicial ni por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, órganos competentes para dilucidar sobre estas cuestiones y, muy especialmente, sobre el nombramiento o designación de juez en exclusiva para esta causa".

"Desmadre instructor"

Francisco José Sánchez Ramón recoge que ante "la inactividad judicial que padece el Juzgado de Instrucción número 1 de Roquetas de Mar (…) se espera una respuesta inmediata por parte de ese Consejo General del Poder Judicial al objeto de regularizar, de una vez por todas, el ‘desmadre’ instructor que se viene originando en esta causa así como la adopción de medidas disciplinarias necesarias para que tales extremos no vuelvan a provocar el desamparo judicial que viene padeciendo esta acusación popular".

Por último, el presidente de la asociación informa al CGPJ que todos los hechos descritos ya han sido puestos en conocimiento del Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Almería a través de un escrito de 8 de febrero y de la presidenta de la Audiencia Provincial de Almería con fecha 9 de febrero.

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