El Acebuche pierde empleados pese a la ampliación en 150 celdas

Según admite el Gobierno, en el centro penitenciario almeriense se han dado en los últimos seis años (desde 2012) un total de 20 jubilaciones tanto de personal funcionario como laboral (dos en intervención, una en la sección sanitaria, seis en la rama burocrática, ocho en el departamento de vigilancia, dos en servicios comunes y una en mantenimiento). Sin embargo, apenas se han cubierto menos de la mitad de estos huecos, siete, y ninguno en tareas de vigilancia.

Esta situación, dada a conocer por el Ejecutivo tras una pregunta de varios diputados socialistas (entre ellos, Felipe Sicilia, Juan Jiménez o Sonia Ferrer) se ha dado pese a que en mayo del pasado año el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, inauguró 152 celdas e instalaciones complementarias en el centro penitenciario de El Acebuche, lo que implica 300 nuevas plazas para internos -en total ya cuenta con 565 habitaciones, la inmensa mayoría dobles-.

Esta situación de merma de empleos en El Acebuche se paliará, defienden desde Interior, con la nueva oferta de empleo público para todo el país, que prevé 701 plazas del cuerpo de ayudantes de Instituciones Penitenciarias y 17 plazas del cuerpo facultativo de sanidad penitenciaria así como otro medio centenar de plazas cuyos procesos selectivos aún no han comenzado. No obstante, cabe recordar que se debe de dotar de personal a nuevos centros como el de Archidona (Málaga), cuya apertura está prevista para dentro de pocas semanas y otras instalaciones por inaugurar como el Centro de Inserción Social de El Puche, que lleva desde 2012 esperando nueva fecha para su apertura definitiva.

Los sindicatos han denunciado en los últimos años los efectos de una plantilla que consideran mermada, como es el caso de las agresiones padecidas por el personal. Sólo en los últimos siete años se han registrado un total de 35 agresiones, 16 de ellas con lesiones leves y 19 que se culminaron sin lesiones. El Gobierno ha redactado un protocolo específico contra las agresiones a los funcionarios de prisiones, recientemente aprobado.