El desalojo del local ocupado en el barrio de El Puche 'aterriza' en el Defensor del Pueblo

El desalojo de una vivienda protegida ocupada en el barrio de El Puche por parte de la Junta de Andalucía en cumplimiento de un auto judicial que así lo impone no será tarea fácil para la Administración autonómica. Los afectados por la decisión se resisten a abandonar la que dicen que ha sido su vivienda desde hace más de 30 años, algo que desde la Delegación de Vivienda y Fomento niegan alegando que dicho inmueble sito en la calle Manolo Caracol está ocupado desde 2008 y que además se usa con fines comerciales y no como vivienda.

Tras hacer público el Ejecutivo el deber de dar cumplimiento del citado auto, dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que da la razón a la Junta y por tanto ordena recuperar la vivienda, la familia afectada ha tratado desde que fue comunicada de evitar el desalojo. Este, que iba a tener lugar esta semana, finalmente se aplazó hasta el próximo lunes, día en el que se ha emplazado ya a la familia a que entregue las llaves.

En el día de ayer el delegado territorial de Fomento y Vivienda, Joaquín Jiménez, mantuvo una reunión con los portavoces municipales para informarles de este problema, que se encuentra ahora en una situación de 'impasse'. Y así es porque la familia, que también tuvo la oportunidad de mantener un encuentro con el delegado el pasado jueves, avisa de que abandonar la vivienda supondría quedarse en la calle, en una situación de total vulnerabilidad social.

Así se lo transmitieron a Jiménez, que se comprometió a mediar con los Servicios Sociales municipales para que les realizaran un informe social que, efectivamente, certificara que se encuentran en riesgo de exclusión y, por ende, que cumplen los requisitos para ser demandantes de vivienda protegida de la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía.

A la espera de que el informe se lleve a cabo, el deseo de los afectados por el desalojo es que se pueda aplazar la entrega de las llaves mientras tanto. Así lo han presentado en el día de ayer en forma de escrito a AVRA, solicitando un aplazamiento que tiene ahora que ser estudiado por los servicios jurídicos de la Agencia. En paralelo, la familia ha puesto el caso en conocimiento de la oficina de vivienda del Defensor del Pueblo Andaluz, institución a la que ruegan que interceda ante la Junta para que acceda a la petición de aplazamiento.

Fuentes del Ejecutivo andaluz señalaron ayer que en principio y a falta de lo que decidan los servicios jurídicos, la recuperación de la vivienda está prevista para el lunes. Según explicaron a IDEAL, dejar vacía la propiedad es indispensable para iniciar los trámites de adjudicación posterior.

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