El alcalde de El Ejido irá a juicio por presuntos delitos de falsedad y contra la Hacienda Pública

El auto se dictó el pasado 1 de marzo pero no fue hasta el pasado miércoles cuando se dio a conocer que el Juzgado de Instrucción número 2 de El Ejido acordó finalmente que el alcalde de la localidad, Francisco Góngora (PP), irá a juicio, tras estimar que queda «indiciariamente acreditado» que pudo incurrir en delito en la compraventa de una finca rústica que posteriormente se recalificó como urbanizable, y en la que participó una sociedad formada tanto por el regidor ejidense, como por su hermano, su padre y otro socio.

Así, según recoge el auto dictado por la jueza instructora, Juana María Gómez, al que ha podido tener acceso IDEAL, a Francisco Góngora se le atribuyen la presunta comisión de dos delitos de falsedad documental y de un delito contra la Hacienda Pública, y da traslado a las partes personadas, entre ellas la Agencia Tributaria (AEAT), para que, en un plazo de diez días, formulen escrito de acusación o soliciten el sobreseimiento de la causa. De igual modo, la magistrada acuerda a su vez el procesamiento del hermano del alcalde, J. G. G., su padre, G. G., y su socio S. L. P., así como de A. G. M., administrador de la mercantil a la que la sociedad vendió la citada finca rústica entre 2004 y 2007, si bien la denuncia fue presentada por el Partido de Almería (PAL) en el año 2010.

El auto relata a su vez que los investigados constituyeron la sociedad Agrícola Euro Alpujarra SL en el año 2000, con el objeto de adquirir una finca rústica en el paraje de Loma de los Hornillos en El Ejido.

Una compra que se hizo efectiva, tal y como recoge el auto de la jueza, «por un precio de 300.506,05 euros», pero posteriormente, «parte de la citada finca fue recalificada como urbanizable». Ya en 1998 se expuso al público un avance del PGOU, cuando Góngora aún no ocupaba un cargo público, si bien en 2002, sí que desempeñaba la labor de concejal de Urbanismo, y en ese periodo se aprobó la recalificación del terreno. En 2004 la sociedad de Góngora vendió presuntamente esos terrenos de manera privada «por un precio muy superior al de compra», y, como detalla el auto de la magistrada, «para compensar el precio oculto, en esa misma fecha, ambas partes otorgaron escritura pública de compraventa mediante la cual Agrícola Euro Alpujarra SL compraba a Murgi Edificaciones SL, dos locales comerciales de 120 y 118 metros cuadrados por 150.391,26 euros más IVA, falseando igualmente el precio, ya que el de mercado de los mismos rondaba los 600.000 euros».

En suma, la instrucción habría acreditado que la sociedad de la que era socio el alcalde ejidense no declaró en el Impuesto de Sociedades de 2007 el importe «realmente recibido por la venta de la finca», por lo que además «habría defraudado a la Agencia Tributaria la cantidad de 296.072,03 euros». Y es que el auto subraya que la sociedad Agrícola Euro Alpujarra SL sólo contó con una única actividad, «la compra de la finca, la constitución de un préstamo hipotecario para proceder a la compra de la misma, la venta de la finca y compra de locales, y la posterior cancelación de la hipoteca constituida sobre la finca».

«Cooperador necesario»

La magistrada Juana María Gómez apunta además que los cinco investigados «eran todos sabedores y conscientes de la falsedad de las escrituras públicas respecto al precio consignado en las mismas y del fraude a cometer a la Agencia Tributaria», y tipifica los hechos como dos presuntos delitos de falsedad documental y un delito contra la Hacienda Pública. Concretamente, en el caso del alcalde ejidense, su padre y el socio S. L. P., les brinda el rol de «cooperadores necesarios» porque, todos, «como accionistas», eran «conocedores y consintieron la falsedad documental, contribuyendo con su proceder de forma activa a que se alterara la realidad del precio», entiende la jueza.

En cuanto al delito contra la Hacienda Pública, la jueza añade que los tres «cobraron, a título particular y en función de su porcentaje de participación en la sociedad Agrícola Euro Alpujarra SL, el importe de la venta de la finca, contribuyendo con su proceder de forma activa a que se generara ese beneficio económico, que ellos recibieron y que fue el desencadenante del fraude».

«No me planteo dimitir»

Por su parte, Francisco Góngora, tras intervenir en un acto por el Día de la Mujer en el Auditorio de El Ejido, atendió a los medios de comunicación para aclarar que no se plantea dimitir «por algo que no tiene que ver» con su gestión pública «ni presente ni pasada». Asimismo, afirmó que él es el primero en estar interesado en «llegar al fondo del asunto», ya que si bien mostró todo su respeto a la Administración de Justicia, a su juicio se trata de «una cuestión civil», y considera «clave» que se esclarezca «en qué momento se considera consumada una compraventa y cuándo nace un hecho imponible». Góngora apeló a la existencia de varios «informes de la UAL, de expertos, que lo dejan muy claro».

«La jueza quiere dar por terminada la fase de instrucción, pero nosotros creemos que estas pruebas que se han pedido se deberían poder ratificar, y es lo único que se va a recurrir», aseveró el regidor ejidense. Para Góngora, todos estos hechos «nada tienen que ver» con su gestión al frente del Ayuntamiento ejidense sino con su condición de «socio de una sociedad en la que no tengo poder de representación y con una presunta irregularidad fiscal». A la oposición le emplazó al próximo pleno, donde rendirá cuentas.

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