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El expediente a la residencia de la Diputación fue por no tener los análisis de legionela

Ángel Escobar, diputado de Bienestar Social, Igualdad y Familia, durante la rueda de prensa de ayer.
Ángel Escobar, diputado de Bienestar Social, Igualdad y Familia, durante la rueda de prensa de ayer. / R. I.
  • La institución provincial fue la que alegó en el expediente que proponía la sustitución de las tuberías tras la «evidencia» de su «mal estado»

La inspección sanitaria del Servicio Andaluz de Salud propuso el 24 de enero de este año la apertura de un expediente sancionador a la Diputación de Almería al encontrar que la Residencia Asistida, de la que el ente provincial es titular, incumplía la normativa vigente para la prevención y el control de la legionelosis. Concretamente, advierte la inspección en el acta, el Real Decreto 865/2013 por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. Por ello, la Junta de Andalucía propuso el inicio de un procedimiento sancionador y el «seguimiento para la solución de dichas deficiencias».

Diversas fuentes, entre ellas las oficiales de la Consejería de Salud, apuntaron a que los incumplimientos registrados en el acta de inspección -remitido por la propia Diputación a los medios de comunicación- residen en la carencia de análisis que certifiquen la ausencia de la bacteria legionela de los circuitos de aguas de la Unidad de Poniente de la Residencia Asistida. Especialmente cuando en marzo del año pasado, insisten, se localizó la bacteria en el circuito y, tras un expediente similar, un tratamiento químico y térmico sobre la red de aguas permitió certificar en junio su absoluta desaparición del circuito de distribución de la residencia.

«Lo que se pide es que se hagan los controles pertinentes», abundaron las fuentes sanitarias. De hecho, pocos días después de la segunda inspección, la de hace menos de un mes, se tomaron muestras en la red de agua que están siendo analizadas actualmente por las autoridades sanitarias. Ahora bien, la Junta de Andalucía sólo requiere «la solución de dichas deficiencias y adecuación a la normativa vigente», esto es, controles que certifiquen la total ausencia de la bacteria en la red de aguas.

Frente a esto, en el acta de inspección sanitaria se recoge una «alegación» según la cual los responsables de la Residencia aducen que ante la «evidencia del mal estado de la instalación existente» en materia de aguas, «se propone la sustitución de dichas tuberías». Pese a lo recogido en el acta de la inspección sanitaria, el diputado de Bienestar Social, Igualdad y Familia, Ángel Escobar (PP), adujo ayer que esta propuesta de obras recogida tras el epígrafe de «alegación», es de la Junta y no de la Diputación. «La Junta misma determinó la necesidad de la obra», reiteró el diputado popular.

Quién dictaminó la necesidad de obras parecía convertirse ayer en el tema primordial del conflicto, por el que las familias de 47 residentes esperan expectantes saber qué va a pasar con sus ancianos. Diputación alega que la Junta le exige obras. Y la Junta le recuerda que, tal y como recoge el acta de la inspección sanitaria, «no se ha instado a ningún tipo de obras, lo que se ha constatado es un incumplimiento en medidas de control sanitario», relataba, por su parte, el delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, el socialista José María Martín.

En lo único que coincidieron ambas administraciones ayer fue en tranquilizar a las familias por el día a día de los residentes. Pese a que la inspección sanitaria advierte de que la falta de controles puede suponer «riesgo grave e inminente» -tal y como reiteró ayer Escobar- el mismo diputado afirmó que a diario se efectúan «procesos químicos y térmicos que matan cualquier tipo de bacteria que haya en la red. No hay un riesgo grave inminente para la salud». «En el caso de que no adopten las medidas a que están obligados de control sanitario, por supuesto que la Junta de Andalucía va a estar aquí para garantizar la salud y la seguridad de las personas que están allí», aseveró por su parte Martín.

Sin proyecto de obras

Ayer, Escobar instó a la Junta a «colaborar» con la Diputación y frenar los nuevos ingresos -el jueves, sin ir más lejos, se produjeron dos-. Sólo con esta medida, en aproximadamente un año la Diputación tendría sin usuarios las 47 plazas de la Unidad de Poniente con las que poder iniciar las obras de reforma que las familias conocieron en diciembre a través de un comunicado sindical -y no uno de la Diputación-. Sin embargo, en la Consejería de Salud recuerdan que en su última comunicación, signada el 7 de febrero, el presidente de la Diputación, Gabriel Amat, otorga un plazo de diez días para asumir el traslado de los 47 residentes y su reubicación en otras plazas del sistema andaluz de dependencia.

La Junta no está dispuesta, porque tiene un contrato en vigor con 117 plazas concertadas en una provincia en la que hay lista de espera para acceder a estos recursos. Y el contrato -que podía haber sido denunciado hace pocos meses- está en plena vigencia. «Nos tememos que la verdadera voluntad de la Diputación es desmantelar esa residencia. Si no es así, reto a la Diputación a que manifieste cuál es el proyecto que tienen, qué es lo que van a hacer y un cronograma de las obras. Hasta ahora, no ha pasado. No nos han presentado un proyecto real por el momento», argumentó Martín.

La carencia del proyecto -pese a la urgencia con la que se está pidiendo el traslado de los residentes- fue reconocida ayer por el propio diputado Escobar. «Se están realizando los informes de estructura, preceptivos antes de hacer el proyecto», indicó ayer en rueda de prensa. La pretensión de Diputación, relató, pasa por reformar íntegramente la residencia y, una vez ejecutadas las obras, volver a concertarla con casi el mismo número de plazas. «En la Unidad de Poniente se perderían cinco o seis porque ahora no tienen baño y hay que hacerlo», expuso.

Las familias, sin embargo, siguen en vilo. Esperan información fehaciente y recogen firmas para que no se cierre ningún área más. El pasado mandato popular ya se cerró la Unidad de Levante. Y desde entonces no ha habido obras de reforma.