Padres del colegio de Alhabia denuncian el corte de luz por impago municipal de facturas

El CEIP Juan XXIII de Alhabia pasó ayer parte de la jornada escolar sin poder contar con luz eléctrica, según la denuncia efectuada por un grupo de padres de alumnos a IDEAL, asegurando que se interrumpió el suministro como consecuencia de la falta de pago, una situación ante la que quisieron mostrar su preocupación.

Esta problemática, según los progenitores, no es una novedad, ya que arranca desde hace meses cuando el Ayuntamiento de Alhabia habría dejado de pagar las facturas a la compañía, acumulando una deuda ante la que la compañía habría respondido con diferentes avisos que no fueron atendidos.

Estos impagos motivaron que hace dos semanas ya se presentara un operario con la orden de realizar esa interrupción del servicio, aunque finalmente no se produjo tras una reunión mantenida con técnicos municipales. Este principio de acuerdo no fue, sin embargo, más que un parche según los padres, ya que en el día de ayer se repitió esta misma escena, haciendo acto de presencia un representante de la compañía que reconoció a la dirección que no habría más prórrogas y que sólo se contemplaba cerrar el servicio, algo que se realizó a primera hora.

El centro educativo se mantuvo unos minutos sin luz eléctrica y sin poder mantener su actividad habitual, más teniendo en cuenta que durante esta época el uso de elementos como los radiadores es imprescindible. Tras estos instantes de cierta confusión, se recuperó el suministro, aunque los padres aseguran que no por los cauces más indicados y creando una situación en la red que puede llegar a generar un riesgo para la comunidad educativa. Al menos así lo entienden por la información que pudieron recabar y a la espera que la dirección del centro, la inspección de Educación o el Ayuntamiento de Alhabia den explicaciones sobre lo ocurrido.

Situación legal

No existe en la actualidad ninguna normativa habla sobre qué administración es responsable del pago de la luz y el agua en los colegios públicos, aunque la interpretación de la legislación existente ha hecho que, hasta ahora, los ayuntamientos hayan asumido esa competencia como propia al considerarse que forma parte de las tareas de mantenimiento de los centros, que sí corresponde a las entidades locales, como la vigilancia y la conservación. Sin embargo, algunos ayuntamientos durante los últimos años han venido pidiendo que sea la administración autonómica la que se haga cargo de estos pagos, planteándose algún consistorio como el de Málaga la posibilidad de iniciar una batalla legal al respecto.

También se han elaborado toda una serie de informes técnicos y de trabajos externos para tratar de conseguir una valoración objetiva que avale que los recibos deben ser abonados por la Consejería de Educación. La interpretación de la Ley se considera desde diferentes sectores de la dirección educativa, como «favorable a los intereses de la Junta de Andalucía», ya que estos gastos pueden ser relacionados con el consumo y no con el mantenimiento.

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