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Peraltalaw Abogados aconseja acudir a profesionales para la devolución de la cláusula suelo

Peraltalaw Abogados aconseja acudir a profesionales para la devolución de la cláusula suelo
  • Cualquier persona física que haya firmado un contrato con cláusulas suelo –independientemente de si la hipoteca ha sido ya cancelada o no– podrá acogerse a este mecanismo

Los hipotecados con cláusulas suelo abusivas pueden reclamar ya a los bancos la devolución del dinero que les han cobrado de más. Así se estableció en el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, aprobado por el Consejo de Ministros y que se publicó el 21 de enero en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Según establece la normativa, es el consumidor quien tiene que tomar la iniciativa para poner en marcha este proceso extrajudicial –que es voluntario- acudiendo a una sucursal bancaria, pues dispone del plazo de un mes para establecerlo. Es decir, la banca –tal y como establece esta norma– queda eximida de la obligación de dirigirse específicamente a cada usuario, aunque sí debe garantizar que ese mecanismo sea conocido por todos los consumidores con suelo en su hipoteca e informar de este proceso en sus páginas web y en las sucursales.

Cualquier persona física que haya firmado un contrato con cláusulas suelo –independientemente de si la hipoteca ha sido ya cancelada o no– podrá acogerse a este mecanismo siempre y cuando cumpla los requisitos jurídicos. Una vez hecha la reclamación, los bancos tienen la potestad de decidir, en el plazo máximo de tres meses, si efectivamente las cláusulas son abusivas o no y, por tanto, si ofrece una compensación al cliente. En caso de que el banco le dé la razón, deberá remitirle un cálculo de la cantidad a devolver incluyendo los intereses, dinero que podrá reembolsar en efectivo o bien mediante una solución alternativa, como la amortización proporcional de la hipoteca.

Si no lo aceptara, la entidad tendrá que remitirle al cliente las razones por las que rechaza su solicitud. En este último caso, al afectado siempre le quedará acudir a los tribunales, aunque lo hará sin saber de cuánto dinero se trata, porque la firma no está obligada a calcularla.

Miguel Peralta, gerente de Peraltalaw Abogados –gabinete experto en derecho mercantil judicial e hipotecario que está llevando muchos casos a clientes afectados por estas cláusulas- explica que “los bancos han salido favorecidos con esta ley, ya que lo ideal hubiera sido que devolvieran la cantidad cobrada de más de manera automática, incluso aunque no existiera reclamación del consumidor”. Con este proceso, lo que está ocurriendo es que se está demorando el pago. Además, la normativa establece “facilidades a la banca en caso de que pague, como es recortar el tiempo de amortización o bajar los intereses en lugar de reembolsar directamente el dinero”, explica Peralta.

Por este motivo, Peralta considera que el procedimiento no favorece al consumidor de forma adecuada porque, en primer lugar, “las entidades deberían devolver el dinero de forma automática y si no es así, aplicar un régimen sancionador”. Y en segundo lugar, la normativa debería permitir compatibilizar el proceso judicial con el extrajudicial. Y es que ahora, el consumidor debe esperar tres meses para que el banco le dé una respuesta y en caso de ser negativa, será entonces cuando pueda acudir a los tribunales a reclamar su dinero, pero no antes.

“Entramos aquí en un juego negociador en el que muchas personas sin suficientes conocimientos bancarios se enfrentan a entidades con amplios competencias jurídicas y financieras, que intentarán obtener el máximo rendimiento posible a su favor”, aclara Peralta. Por ello, apunta que lo importante es que el consumidor se asesore antes de acudir a su entidad bancaria o, en el mejor de los casos, que delegue estas negociaciones en profesionales que puedan esquivar la aplicación de este procedimiento. “Aunque parezca que la normativa supone un beneficio para el consumidor, en realidad se le están imponiendo una serie de inconvenientes”, añade. Por ello, aconseja que el consumidor encomiende la gestión a un profesional con el fin de evitar que el usuario obtenga menos de lo que le corresponde, le oferten unas condiciones no ventajosas e, incluso, novaciones en las que se incluyan otras cláusulas abusivas o nulas.