La trama de Obrascampo se enfrenta en el banquillo a 65 años de prisión

En la época del ladrillo de oro, Obrascampo era una auténtica máquina empresarial, un portento de la economía. Sin embargo, después, con el desplome de la compraventa inmobiliaria, fue, según las tesis de la Fiscalía, una sociedad que habría llegado a evadir grandes cantidades de dinero escondiendo los ingresos que percibía por el IVA y que nunca llegaron a entrar en Hacienda. El caso ya va camino del banquillo. El Juzgado de Instrucción número 1 de la capital ha concluido la investigación. Y la Fiscalía pide para los presuntos implicados en dicha causa penas que suman 65 años de prisión y que conllevarían millones de euros en sanciones y multas por presuntos delitos contra la hacienda pública, insolvencia punible y blanqueo de capitales.

Según relata el Ministerio Público en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso este diario, Antonio José Pérez, propietario y fundador de Obrascampo, junto con Israel M. M., administrador de derecho de la mercantil y de otras del grupo societario, «con la expresa colaboración y pleno conocimiento del resto de los acusados en condición de intermediarios», idearon un plan existente en la despatrimonialización de las sociedades del grupo empresarial Obrascampo con la finalidad de evadir a los acreedores, «fundamentalmente la Hacienda Pública», mediante la ocultación «de forma continuada» de dichos bienes.

Esto habría tenido lugar mediante la creación de un «entramado societario» a través de numerosas «sociedades interpuestas» que, a su vez, dificultaba la identificación del verdadero titular de Obrascampo, Antonio José Pérez, mediante sucesivos nombramientos de administradores interpuestos.

El «vaciamiento patrimonial» de la sociedad tiene lugar entre los años 2009 y 2013 mediante operaciones de dación en pago y ejecuciones hipotecarias. «Renunciando a la exención del IVA se obtuvieron importantes cantidades de dinero que no fueron ingresadas» en la Hacienda, «sino que de forma mendaz», relata el fiscal, «fue ocultando mediante transferencias circulares entre diversas sociedades del Grupo Obrascampo». Es el sistema que en el argot de Hacienda se conoce como 'rueda de talones'. Pero también mediante la simulación de préstamos con otras sociedades del grupo y mediante operaciones de ocultación de los bienes inmuebles mediante su transmisión a sociedades vinculadas que, a su vez, iban devengando deudas con Hacienda. «Como resultado de éstas operaciones», indica el escrito de acusación, resultaba imposible para Hacienda «el cobro de sus deudas».

Además, durante los años 2011 y 2012, relata, «con evidente ánimo defraudatorio y de elusión de las obligaciones tributarias», Antonio José Pérez e Israel M. M. habrían dejado sin liquidar grandes importes por ingresos de IVA en ejecuciones hipotecarias a Obrascampo que sí que recibieron de las entidades adjudicatarias, concretamente dos entidades financieras (o sus sociedades filiales).

Según la Fiscalía, «fue determinante» la «intervención plenamente consciente» en el ánimo defraudatorio de aproximadamente una decena de investigados en esta causa que habrían «colaborado de forma activa» como «testaferros» al frente de diversas sociedades relacionadas con el grupo Obrascampo en la ocultación de bienes.

Parte de la «importante cantidad de dinero» percibida por el entramado Obrascampo y presuntamente defraudada a Hacienda habría ido a parar fuera del territorio nacional «mediante inversiones inmobiliarias» por parte de Antonio José Pérez «en sociedades fundamentalmente de Marruecos y China». Para ello también hubo de valerse de sociedades instrumentales y diversos colaboradores de entre los investigados en la causa. Según relata el Ministerio Público, a través de las sociedades Indálica de Innovaciones, Acosper Patrimonial y Coyprocoba, se sometieron a inversiones en China y Marruecos más de tres millones de euros. En algunos de los casos, según la narración de la Fiscalía, se habría hecho bajo «instrucciones directas» del fundador de Obrascampo.

Sólo para el propietario del grupo empresarial en torno a Obrascampo, Pérez, el Ministerio Público solicita 17 años y medio de prisión y más de cinco millones de euros de multa por dos delitos contra la Hacienda Pública, uno de insolvencia punible y uno de blanqueo de capitales. Para el resto de presuntos colaboradores, las peticiones del fiscal va entre los 10 años y un año y medio de prisión. La vista oral tendrá lugar ante el tribunal de la Audiencia Provincial.

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