1981: 'El caso Almería' que conmocionó a toda España
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historias de almería
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Tres jóvenes inocentes fueron confundidos con etarras en Almería, detenidos y torturados hasta la muerte por la Guardia Civil
Corría el 10 de mayo de 1981. Tres jóvenes amigos y compañeros de trabajo en el sector metalúrgico de Santander, acababan de llegar a Pechina (Almería), para la comunión del hermano pequeño de uno de ellos. Juan Mañas había invitado a Luis Montero (Salamanca) y Luis Cobo (Santander) a un viaje a su pueblo, con motivo de dicha celebración.
Todavía en un ambiente de tensión tras el golpe de Estado de Tejero en febrero, tres días antes, un comando formado por tres integrantes, había atentado contra el vehículo del jefe del Cuarto Militar del Rey, el general Valenzuela, que resultaría gravemente herido y sus tres acompañantes muertos. Acababa de nacer el denominado 'Caso Almería', uno de los más escandalosos y escabrosos procesos judiciales de los albores de la democracia española. Un cúmulo de casualidades, impericias y delitos concluyeron con la muerte de Mañas, Montero y Cobo, durante su detención a manos de la Guardia Civil.
Una tremenda historia
La primera de las fatalidades fue la avería en el vehículo que los traía de Santander que, en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), les obligó a cambiar de vehículo. Allí, un ciudadano creyó que eran los etarras, cuyos rostros habían sido publicados en prensa, y los denunció.
Ellos prosiguieron en otro vehículo hasta Almería, donde pasaron su primera noche y, al día siguiente, realizaron una excursión turística y de compras a Roquetas de Mar.
Mientras, en la Comandancia de la Guardia Civil, se recibió la alerta tras la denuncia de Alcázar y, con el teniente coronel Carlos Castillo Quero a la cabeza, se activó una orden de captura. Fueron detenidos a la salida de un establecimiento en Roquetas y trasladados a dependencias de la Guardia Civil y de allí a un antiguo centro del cuerpo, Casas Fuertes, en la zona de Cabo de Gata, donde las investigaciones judiciales posteriores concluyeron que fueron torturados y asesinados.
Al día siguiente de la desaparición, un convoy de cuatro vehículos, salía de la Comandancia con dirección a Madrid, pero se desviaba por la carretera de Gérgal, donde el vehículo caía por un terraplén y ardía. Mientras, se celebraba la comunión del hermano de Juan Mañas, que al recibir el santo sacramento pedía que su hermano volviera sano a casa. Ante las acusaciones de tortura que ofrecía la prensa, con datos como el desmembramiento y calcinación de los cadáveres y los orificios de bala, el ministro del Interior, Juan José Rosón, repitió la versión de la Guardia Civil en comparecencia parlamentaria.
Hechos demostrados
A partir de ahí, dos versiones lucharon entre sí para poner el cierre al caso. La versión oficial hablaba de un traslado por Gérgal para revisar el lugar en el que el día anterior habían pernoctado las víctimas, para encontrar pruebas de su actividad terrorista; un ataque sobre los oficiales que conducían el vehículo e intento de fuga y un tiroteo sobre el vehículo para evitarlo, hasta caer por el terraplén e incendiarse, provocando la muerte de todos.
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La versión que quedó demostrada, a pesar un proceso oscuro y lleno de contradicciones y trabas para el abogado de la acusación, el prestigioso letrado Darío Fernández Álvarez, fue la de que los detenidos fueron torturados y asesinados en la antigua fortaleza de Casas Viejas y llevados al día siguiente a la carretera de Gérgal, donde se simuló un intento de escapada, un tiroteo y un despeñamiento del vehículo, al que posteriormente se dio fuego para simular el accidente. La segunda autopsia, solicitada por Fernández Álvarez, reveló que a los cuerpos les faltaban piernas y brazos y que recibieron once balazos, en zonas como el corazón. En el banquillo se sentaron el teniente coronel Castillo Quero, condenado a 24 años de prisión mayor; el teniente ayudante Manuel Gómez Torres, a 15 años de prisión menor; y el guardia Fernández Llamas, a 12 años de prisión menor, todos con atenuante de cumplimiento del deber, por tres delitos de homicidio. Las familias recibieron cuatro millones de pesetas como indemnización. Fernández había pedido 90 años. Era la primera vez en la historia de la democracia que se juzgaba a la Benemérita. Ocho guardias civiles quedaron sin juzgar.
Los acusados reiteraron en el juicio que los fallecidos eran etarras y vertieron diversas acusaciones contra ellos, entre ellas la de homosexualidad. Entre las contradicciones, las balas encontradas en los cuerpos, la pérdida de miembros, la desaparición de unas presuntas pistolas que se dijo se les habían encontrado, el inexplicable viaje a Madrid por Sorbas sin equipajes ni utensilios básicos; o el testimonio de integrantes del Club de Pesca El Palmeral, que pasaron por la zona, vieron el incendio y ofrecieron extintores para sofocarlo. Los guardias respondieron que los heridos fueron evacuados, cuando luego se declaró que había sido imposible rescatarlos.
Tras los primeros interrogatorios, por la imprudencia de uno de los declarantes, se conoció que Castillo Quero iba en la expedición. La madre de Juan Mañas, María Morales, no ha dejado de pedir justicia para su hijo y sus compañeros, de cuyo fallecimiento se han cumplido 35 años en este mismo mes.
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