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Los regantes exigen no ser los paganos de la trama corrupta

Actualmente los regantes almerienses están obligados a la amortización de los siete grandes proyectos gestionados en la provincia por Acuamed

Miguel Cárceles

Miércoles, 20 de enero 2016, 01:01

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Una vez estallado el caso del agua, la Federación de Regantes de Almería (Feral), que organiza a los principales 'clientes' de estas infraestructuras hídricas, rechazó con dureza que sean finalmente los agricultores quienes paguen el sobrecoste de las obras «en el caso de que la investigación judicial confirme la existencia de contrataciones irregulares realizadas en el seno de la mencionada sociedad».

Según detalló la organización de usuarios de agua en la provincia en un comunicado, actualmente los regantes almerienses están obligados a la amortización de los siete grandes proyectos gestionados en la provincia por Acuamed, y que suponen un montante económico global por encima de los 680 millones de euros. «Dicha amortización es un importante lastre para miles de explotaciones agrícolas de la provincia, que pagan el agua más cara de toda España», remarcaron desde la organización de regantes de la provincia de Almería.

En este sentido, Feral anunció ayer que reclamará al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que exima a los productores almerienses del pago del sobrecoste de las obras, de modo que «nunca repercuta en nuestros bolsillos la parte del presupuesto que no se corresponde con las obras ejecutadas en realidad», explicó el presidente de la organización, José Antonio Fernández. Del mismo modo, los regantes confiaron en que el Gobierno «sea honesto y transparente con el campo almeriense y devuelva a los agricultores hasta el último euro cobrado indebidamente».

El senador del PP de Almería Luis Rogelio Rodríguez-Comendador consideró ayer que es «absolutamente razonable» que las comunidades de regantes no asuman los supuestos sobrecostes en las obras desarrolladas por la sociedad estatal de aguas Acuamed. A su juicio, en caso de que se demuestre que ha habido sobrecostes en el precio de las obras, «lógicamente» estos no debería «recaer» sobre las comunidades de regantes, para quien se debería establecer un «precio justo adecuado al de las obras».

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