UGT critica la «pasividad» de la lucha contra el juego ilegal

Una quincena de representantes sindicales de a Unión de Trabajadores de la ONCE (UTO-UGT) se concentró ayer ante las puertas de la Subdelegación del Gobierno para pedir a todas las administraciones competentes que intervengan y combatan el juego ilegal en la provincia que, según sus portavoces, implica un fraude millonario al cabo del año.

La movilización responde a una convocatoria celebrada en toda la comunidad bajo el lema 'El juego ilegal no es un juego', con la que hace un año este sindicato censura la «pasividad» de la que, a su juicio, hacen gala los responsables de erradicar esta cuestión. En concreto, sus portavoces pidieron actuaciones contra una veintena de entidades en todo el país «manifiestamente ilegales», como la OID, entre otras, «que utilizan la imagen del sorteo de la ONCE, copian sus productos y su imagen, emplean de forma torticera la discapacidad en su propio beneficio, como ha reiterado el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), y, en ocasiones, han llegado a agresiones a vendedores y vendedoras de la ONCE», informó el sindicato en un comunicado.

En este sentido, la central pidió a los almerienses que no colaboren con este tipo de sorteos y recordó que sólo está autorizada para llevarlos a término la ONCE.

La campaña expone una decena de motivos que pretenden sensibilizar a la población contra estas estafas. Según sus números, el juego ilegal engaña a más de 100.000 personas cada día, muchas de ellos mayores, además de no aportar «ni un sólo euro a las arcas públicas». «Dado que su actividad es ilegal, los vendedores no están dados de alta en la Seguridad Social y no paga ningún tipo de impuesto», reiteraron desde el sindicato, que también puso el acento en la «explotación» de los trabajadores de este tipo de entidades.

En el caso de Andalucía, a finales de 2014 había un total de diez asociaciones vendiendo juego ilegal en las calles, según UGT, para lo que utilizaron 1151 colaboradores, todos «sin derechos laborales» y con unas ventas estimadas de unos 38 millones de euros.