«Hemos tenido que ir a ver al Papa para que interceda por nosotros en España»

Softenon. Imidan. Noctosediv. Enterosediv. Varial. Insonid. La mayoría de la población es probablemente incapaz de atribuir algún significado a esas palabras. Alguna, quizá, suene a topónimo ruso. Otra, a componente técnico de algún tipo de maquinaria. A día de hoy, sólo un grupo de personas en España conoce en sus propias carnes el misterio que se esconde tras todas ellas desde hace más de medio siglo y que, desafortunadamente, las hilvana como las partes de un terrorífico todo de tan sólo diez letras y de sonido algo cacofónico: la talidomida.

El gran fantasma de la televisión en blanco y negro y una de las mayores alertas sanitarias de la década de los sesenta sigue, para muchos de sus afectados, en un punto muerto. Tanto es así que, esta semana, cien de ellos y entre ellos un almeriense han tenido que peregrinar hasta el Vaticano para pedirle al Papa que vele por sus intereses ante el Gobierno de España. «Sólo queremos un reconocimiento para nuestras madres, que quede claro que todo se debió a la talidomida y darle sentido a nuestras vidas», cuenta a IDEAL Juan Carlos Galera, huercalense de 48 años y miembro de Avite, la plataforma que agrupa en todo el país a este colectivo.

Para quien todavía siga buscando los nombres de aquellos fármacos en un atlas de cartografía soviética o en el índice de un manual de motores, conviene recordar para qué servía la talidomida, el principio activo de todos ellos: principalmente, este fármaco se recetaba para las embarazadas que presentaban unas náuseas constantes.

La excepción nacional

Lo que los ginecólogos no sabían es que esas pastillas (sintetizadas, patentadas y comercializadas en medio mundo por la farmacéutica de factura alemana Grünenthal) afectaban al feto hasta impedir el desarrollo normal de sus extremidades, provocando malformaciones congénitas en miles de niños y una esperanza de vida limitada al nacer para muchos de ellos. Galera, por ejemplo, recuerda que, de pequeño, la amenaza de su muerte prematura recorría constantemente su casa. «Yo fui de los que sobrevivió», señala.

Por contra, muchos, alrededor del 40%, perecieron al poco de ver la luz. Más allá, no hay ningún censo oficial durante estos cincuenta años «de vergüenza». Las víctimas hablan de 3.000 casos detectados en España, lo que coloca al país como uno en los que mayor número de afectados se constataron. La razón: aquí, el controvertido fármaco se suministró muchos años después de que el resto del planeta lo prohibiera. Una excepción más para un país que vivía entonces en la excepcionalidad.

Hoy, quedan unos mil españoles enlodados por aquellos barros, según estimaciones del colectivo. Los efectos de aquel medicamento no sólo se ven en los diez dedos de las manos de Juan Carlos, o en la media docena que tiene en los pies: «Se trata sobre todo del deterioro físico que aguantamos, tenemos los huesos hechos polvo», lamenta.

El oído, los ojos, el sistema nervioso central, el aparato respiratorio, el corazón o el abdomen reflejan también las secuelas, según clama Avite.

Recurrir al Papa ha sido la última de una larguísima campaña de protesta a favor de su reconocimiento como afectados y, con ello, percibir una indemnización por parte de la farmacéutica. «Queremos que Francisco interceda por nosotros ante el Estado español», sostiene Galera. «Cuando le hemos explicado nuestra situación, se ha quedado perplejo y nos ha pedido que confiemos en él», añade. Hay que recordar que el Papa, además de encabezar una confesión, lleva sobre sus hombros el peso de una jefatura de un microestado que posee uno de los mejores servicios diplomáticos del globo.

Un caso inconcluso

Esa exhortación a la confianza que tanto Galera como compañeros de batalla de Avite se han traído en su mochila desde Roma es una pequeña victoria después de que el laboratorio alemán consiguiera hace sólo unos meses que la Audiencia Provincial de Madrid anulara el pago de 204 millones de euros de indemnización al que estaba condenada. Grünenthal consiguió que aquello se juzgara como un caso prescrito. Las víctimas publicaron entonces un vídeo de felicitación en el que aplaudían irónicamente la actuación de los germanos, que, lamentan, sí han desembolsado cientos de millones de euros en ayudas para sus conciudadanos. La ética, según ellos, no prescribe.

En España, existe un real decreto de 2010 que repartió distintas ayudas en función de lo acreditado por el Instituto de Salud Carlos III. Los efectos de aquel texto, lamentan los afectados, sólo se hicieron prácticos para una veintena de personas. De no haberse revocado la sentencia contra el laboratorio, la puerta se habría abierto hacia una generalización total.

Por todo ello, Avite ha mandado en los últimos días medio millar de cartas a sendos políticos españoles con alguna responsabilidad. En ella, reclaman otro real decreto que palíe los «múltiples errores» del anterior, que el presidente de la entidad, José Riquelme, considera una «limosna». Pero, lo más importante está ahora del lado del Tribunal Supremo.

En unas semanas, todos sus jueces deberán decidir qué hacen con el recurso interpuesto contra lo dictado por la Audiencia Provincial de Madrid. De obligar de nuevo a la farmacéutica a pagar la indemnización, Avite presentará una macrodemanda para extenderla a sus 300 socios. Todo, reconocen, para obtener una compensación que, confiesan, sería «histórica además de justa». De lo contrario, lamenta el almeriense, «sólo les quedará esperar a que nos muramos».