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Operarios trabajan en las catas del Mesón Gitano, a las faldas de la Alcazaba.
El Plan Urban convocará un consejo la próxima semana para estudiar el caso del Mesón Gitano

El Plan Urban convocará un consejo la próxima semana para estudiar el caso del Mesón Gitano

El portavoz del equipo de gobierno municipal, Carlos Sánchez, asegura que la cita tendrá lugar «martes o miércoles» y que en ella se decidirá la personación de Urban

Miguel Cárceles

Sábado, 25 de abril 2015, 01:28

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El equipo de gobierno se ha visto finalmente conminado a dar explicaciones a la oposición sobre la marcha del procedimiento judicial en torno a la contratación de las obras del Mesón Gitano después de que este periódico diera a conocer la imputación de ocho personas -tres de ellas funcionarios del Ayuntamiento de Almería- en la investigación que mantiene abierta el Juzgado de Instrucción número 3 de Almería. Las diligencias llevan abiertas desde marzo del año pasado, cuando la Fiscalía Provincial de Almería denunció por la vía penal la adjudicación del contrato las obras de rehabilitación en el entorno del Mesón Gitano, en la capital, al apreciar que la actuación en el seno de la empresa municipal Almería Urban podría constituir presuntos delitos de prevaricación y de tráfico de influencias.

Tras varios meses de investigación -casi seis de ellos bajo la discreción impuesta por el secreto sumarial- la magistrada instructora acordó citar a declarar a cuatro trabajadores municipales (uno de ellos ya fuera del Consistorio) y otras cuatro personas vinculadas con empresas constructoras concurrentes. Lo hace para abundar en los hechos, presuntamente ilícitos, desarrollados durante la contratación de la obra más importante del plan de regeneración urbana del Casco Histórico de la capital. Las cifras de dicha obra, de hecho, son una muestra del calado de esta infraestructura: 5,3 millones de euros.

«El consejo se va a convocar en los próximos días, y tendrá lugar martes o miércoles», respondió ayer el portavoz del equipo de gobierno municipal, Carlos Sánchez (PP). Por el momento, el Ayuntamiento de Almería no es parte en la causa y ningún cargo político ha sido citado a declarar, ni como imputado ni como testigo.

El Grupo Municipal Socialista había recriminado al equipo de gobierno -el jueves, cuando este diario daba a conocer las citaciones judiciales- la falta de información existente por parte del Consistorio respecto de este procedimiento judicial. En cierto modo, la oposición, también IU, mostraba su sorpresa por el avance de unas actuaciones sobre las que el grupo de concejales que preside Luis Rogelio Rodríguez-Comendador aún quita hierro.

«Las decisiones que se adopten serán públicas, como siempre», avanzaba ayer Sánchez. La última reunión al más alto nivel en la empresa municipal Almería Urban tuvo lugar este martes. El Pleno de la Corporación celebraba junta general de accionistas para la aprobación de las cuentas del pasado año. No hubo más decisiones ni rendimientos de cuentas en un orden del día que ni tan solo incluía ruegos y preguntas.

En dicho consejo de administración, los miembros del Grupo Municipal Socialista, cuya portavoz es Carmen Núñez, exigirán que el Consistorio tome parte en la causa judicial con la finalidad de tener conocimiento directo de las actuaciones. Sánchez evitó ayer revelar cuál será la postura del gobierno de Comendador y su determinante mayoría absoluta al respecto de esta exigencia socialista.

El PSOE, por el momento, no ha valorado ni trasladado públicamente la posibilidad de personarse como acusación popular en la causa. Sí que lo ha hecho, sin embargo, en otros procedimientos como el de La Fabriquilla (que investiga la legalidad de una licencia de obras para viviendas de lujo en Roquetas de Mar, causa en la que se encuentra imputado el alcalde, Gabriel Amat, y gran parte de su equipo de gobierno) o Gasolineras (sobre la legalidad de los permisos de una estación de servicio en la capital, querella que recae, entre otros, sobre el concejal de Urbanismo y diputado autonómico Pablo Venzal).

Dos denuncias en el origen

Quienes no podrán participar en el consejo extraordinario de Almería Urban serán los miembros de UPyD. No tienen presencia en el plenario y eso les deja al margen del órgano. Sin embargo, y pese a estar fuera de la Corporación, fueron ellos los que denunciaron el caso en Fiscalía -junto con el Colegio Oficial de Arquitectos de Almería-. Sus apenas dos folios, registrados en la sede del Palacio de Justicia de la capital, alertaban de que los detalles «anómalos» encontrados en el procedimiento contractual «permiten pensar que se ha buscado de forma premeditada e intencionada la resolución del concurso a favor de Facto, la empresa que ha resultado adjudicataria».

Entre las presuntas irregularidades denunciadas por la formación magenta estaba «la presentación al concurso de dos proyectos idénticos firmados por dos equipos técnicos diferentes y con dos ofertas económicas muy dispares», una situación que, a su juicio, «puede constituir un caso de colusión entre las dos empresas licitadoras».

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