El fiscal sospecha de la actuación de Ortiz Bono en los permisos de olivar en Tabernas

La denuncia era trasladada al decanato de los juzgados de Almería a inicios del pasado mes de febrero, y en ella el Ministerio Público explicita sus sospechas sobre la actuación del delegado territorial de Agricultura y dos técnicos de la Consejería que participaron en la elaboración y valoración de los expedientes, iniciados todos en el año 2013. La sección de Urbanismo y Medio Ambiente de la Fiscalía reclama, por ello, al juez que en función del turno de reparto investigará este caso, el de Instrucción número 1 de la capital, que cite a declarar «en calidad de imputado» tanto al actual delegado en funciones como a los dos técnicos autonómicos.

La investigación del fiscal parte de una denuncia inicial del Grupo Ecologista Mediterráneo. La organización conservacionista alertaba en septiembre del año pasado de presuntas irregularidades en la otorgación de permisos de cambio de uso de forestal a agrícola a la empresa Gespater. Concretamente, los permisos los había solicitado para unos terrenos de cerca de 300 hectáreas en el Campo de Tabernas. El GEM insistía en que podría haber existido una actuación presuntamente prevaricadora «al haberse fragmentado la autorización en tres expedientes sobre extensiones ligeramente inferiores a las 100 hectáreas», evitando de este modo que tengan que someterse a un preceptivo informe de impacto ambiental.

«El examen de los expedientes evidencia irregularidades y omisiones que hacen precisa la incoación de diligencias previas», reconoce, por su parte, el Ministerio Público, que recuerda la necesidad de «autorización ambiental unificada» para la conversión del uso de los terrenos ahora investigados debido a que la explotación agrícola iba a ser de regadío, por mucho que más tarde se pidiera su conversión a secano. Además, por sus características, «la competencia para dictar la resolución autorizando el cambio de uso ya no correspondería al delegado sino a la Dirección General», quedando por lo tanto fuera de las atribuciones que ostenta Ortiz Bono.

Durante las primeras indagaciones, las efectuadas por la propia Fiscalía, un informe técnico de la Consejería contradice las tesis del fiscal y asevera que no se requeriría de dicha autorización ambiental unificada «porque ésta solo es precisa para la eliminación de la cubierta vegetal arbustiva», y consideran que no se incluiría en este concepto especies de matorral. Sin embargo, en uno de los tres expedientes, en el que sí que se indagó sobre la repercusión del proyecto en hábitats naturales y en especies amenazadas de flora y fauna, se detectó la presencia de una especie protegida que no pudo ser detectada en el resto de parcelas porque «no se emitió ningún informe sobre ello». Pese a todo, los tres expedientes obtuvieron el visto bueno de la Administración autonómica.

El fiscal pone de relieve que en dos de los expedientes faltarían, por lo tanto, los informes sobre la repercusión del cambio de uso en los hábitats naturales y sobre la presencia de especies amenazadas, al margen de que también se requeriría de la autorización ambiental, ausente en todo el proceso. «La omisión de trámites esenciales del procedimiento de forma patente y clamorosa, en abierta contradicción con el ordenamiento jurídico, puede constituir delito de prevaricación conforme a reiterada jurisprudencia», advierte el Ministerio Público.

Además de la declaración como imputados del delegado territorial de Medio Ambiente y de dos técnicos de la Consejería, ambos jefes de servicio en la Delegación Territorial, el Ministerio Fiscal reclama que agentes del Seprona de la Guardia Civil practiquen una inspección ocular de la explotación agraria y eleven un informe que determine si la transformación se ha ajustado a las autorizaciones concedidas. Asimismo, reclama una prueba pericial por parte de técnicos ajenos a la Administración autonómica para que informen sobre las especies existentes en las parcelas antes de la plantación y las repercusiones medioambientales del cambio de uso efectuado.

Los campos de la depresión existente entre la sierra de Los Filabres y Sierra Alhamilla, entre Tabernas y Sorbas, han sido objeto de un espectacular cambio de uso en la última década. Miles de olivos han poblado las amplias extensiones de llanura existentes hasta haber elevado la producción oleícola un 25% en la provincia de Almería sólo en los últimos cinco años hasta llegar a los 11.850 toneladas en la campaña 2013-2014.

Según los datos de la memoria del Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas (2009), en el momento en el que se redactó existían 221 hectáreas de olivo de regadío en la comarca de Filabres-Alhamilla. En 2012, y según los datos del Instituto de Estadística de Andalucía, entre los municipios de Lucainena de las Torres, Tabernas, Tahal y Uleila del Campo, la superficie de olivos en regadío alcanzaba ya las 3.679 hectáreas, 16 veces más que tres años antes.

El Grupo Ecologista Mediterráneo, denunciante en primera instancia del caso ahora en investigación en el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, ha venido mostrando en los últimos tiempos su preocupación por la «sobreexplotación» de la masa de agua subterránea de Aguas, especialmente en distintos subsistemas en explotación. «En los últimos años venimos observando como la situación descrita está empeorando sin que se tomen ningún tipo de medidas para solucionarla», advirtió el GEM en un escrito presentado en la Consejería de Medio Ambiente en junio, dos meses y medio antes de hacer efectiva la denuncia en Fiscalía. «El acuífero parece abocado a un proceso de sobreexplotación, proceso que sin duda acabará con la riqueza ecológica, hidrogeológica y cultural», razón por la cual consideran que «es urgente» que la Consejería tome «las medidas necesarias para disminuir el volumen extraído del acuífero».

Dentro de las posibles soluciones, reclaman la aportación de agua desalada de Carboneras y «el cierre o la disminución» del volumen extraído en los sondeos actuales, así como que no se autorice «en la zona» ninguna nueva «transformación en regadío o cualquier actividad que suponga un incremento en la explotación del acuífero».