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Protesta de trabajadores en la capital el pasado año.
Las demandas por despido bajan un 23%, la mayor caída desde el inicio de la crisis

Las demandas por despido bajan un 23%, la mayor caída desde el inicio de la crisis

Los juzgados registran en los últimos ocho años más de 16.000 requerimientos en este terreno, aunque la trayectoria es a la baja desde 2013

Javier García Martín

Miércoles, 18 de marzo 2015, 01:49

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Los más optimistas sobre la recuperación de la economía tienen un nuevo dato que celebrar: el último ejercicio anual se cerró con una notable caída del 22,7% del número de demandas por despido. En términos absolutos, la provincia se ha situado por primera vez bajo el umbral de las 2.000 denuncias hasta situarse en las 1.907, un terreno al que no volvía desde 2008, cuando todo empezó.

En total, los juzgados de lo social de toda la provincia han recolectado durante los últimos ocho años 16.054 requerimientos de este tipo, entre los que se incluye la extinción por causas objetivas y la impugnación de modificación de condiciones de trabajo o traslados individuales, según ha podido medir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su reciente informe 'Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales'.

La caída en Almería fue durante el último año tres puntos superior a la media nacional (19,5%), el mayor descenso en los últimos tiempos para este indicador.

Estos datos, no obstante, esconden una segunda lectura que ofrece un panorama algo más pesimista sobre la situación actual. Estas demandas se plantean una vez fracasados los actos de conciliación o mediación entre las partes cuando el trabajador así lo estima.

Una disminución en estas tasas no son, automáticamente, un paso más hacia la paz social. Factores como la burocracia, los costes, o el menor número de trabajadores juegan también su papel en esta disminución.

Un análisis similar ofrecen los resultados de otro indicador judicial relacionado con el ámbito de lo laboral. Desde 2007, se han presentado en los juzgados mercantiles de la provincia unos 520 concursos, 89 de ellos durante el último año.

Aunque la tendencia también es a la baja (eso sí, mucho menor, solo del tres en 2014), podría argumentarse que estas tasas son consecuencia del adelgazamiento del músculo empresarial almerienses al que ha obligado la crisis. De hecho, el del pasado ejercicio fue el segundo peor registro desde que comenzó el cataclismo económico frente al frenazo en el resto del país, cuyo promedio fue del 25,7% de caída.

Dos concursos concluidos

En cualquier caso, el informe advierte que este indicador comprende aquellas solicitudes presentadas por el deudor, «sea persona natural o jurídica, y por cualquiera de sus acreedores».

En cuanto a los concursos declarados, esta cifra volvió a aumentar por segundo año consecutivo hasta los 55, un 12,2% más. El informe recoge en este apartado todos los autos judiciales dictados que abren la fase común de tramitación del concurso y determinan su carácter (necesario o voluntario) «y los efectos sobre las facultades de administración y disposición del deudor respecto de su patrimonio».

De ellos, solo dos se declararon concluidos en función del artículo 176 de la Ley Concursal, que lo posibilita en el mismo auto de su declaración, cuando el juez aprecia de manera evidente que el patrimonio del concursado no puede satisfacer los créditos contra la masa del procedimiento, ni se prevén acciones de reintegración, impugnación o de responsabilidad de terceros, según el informe.

Durante el pasado año, además, se liquidaron 56 concursos y se produjeron 22 convenios (acuerdo entre las partes para la reducción o aplazamiento de los créditos), dos de las soluciones previstas por la ley.

Por último, otro factor que se desprende del mismo estudio es la caída de las demandas por reclamaciones de cantidad, que han vuelto a registros de 2007, año cero de la crisis.

En este tiempo, los registros de los juzgados de lo social recibieron 14.713 denuncias de este tipo, entre las que se incluyen las relativas a la responsabilidad civil por incumplimiento de obligaciones en materia de Seguridad Social, recargo por omisión de medidas de seguridad e higiene en el trabajo, tercerías en ejecución de sentencias y sanciones disciplinarias. De ellas, 1,494 se presentaron en 2014, un 20,2% menos, otra caída tras la que se esconde la misma pluralidad de conclusiones.

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