La Fiscalía formula denuncia por ayudas a las Utedlt, que investigará el Juzgado de Instrucción 5

El Juzgado de Instrucción 5 de Almería será el encargado de investigar las presuntas irregularidades detectadas en la contratación de personal para la gestión de ayudas concedidas por la Junta a las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt) durante los ejercicios 2010 y 2011 en la provincia.

Fuentes jurídicas han indicado que la causa, remitida al Decanato, ha recaído en este órgano tras la denuncia de la Fiscalía que pide que incoe procedimiento penal para la comprobación de los hechos denunciados y la averiguación de los responsables.

En el caso de la provincia, la investigación se circunscribe a las diez unidades operativas, que habrían recibido en estos ejercicios ayudas por valor de alrededor de 5,5 millones de euros.

La denuncia del Ministerio Público señala que, de los informes y la documentación incorporados a las diligencias de investigación se deduce la posible existencia, indiciaria y a la espera de una más depurada calificación, de un delito de malversación de caudales públicos.

Antes de judicializar el caso, la Fiscalía ofició, además, a la Policía Judicial para que elaborase un informe ampliatorio con respecto al que sustenta el decreto de remisión de la Fiscalía Superior de Andalucía y centrado en las ayudas concedidas para las Utedlt en la provincia almeriense.

En lo remitido al Decanato de los Juzgados figura, asimismo, testimonio de las diligencias de investigación penal que abrió precisamente la Fiscalía Superior a raíz de la denuncia del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF).

La citada denuncia del SAF se originó por el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía, que recogía, al igual que la Unidad Adscrita de Policía Judicial, "la opacidad en la finalidad de las subvenciones y las irregularidades en los procesos de selección de personal".

En este sentido, la Cámara concluía que "un dos por ciento de las personas seleccionadas no estaban inscritas en el SAE como demandantes de empleo" y que en un 48 por ciento de los casos no había mediado convocatoria pública. "Es más, los directores recibían incentivos, indemnizaciones y salarios de miles de euros".

La Cámara, según el SAF, detectó también "deficiencias en el uso de herramientas de control, determinando que los procedimientos elegidos resultaban confusos, insuficientes e incompletos", por lo que concluyó que "de todo ello, se podrían desprender indicios generadores de responsabilidad penal".

DECRETO DE LA FISCALÍA SUPERIOR DE ANDALUCÍA

Por su parte, la Fiscalía Superior reseñó que "los consorcios se financiaban con las aportaciones de la Junta de Andalucía" y que el SAE, dependiente de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, "sufragaba el cien por cien de los gastos del personal que conformaban la estructura básica y aportaba un porcentaje de cofinanciación de los costes salariales de la estructura complementaria".

Así, en su decreto aludía a "deficiencias, anomalías o irregularidades localizadas en la concesión de las subvenciones concedidas por el SAE de las que se podrían desprender indicios generadores de responsabilidad penal al no existir constancia de la realización de la actividad que tendrían que haber desarrollado los consorcios receptores de las ayudas".

"Será preciso, por tanto, analizar de manera pormenorizada los mecanismos de concesión y control de estas ayudas en orden a determinar las personas responsables", añadía.

En el decreto dictado al respecto, el fiscal andaluz señala que durante los años 2010, 2011 y 2012 el SAE concedió ayudas por un valor total de 57.340.676 euros a los 95 consorcios Utedlt, operativos desde 2002.