Un abogado denuncia a Comendador por mantener símbolos franquistas

El abogado especializado en Derechos Humanos, Eduardo Ranz, presentó este miércoles una denuncia contra el alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador, por un supuesto delito de desobediencia que habría cometido al vulnerar la Ley de Memoria Histórica, que obliga a las Administraciones a retirar la simbología franquista.

Comendador ha entrado así en el grupo de 38 regidores de todo el país contra los que este letrado ha presentado una demanda.

En la capital, existe en la fachada principal de la sede de la delegación de la Agencia Tributaria del Paseo de Almería un escudo franquista tallado en piedra caliza integrado en la ornamentación del edificio, situado en planta primera sobre el balcón central. Además, en el patio interior se observa un escudo tallado en mármol formando parte de la ornamentación de la fuente que preside el patio.

El abogado recuerda que el artículo 15 de Ley de Memoria Histórica obliga a las Administraciones Públicas a tomar las medidas oportunas para retirar los escudos, las insignias, las placas y otros objetos o menciones conmemorativas de la «exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura». El abogado acusa a Comendador así como al resto de regidores de un delito de desobediencia tipificado en el artículo 410 del Código Penal, que lleva aparejado una multa de tres a doce meses y una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

Yugos y flechas

El instituto Celia Viñas, la Escuela de Arte y Oficios, la Catedral, decenas de viviendas de promoción pública construidas bajo el imperio del yugo y las flechas, el colegio Juan Ramón Jiménez y algunas calles de la capital (del Crucero Canarias, Belchite) reflejan todavía este periodo de la historia española.

De forma subsidiaria, el abogado cree que los hechos podrían ser constitutivos de una falta contra el orden público del 634 del Código Penal, que contempla una pena de multa de diez a sesenta días. Ranz afirmó en un comunicado que confía en que «cese la impunidad» de quienes incumplen la ley de memoria histórica, al tiempo que ha considerado que retirar los vestigios es una cuestión de «dignidad». «Nadie se imagina que en Berlín quede una sola esvástica», comparó el letrado.