El Algarrobico, un largo parto

Resulta muy complejo abordar la enrevesada historia de un proyecto que lleva ejecutándose décadas y ocho años paralizado. Parado exactamente desde que el magistrado almeriense Jesús Rivera, al frente del Juzgado Contencioso-Administrativo, tomó la decisión de ilegalizarlo. Una resolución, conviene recordarlo, que a la altura del año 2006 fue interpretada como un duro golpe judicial contra la administración Chaves que defendía BOJA en mano, a capa y espada, el proyecto desde su planificación y arranque. Y también contra el ayuntamiento de Carboneras, gobernado por el PSOE, cuyo alcalde entonces fue capaz de engatusar a todo un pueblo con un proyecto que a punto estaba de concluir y ser inaugurado. Es más, los promotores de la fea pirámide blanca y truncada del Cabo de Gata, a esas alturas, ya estaban negociando con ejecutivos de la ONCE, dueños de la cadena hotelera Confortel, para que se hiciesen cargo de la gestión del establecimiento.

En esta ocasión de poco o de nada pudo influir en el magistrado Rivera el clamor popular de los carboneros a favor del hotel. Algo que sí sucedería posteriormente con los roqueteros, a cuenta de otra polémica decisión judicial suya contra la Junta, como fue decretar la legalidad de la apertura del Centro Comercial Gran Plaza de Roquetas. Un emblemático proyecto de Gabriel Amat que la Junta quería cerrar, sí o sí, pese a encontrarse funcionando a pleno rendimiento y con miles de puestos de trabajo directos e indirectos.

Una sentencia bomba

La sentencia de esta semana sentó como una bomba en el seno del gobierno de Susana Díaz, que prometió llegar hasta el límite legal permitido para lograr el ansiado derribo definitivo del hotel. El ejecutivo andaluz, por activa y por pasiva, ha venido manifestando públicamente de un tiempo a esta parte su abierta oposición al atentado urbanístico que supone la obra para un litoral protegido. Una oposición especialmente contundente y sonora desde que el PSOE gobierna en coalición con IU. Porque no conviene olvidar, a la vista de las múltiples declaraciones gubernamentales favorables al derribo de la veintena de plantas, que el proyecto de El Algarrobico fue, desde sus inicios, un proyecto impulsado, bendecido y autorizado por gobernantes socialistas. (Proyecto, por cierto, contra el que tampoco actuó el gobierno del PP de José María Aznar). Es el propio PSOE el que cambia sobre la marcha su posición cuando comprueba la fuerte oposición de los grupos de defensa medioambiental y, sobre todo, cuando empiezan a llover resoluciones judiciales contra el proyecto. Las administraciones socialistas, en Madrid y Sevilla, por este orden, no tuvieron empacho a la hora de recular y ponerse al frente con la pancarta opositora en un gesto claramente oportunista que a mucha gente no les pasó desapercibido aunque olvidado.

A esas alturas de la manifestación casi nadie en el PSOE quiso acordarse del papel jugado por políticos socialistas almerienses y andaluces, como el poderoso ex consejero Martín Soler, apoyando El Algarrobico desde que ocupó la delegación de Medio Ambiente en Almería.

De hecho las primeras andanadas que recibió el polémico hotel llegaron desde Madrid, de la mano de la ministra Cristina Narbona, veraneante habitual en el Cabo de Gata, que acabó tarifando en público con el líder Soler a quien llegó a dedicarle una durísima «carta abierta» tras ser nombrado consejero de Agricultura por Manolo Chaves.

Cuatro ministros de Medio Ambiente -el presidiario Jaume Matas entre ellos- y tres presidentes de la Junta han tenido en sus manos responsabilidades políticas en estos años en el asunto Algarrobico.

PSOE y PP de acuerdo

En el nivel político almeriense no solo el PSOE defiende, aunque en tono menor, el mantenimiento y la apertura del hotel. Ese trabajo Sánchez Teruel se lo deja a su politólogo de cabecera, Amérigo Fernández, secretario de Ideas de la CEP y sobrino del ex alcalde indultado de Carboneras. También el PP y su máximo líder provincial, Gabriel Amat, vienen manteniendo la misma posición pero sin complejos. Algo que el socialista Cristóbal Fernández, eufórico esta semana por la sentencia, ha acabado reconociendo en tono positivo como un gesto de coherencia, por encima de las siglas, por parte del jefe de filas de la derecha almeriense. Solo IU se mantiene donde siempre estuvo: radicalmente en contra.

Pero Fernández ha dicho algo más que viene a demostrar el peso de la ambigua y truculenta historia política que confluye en este atentado urbanístico. Ha contado que, tras la sentencia, ha recibido infinidad de llamadas de felicitación desde administraciones supuestamente favorables al derribo. «Dicen lo contrario de lo que piensan, solo buscan el rédito político», ha sentenciado, parece que señalando a sus compañeros del PSOE.

Con tres resoluciones del Tribunal Supremo y cuatro de la Audiencia Nacional contrarias al hotel -solo dos del TSJA favorables- los defensores de la apertura no debieran consumir todos los cohetes en estos días. Parece que queda trecho jurídico por delante en el Supremo. La promotora Azata del Sol se ha mostrado cauta y dialogante, con una propuesta inteligente de naturalizar el mastodonte. Los ecologistas siguen en pie de guerra, anunciando acudir a Europa y querellarse contra los jueces de Granada. La Junta dice que peleará hasta el final por el derribo. Y el actual alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, proclama salomónicamente que aquí no hay ni vencedores ni vencidos. En realidad los que vamos a perder somos los contribuyentes, los mismos que acabaremos pagando con nuestros impuestos- poco o mucho, depende- un cúmulo de errores políticos y administrativos cometidos - incluidas sentencias judiciales contradictorias- desde que comenzó el largo y difícil parto de El Algarrobico y que muchos siguen queriendo abortar.