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El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, muestra el terreno en cuestión, durante su comparecencia el pasado mes de marzo.
El juez cita a declarar como imputado al alcalde de El Ejido por la compraventa de un terreno

El juez cita a declarar como imputado al alcalde de El Ejido por la compraventa de un terreno

Será este viernes, por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, falsedad en documento público y tráfico de influencias

ELIZABETH DE LA CRUZ

Miércoles, 23 de julio 2014, 01:42

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El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, así como José Gabriel Góngora Cara, Gabriel Góngora Peralta, Serafín López Pizarro y Agrícola Euro-Alpujarra SL en la persona de su representante legal, deberán prestar declaración como imputados «por los delitos contra la Hacienda Pública de los artículos 305 y concordantes del Código Penal; de blanqueo de capitales de los artículos 298 y siguientes del cuerpo legal meritado; de falsedad en documento público de los artículos 390 y siguientes del Código Penal; y de tráfico de influencias de los artículos de 428 y siguientes del Código Penal», el próximo viernes, 25 de julio de 2014, a las nueve de la mañana, en el Juzgado de Instrucción número 2 de El Ejido. Así al menos lo refleja el auto dictado por este juzgado con fecha de esta misma semana, concretamente del pasado lunes 21 de julio, al que ha tenido acceso IDEAL.

En esta línea, y tras conocerse hace cuatro meses el contenido de un auto anterior dictado por la Audiencia Provincial de Almería, que volvió a remitir al Juzgado de Instrucción número 2 de El Ejido la instrucción de las diligencias previas por la denuncia tramitada en mayo de 2011 por el Partido de Almería contra el actual al alcalde ejidense -por su presunta implicación en una operación de compraventa de terrenos en el año 2004 de la que le acusaron haber obtenido un beneficio de 1,2 millones de euros-, Góngora deberá prestar declaración esta misma semana y explicar las circunstancias en las que se produjo dicha operación.

Casi 300.000 euros

De hecho, en el último auto dictado por el juez titular del Juzgado número 2 de El Ejido, Francisco José Domínguez Ureña, se recoge como hecho que «habiéndose recibido dictamen de la AEAT donde el funcionario actuante pone de manifiesto la posible existencia de un delito fiscal por conceptos atinentes al pago del impuesto de sociedades de 2007 en cuantía estimada de 296.072, 03 euros»; y a su vez, se observan a su vez «indicios de la comisión de un delito de blanqueo de capitales al haberse invertido, siquiera parcialmente, el producto del meritado delito en la adquisición de determinados bienes raíces, constando, asimismo, la incorporación de un documento privado de contenido indiciariamente mendaz a un protocolo público, y finalmente, debiendo determinarse la posible existencia de un delito de tráfico de influencias». Ante todas estas consideraciones, el juez estima que «se hace necesaria la práctica de determinadas diligencias instructoras en aras de la cabal averiguación de las conductas denunciadas».

Asimismo, en la parte dispositiva del auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 2 de El Ejido, se requiere, por un lado, «al administrador o representante legal de Agrícola Euro-Alpujarra SL y de Murgi Edificaciones SL para que aporten contrato original de compra y venta de fecha de 19 de abril de 2004, en el caso de existir bajo los apercibimientos legales». De igual manera, se requiere también a ambos responsables que aporten «contrato original de compra y venta de fecha de 21 de agosto de 2007».

El auto refleja el inicio del procedimiento de nombramiento «de entre la lista de peritos establecida al efecto de un agente de la Propiedad Inmobiliaria y un arquitecto superior para la valoración de los inmuebles transmitidos según el precio del mercado existente en la fecha de la transacción», y que funcionarios de la Policía Judicial se dediquen a «la averiguación de los precios de venta declarados en escrituras públicas para inmuebles de características análogas a los transmitidos».

Estas diligencias previas a la denuncia presentada por el Partido de Almería en el año 2011, contemplan además que se realice una prueba «caligráfica de los imputados para determinar la posible autoría de las anotaciones existentes en el documento de compraventa acompañado con la denuncia de fecha 19 de abril de 2004», y que se requiera al Ayuntamiento de El Ejido «para que aporte el documento mencionado de fecha de 19 de abril de 2004 para el caso de obrar en alguno de sus protocolos, acompañándose copia del mismo para su adecuada identificación».

Embargo de 2,3 millones

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de El Ejido también pide que se proceda al embargo de bienes de propiedad a los imputados «suficientes para cubrir una cantidad de hasta 2.368.576,24 euros», y se les otorga un plazo de diez días para que manifiesten «relacionadamente bienes y derechos de su propiedad susceptibles de embargo hasta una cantidad máxima de 2.368.576,24 euros bajo apercibimiento de desobediencia grave».

Por último, se emplaza «al abogado del Estado en la sede de la Abogacía del Estado de Almería para que comparezca en presentes autos al estar empeñados en las actuaciones los intereses del Estado». En cualquier caso, contra este auto cabe recurso de reforma y subsidiario de apelación por el plazo de tres días.

Con todo, habrá que esperar a conocer la declaración del alcalde ejidense.

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