Sumarios de nunca acabar

El periodista hace un repaso en este informe a los casos que se encuentran en los juzgados

PEPE FERNÁNDEZALMERÍA
Sumarios de nunca acabar

Que los juzgados de Almería estén atascados y saturados de procedimientos no es ninguna novedad. Ocurre en prácticamente en todos los órganos jurisdiccionales del país. Solo en Almería, durante el ejercicio de 2012, la Fiscalía tramitó un total de 88.906 diligencias previas, frente a las 73.938 del año anterior. Una institución, la del Ministerio Fiscal, claramente infradotada de medios y posiblemente la que mayor trabajo soporta porcentualmente en todo el Estado, según manifestaba en la correspondiente Memoria Anual el Fiscal Jefe de Almería.

No obstante, siendo cierta la enorme carga de trabajo de la Administración de Justicia en la provincia, aumentada a consecuencia de los efectos de la gran crisis, llama poderosamente la atención el hecho de que numerosos procedimientos de gran impacto social, mediático y político se hayan convertido en un amplio ramillete de eternos sumarios de nunca acabar.

A lo largo de los últimos años los medios de comunicación han ido dando cuenta, en mayor o menor medida, de casos escandalosos de corrupción que, pasado el tiempo, duermen el sueño de la injusticia en los recovecos de la dilación, de la desidia o del sesteo procesal. En demasiadas ocasiones con la espada de la prescripción colgando sobre muchos de ellos y muchas veces ese retraso se convierte en el clavo ardiendo de los presuntos delincuentes y de sus abogados defensores.

Con el nuevo año llegan o están por llegar más casos de este tipo a los juzgados de instrucción de Almería, con costurones políticos muy notables. No obstante, dados los precedentes en actuaciones similares, procede dar la voz de alarma y llamar la atención sobre los que, desde hace años, siguen atrancados en las respectivas sedes judiciales. En unos casos posiblemente por falta de medios, pero también no convendría descartar una aparente falta de voluntad de los instructores a la hora de dictar resoluciones que, sin duda, incomodan especialmente al poder político o económico. Máxime en una provincia donde el caciquismo de uno y otro signo son más que evidentes por conocidos. Hay casos en los que han sido varios los jueces o magistrados que han intervenido en los mismos, una situación que necesariamente provoca el lógico retraso hasta que el sustituto se entera de lo instruido por su predecesor. Testigos y sufridores de estas situaciones son los profesionales, abogados y procuradores, pero sobre todo los justiciables o usuarios de una administración judicial que, cuando es lenta en su aplicación, no es verdadera Justicia. Tampoco conviene olvidar el papel que, en algunos casos, pueden estar jugando los poderosos a través de sus tentáculos con terminales en las sedes judiciales. (Ahí quedaron las charlas de Juan Enciso con el Teniente Fiscal, Fernando Brea, en el caso Poniente). Esta circunstancia se hace evidente, sobre todo, cuando influyentes personajes son los que acuden pidiendo amparo y denunciando a quienes les denuncian. Un sistema de «autoprotección» que singularmente escapa a la sensibilidad de las togas que, en estas ocasiones, sí aceleran los procesos de forma inaudita. Sin olvidar que, esos influyentes bajo sospecha, disponen de dinero, poder y medios suficientes como para costear caras defensas jurídicas, algunas veces financiadas desde las instituciones que pagamos todos.

El pasado mes de diciembre, en la Universidad de Sevilla, se celebró una mesa redonda sobre «El Código Penal frente a la Corrupción» en la que intervinieron el Fiscal Superior del TSJA, Jesús García Calderón, el magistrado del Supremo Juan Ramón Berdugo y Ángel Juanes en calidad de presidente de la Audiencia Nacional. Este último reconoció, junto a sus compañeros de mesa, lo difícil que resulta para un juzgado de pueblo, e incluso el de una capital de provincia, instruir un macroproceso, defendiendo que debieran ser instancias superiores con mayor dotación de medios las que se encargaran de esas complejas investigaciones. La figura del juez natural no parece, por tanto, muy compatible con la eficacia en la resolución justa de esas grandes causas.

Los casos interminables

Sin ánimo de ser exhaustivos, casi una docena de procedimientos judiciales con políticos de por medio o encuadrados en tramas de corrupción económico y política, se instruyen desde hace años en Almería sin la celeridad y la contundencia con la que otros jueces investigan casos de corrupción en el resto de Andalucía o España.

De todos ellos el de la Operación Poniente es el más llamativo y escandaloso, aunque no el único.

Una instrucción que arrancó formalmente en abril de 2008 -camino de cumplir ya los seis años- que sigue abierta en Almería, tras haber pasado por la mano de varios magistrados. Las últimas noticias referidas a esta Causa hablaban de que solo faltaban unos informes a elaborar por la Agencia Tributaria encargados hace años y que, según se informó oficialmente, estarían concluidos antes de que acabase 2013. En estos últimos tres años poco o nada se ha avanzado, salvo el sorprendente levantamiento de alguna imputación o de determinadas medidas cautelares a algunos de los casi setenta imputados en la Causa. Nadie duda a estas alturas que el día que se abra la vista oral, aún no fijada, el gran titular periodístico será el rosario de nulidades que pedirán las defensas.

El latrocinio de El Ejido entorno a la empresa semipública Elsur, más de un lustro después, arroja un balance social y político estremecedor. Un ayuntamiento en la bancarrota, capitaneado por el delfín de Enciso al que abandonó y un centenar de trabajadores heredados de forma traumática y cruel.

Pero junto al publicitado Caso Poniente, la lista de asuntos pendientes con perfiles políticos es demasiado extensa y sospechosa en las instancias judiciales almerienses.

Caso Rambla Morales

Más de un centenar de millones invertidos, privados y públicos. Una gestión discutida. Más de quinientos agricultores denunciantes, afectados por la ejecución de embargos pretendida por la entidad - La Caixa- que prestó el dinero para la faraónica obra, impulsada por el líder del PSOE Martín Soler. Hoy la desaladora está inactiva. Hace años se sigue tramitando lentamente en el Juzgado Nº 6 de Almería.

Caso Rifá

Desde el 31 de mayo de 2012 en el Juzgado Nº 3 de Almería se investiga una trama de personas, liderada por el conocido empresario Miguel Rifá i Soler, «perfectamente organizadas para defraudar a la Hacienda Pública a gran escala» según el Servicio de Vigilancia Aduanera que judicializó sus investigaciones con una denuncia con cerca de 600 folios, incluida su documentación correspondiente. Rifá, con familiares y testaferros, están acusados de una serie de delitos fiscales como falsedad en documento mercantil, alzamiento de bienes y evasión de capitales hacia el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes en el Caribe. En la investigación del SVA, además, aparecen de forma reiterada socios del empresario, siendo los más llamativos los familiares del más poderoso político almeriense, Gabriel Amat Ayllón. Estiman los investigadores, en base a datos oficiales a 12 de marzo de 2012, que la deuda agregada total pendiente de Rifá y su entorno empresarial asciende a la astronómica cifra de 58.313.736,38 Euros. De esta compleja investigación poco o nada ha trascendido a la opinión pública, desconociéndose el que se hayan tomado medidas cautelares sobre los imputados y el estado de la macroinvestigación.

Caso Auditorio de Roquetas

Este asunto lleva casi una década rodando por las instancias judiciales. Un sobrecoste del 120% en la ejecución de la obra -de siete a 16 millones de euros- fue el motivo por el que la oposición en el Ayuntamiento de Roquetas presentó denuncia en su día. El juzgado de Roquetas paralizó las diligencias, en tanto el TSJA dictaminase sobre la legalidad o no de la ampliación, en contra de los informes técnicos municipales. Pasaron siete añs y el TSJA acabó declarando ilegal la decisión del ayuntamiento en favor de la constructora Hispano Almería, ejecutora de la obra. El PSOE volvió a plantear la reapertura de las investigaciones encontrándose con la sorprendente negativa de la juez de Roquetas encargada de la Causa. El asunto está desde hace tiempo en manos de la Audiencia donde aún no se han recibido los Autos. La acusación, ejercida por el letrado Antonio Ruano en nombre del PSOE, ha incorporado documentación de la contabilidad B de HALSA donde se demostraría el pago de millonarias comisiones a políticos y técnicos con cargo a la obra del auditorio. IU ha anunciado que llamara próximamente al alcalde Gabriel Amat al Parlamento para que explique un sospechoso sobrecoste del 120%, superior al del Canal de Panamá.

Caso La Fabriquilla

Lentamente, desde hace años, un juzgado de Roquetas investiga un pelotazo urbanístico protagonizado por dos cargos de la Caja Rural/Cajamar a través de la SAT Las Hortichuelas con la complicidad del Ayuntamiento de Roquetas. Una finca rústica de la familia Kaiser fue vendida por 450 millones de pesetas, tras la negativa municipal a modificar el PGOU para que una parte pudiese ser urbanizada. Tras la compra por parte de la SAT, en el pleno municipal, el portavoz de la oposición del PSOE, Juan Francisco Ortega Paniagua, fue el que in voce propuso las mismas modificaciones que la familia Kaiser que esta vez sí fueron aceptadas. Previamente, los nuevos propietarios, obtuvieron un crédito de hasta 1425 millones sobre la finca. Los antiguos propietarios se sintieron estafados y engañados, planteando la correspondiente denuncia ante la Fiscalía que la judicializó. Y ahí sigue, lentamente. Un año ha tardado la juez que instruye el caso en «localizar» al ex concejal de urbanismo, José María González, para que acudiese a declarar como imputado.

Caso Trama Gabriel Amat

Hace casi dos años, la asociación anti corrupción AMAyT, presentó en la Fiscalía Superior una extensa denuncia contra el alcalde de Roquetas y presidente del PP Gabriel Amat. En la misma, junto a un extenso catalogo de supuestas irregularidades, también se incluyó el Caso de la Fabriquilla. La Fiscalía dictó decreto de remisión y, considerando que existía conectividad en el tiempo en los hechos denunciados, trasladó al Juzgado de Roquetas el contenido de la misma para que la uniese al de La Fabriquilla. Desde hace meses la UDYCO trabaja en el asunto y últimamente se especula con la posibilidad de que sea convertida en pieza separada del primer caso. Gabriel Amat, que fue informado por la Fiscalía Superior de que iba a ser investigado, respondió con una querella contra los denunciantes, denuncia que marcha a más velocidad que las demás en un juzgado de Roquetas.

Caso cheques de la Junta

El robo de casi 300.000 euros de una cuenta de la delegación de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta, no controlada por la Intervención, en talones sistemáticos al portador, fue denunciado en abril de 2013 por el propio delegado. En el Juzgado Nº 1 se abrieron diligencias. Compareció el anterior titular, Clemente García, quien echó toda responsabilidad sobre su sucesora Sonia Rodríguez. Y ahí sigue abierto el caso sin que los miles de euros robados hayan sido repuestos ni el autor material haya sido detenido e imputado.

Caso Facturas del Patronato

Tras más de un año del PP en el gobierno provincial y parece que como respuesta a la ofensiva del PSOE por el Caso Auditorio, el vicepresidente popular llevó a Fiscalía una denuncia sobre el hallazgo de facturas falsas en el Patronato de Turismo. El caso recayó en el juzgado Nº 6 y con una celeridad insólita, su titular Durbán Sicilia, ordenó imputaciones e incluso medidas de prisión contra los principales responsables como el exgerente del Patronato y el exvicepresidente Luis Pérez Montoya que se salvó de El Acebuche bajo una fianza de 12.000 euros. También a sus respectivas esposas y unos amigos que viajaron a Escocia en 2010. El caso continua abierto y a menor velocidad que al principio.

Caso Tres Reyes

La denuncia de una operación de compra de millones dinares iraquíes, sin valor legal en la actualidad, en manos de un empresario del Poniente, Manuel Rodríguez Lozano, fue la excusa formal del inicio de la investigación que condujo a la detención de siete personas, con el Abogado Jefe del Estado en Almería, Demetrio Carmona del Barco, como la más conocida. Luego, en los Autos, se sabría que la investigación sobre Carmona había comenzado meses antes de la denuncia, sin que nadie sepa explicar a día de hoy quien y por qué ordenó esas actuaciones de la Guardia Civil de Almería. Las diligencias, instruidas por la jueza del Nº 1, Alejandra Dodero, están sustentadas fundamentalmente en escuchas telefónicas y, también, en otros dos denunciantes, los empresarios Estanislao Berruezo - implicado en la Operación Lila - y Antonio Subiela. Ambos en litigios judiciales interpuestos contra ellos por la familia Carmona del Barco por supuestos delitos económicos en antiguas sociedades comunes. Subiela fue «invitado» a presentar denuncia por la propia fuerza actuante. Varios de los imputados en este asunto se presentaban como agentes del CNI. Lo más llamativo de esta instrucción, que merecerá un análisis más extenso en próximas semanas, ha sido la falta de respuesta de la Jueza a los numerosos escritos y recursos de la Defensa y el hecho de que se haya filtrado la calificación de la Fiscal del caso donde anuncia que solicitará entre los tres años y once meses y nueve años para los imputados por delitos en grado de tentativa de extorsión. Demetrio Carmona considera que ha sido víctima de un montaje y una venganza «que hace aguas jurídicamente» , donde sus enemigos han utilizado los medios del Estado de Derecho, Guardia Civil, juez y fiscalía, para evitar pagar lo que le deben a él y a su familia dos de los denunciantes.

Caso Hispano Almería

Una denuncia el 23 de octubre de AMAyT en la Fiscalía Superior, ha dado paso a la judicialización del caso que afecta a la constructora que más obra pública ha realizado al amparo de administraciones del PP, especialmente en Roquetas y Níjar. (También en Vícar donde el alcalde Antonio Bonilla ha impulsado una comisión de investigación, cosa que se ha negado a hacer el PP en sus instituciones salpicadas). Infinidad de recibos «originales» de supuestas comisiones a políticos y técnicos, vieron la luz en las páginas de El País, originándose un gran escándalo político y mediático. Entre la documentación que ha visto la luz figura una escritura notarial en la que los dueños de HALSA vendieron acciones de su empresa filial, Gesponiente, al alcalde de la Mojonera y diputado autonómico José Cara González (aforado). Una compra que nunca fue elevada al Registro Mercantil ni aparece en la declaración de bienes del diputado popular. Este caso, que afecta de lleno a notables dirigentes políticos, acaba de comenzar su rodaje judicial desde el Juzgado Nº 2.

Reconocimiento de deuda

He aquí otro novedoso caso que comenzó su rodaje en sede judicial el pasado día 22 de enero. Se trata de investigar las posibles irregularidades o delitos cometidos entorno a un reconocimiento de deuda por un total de 4,7 millones de euros en la Diputación de Almería. Deuda contraída en la etapa del PSOE/PAL en Diputación, que se negaron a abonar en su día, pero pagada por el gobierno del PP de Gabriel Amat. Entre los perceptores de importantes cantidades aparecen mercantiles propietarias de medios de comunicación en Almería en concepto de publicidad institucional. Fue una denuncia presentada por AMAyT en la Fiscalía Superior el pasado verano y remitida a Almería mediante decreto remisorio a finales d 2012. De momento ya se ha propuesto la comparecencia como testigo del Interventor para que dé cuenta sobre dos informes emitidos en su día donde ya alertó de irregularidades procedimentales.

Caso Gasolineras

Este es otro caso que está por llegar al juzgado y del que la Fiscalía Superior ya ha procedido a su traslado a la de Almería. En esta ocasión el denunciante es un empresario que, en 32 paginas, desgrana un total de ocho asuntos que afectan, fundamentalmente, al Ayuntamiento de Almería. De momento la Fiscalía del TSJA no ha hallado aforados autonómicos, aunque en la denuncia se apunta al alcalde y Senador Luis Rogelio Rodríguez Comendador (aforado ante el TS) y, sobre todo, a su hombre en Urbanismo Pablo Venzal. Se acusa al edil popular y a técnicos municipales de presuntas ilegalidades - trafico de influencias, prevaricación, falsedad y cohechos- encaminadas a beneficiar los intereses de mercantiles propiedad de las familias Tejera y Sáez Lozano. Destaca también en esta denuncia el epígrafe Nº 8 titulado «Joaquín Conde y financiación del Partido Popular». En relación con el mismo se acompaña una grabación, de algo más de veinte minutos, en la que se recoge con total nitidez una conversación de tres personas en la que se narra el modus operandi de determinados políticos del PP - y otros en menor medida y como colaboradores necesarios- en el supuesto de cobro de comisiones y mordidas a cambio de determinadas licencias, gestiones y permisos.

Como puede observar el lector, demasiados asuntos judiciales con la corrupción política y económica como denominador común. Unos procedimientos que, a la vista de la demanda de la sociedad española que sitúa este problema en el segundo lugar de sus preocupaciones tras el paro, bien merecen toda la celeridad y rigor de la Administración de Justicia en Almería. Y si faltan medios que se soliciten, de la misma forma que lo ha hecho el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, a la hora de reforzar la labor en el Caso Eres de Mercedes Alaya en Sevilla. Los asuntos que se dilucidan en Almería son tan corruptos como los Eres, UGT, Invercaria, Malaya o Zona Franca de Cádiz. Y si el problema no está en la falta de medios, que el nuevo CGPJ envíe a su Servicio de Inspección y que analice técnica y jurídicamente donde está el problema para que tanta dilación o sesteo procesal continúe en numerosos sumarios contra la corrupción en Almería.

Fotos

Vídeos