La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha pedido hoy a la Junta de Andalucía "que se deje de confrontación y de presentar recursos" de inconstitucionalidad contra el Ejecutivo central y se centre en defender la sostenibilidad de la sanidad pública.
Crespo ha criticado en rueda de prensa el anuncio del Gobierno andaluz de que va a presentar recursos de inconstitucionalidad contra los decretos de ajustes en sanidad y educación y ha acusado al Gobierno de José Antonio Griñán de "haber cogido la bandera política de la confrontación" para esconder sus problemas de gestión.
Ha recordado que la Junta acumuló veinte recursos judiciales contra el Gobierno central cuando lo presidió José María Aznar y ha enfatizado "que los retiró todos" cuando José Luis Rodríguez Zapatero llegó a la Moncloa.
En su opinión, "la negativa a todo" del Gobierno andaluz al decreto de sostenibilidad sanitaria revela que ha apostado por la confrontación a pesar de que el Ejecutivo central se ha visto obligado a adoptar esta iniciativa tras encontrarse "un agujero" de 16.000 millones de euros en el sistema nacional de salud.
La delegada de Gobierno ha destacado que, en el caso de Andalucía, aunque la Junta cifró el déficit de la sanidad en 550 millones de pesetas, la aprobación del plan de pago a proveedores reveló que era de 2.600 millones ya que el 95 por ciento de los 2.700 millones de deuda reconocida a proveedores correspondían a facturas sanitarias.
Ha contrapuesto esta conflictividad "política" de la Junta con la sucesión de protestas de empleados sanitarios por los recortes salariales y de denuncias de cierres de centros, camas hospitalarios y falta de medicamentos básicos.
"El Gobierno andaluz tiene que ser responsable y hacer todo lo posible por tener una sanidad sostenible; lo que no puede ser es que se estén cerrando camas, o que falten medicamentos de primera necesidad o que los colegios farmacéuticos hayan tenido que firmar un crédito para poder cobrar sus medicamentos", ha aseverado.
Crespo ha enfatizado que estas medidas no las ha impuesto el Gobierno central pues las ha aprobado libremente la Junta de Andalucía, y le ha recomendado al Ejecutivo de Griñán que reduzca el gasto eliminando por otras vías como reduciendo altos cargos, duplicidades o entes públicos.
"Las medidas del Plan de Ajuste las ha aprobado la Junta de Andalucía; el Gobierno central no ha obligado a la Junta a bajarle el sueldo a los funcionarios, podrían haber eliminado altos cargos o empresas públicas", ha apostillado.
Ha opinado que el decreto del Gobierno central no invade competencias de la Junta porque los artículos del Estatuto de Autonomía cuyas competencias reivindica el Gobierno andaluz explicitan que están supeditadas al cumplimiento de "las leyes fundamentales".
Según la delegada, ello ocurre con la inmigración, competencia exclusiva de la Administración central.
Crespo ha pedido "que no se mienta" ni "se meta miedo" respecto al decreto de sostenibilidad sanitaria y ha enfatizado que los inmigrantes tendrán derecho a la atención en urgencias y que el Gobierno de Mariano Rajoy no ha impuesto el copago farmacéutico "que ha existido siempre y lo que hace el decreto es ordenarlo".
Ha recordado que las medidas contra "el turismo sanitario" o el uso de la tarjeta sanitaria española por inmigrantes en sus países de origen reducirán "abusos" que le cuestan a España más de mil millones de euros.
También ha destacado que el 83 por ciento de los pensionistas andaluces no pagarán por sus medicamentos más de 8 euros al mes y que el real decreto que quiere recurrir la Junta ahorrará 2.200 millones de euros.
"Lo que pretende el Gobierno de España es hacer una sanidad sostenible y la Junta de Andalucía lo que tendría que hacer, en vez de confrontar con el Gobierno de la nación, es arrimar el hombro", ha concluido Crespo.
