Condenados a penas de dos años de cárcel cinco miembros de una red internacional de prostitución

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a un total de diez años de cárcel a cinco integrantes de una red internacional dedicada al tráfico de mujeres de origen ruso que, tras entrar en territorio español, ejercían la prostitución en clubes de alterne ubicados en El Ejido (Almería), Granada, Córdoba y Tenerife.

Los acusados mostraron conformidad durante la vista oral celebrada la pasada semana ante el tribunal de la Sección Tercera con la petición de la fiscal, que rebajó su calificación provisional a penas individuales de dos años de cárcel pese a que inicialmente interesó una condena de entre siete y nueve años de prisión.

La banda actuó en España durante tres años con el procesado Victor S., junto a un segundo en busca y captura, a la cabeza ya que era el encargado de enlazar con la organización en Rusia, gestionar la documentación que necesitaban las víctimas para entrar en territorio nacional normalmente vía aérea a través de Madrid y, con posterioridad, distribuirlas por los locales.

Los clubes escogidos habitualmente eran el 'Punto G', en Granada y regentado por uno de los acusados, Juan Z.R.; un establecimiento de masajes ubicado en Córdoba y propiedad de Antonia L.S.; así como los locales de alterne ejidenses 'Glamour' y 'Memphis', del que es encargado un quinto procesado en la causa, Emilio F.L.

El quinto acusado, Jorge Ramón F.G., era la persona que ejercía labores de vigilancia en el club 'Punto G' con pleno conocimiento de la situación en que habían llegado desde su país de origen, vivían y trabajaban las mujeres. Además, solía cobrar a las mujeres el dinero que debían abonar a la organización para saldar la deuda contraída para venir a España y que con posterioridad era enviado a la red en Rusia.

El ciudadanos ruso procesado enfrentaba una pena de nueve años de prisión como presunto autor de sendos delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros mientras que para Emilio F.L., Juan Z.R. y Jorge Ramón F.G. el fiscal pedía inicialmente penas individuales de siete años de cárcel.

La procesada Antonia L.S. enfrentaba esa misma pena y tres años más de prisión acusada de un presunto delito contra los derechos de los trabajadores ya que sometía a las mujeres que trabajaban en su local de masajes a un "horario peculiar" y a un sistema de multas "a su antojo".

Así, tal y como consta en la declaración de dos testigos protegidas a las que se va a indemnizar con 18.000 euros por los daños morales ocasionados, las sancionaba por "comer fuera de hora, negarse a mantener relaciones sexuales con un cliente o por dejar la luz encendida". Asimismo, debían estar "disponibles de lunes a sábado durante las 24 horas del día" incluso "si se habían retirado a descansar" ya que, de lo contrario, les imponía multas cuya cuantía quedaba a su arbitrio.