La Fiscalía va a pedir a principios de febrero un total de 33 años y seis meses de cárcel para cuatro hombres y una mujer acusados de estafar más de tres millones de euros con ventas fraudulentas de inmuebles supuestamente embargados cuya adjudicación "garantizaban de forma mendaz" a sus clientes al asegurarles que contaban con la colaboración supuesta de un juez y un secretario judicial que intervenían directamente en los procesos de subasta.
El escrito de acusación contra Juan Manuel P.R., Antonio N.S., Indalecio S.L., Gabriel C.A. y María D.M., señala que los cuatro primeros "de común y previo acuerdo" y con el "claro ánimo ilícito" de enriquecimiento ejecutaron un fraude en el mercado inmobiliario que alcanzó a "numerosos perjudicados" y crearon una mercantil para blanquear el dinero procedente de la estafa con la compra de fincas y caballos de pura raza.
El fiscal señala a Juan Manuel P.R. como el ideólogo de la trama y relata que, gracias al conocimiento que adquirió a introducirse en el mercado de las subastas judiciales de bienes inmobiliarios, "decidió obtener importantes beneficios económicos" y comenzó a "captar a personas de su entorno" para ofrecerles la posibilidad de adquirir inmuebles supuestamente embargados y sometidos a proceso de subasta por un precio "muy inferior" al de mercado.
A los perjudicados les garantizaba la adquisición de inmueble porque decía conocer al secretario judicial y al juez que intervenían directamente en los procesos judiciales de subasta al tiempo que les exigía, "de forma mendaz", la entrega inicial de una cantidad de dinero en concepto de reserva en las cesiones de remate del procedimiento judicial para, así, una vez adjudicadas, otorgarle la escritura pública a un precio "mucho más bajo de lo estipulado".
Para ganarse la confianza de sus potenciales 'clientes', les mostraba notas simples, así como certificados de cargas y gravámenes que obtenía del registro de la propiedad e incluso les enseñaba los inmuebles desde el exterior con la excusa de que, al estar embargados, todavía estaban ocupados y no se podía acceder. A partir de ese momento, detalla el escrito de acusación, pedía a los perjudicados diversas cantidades de dinero para el pago de tasas, impuestos o escritos que supuestamente entregaba en el juzgado.
Otro de los acusados, Antonio N.S., entró en la estafa una vez ésta ya estaba en marcha. Su cometido, una vez entabló relación con Juan Manuel P.R. y teniendo conocimiento de la trama, era la captación de potenciales clientes a cambio de un porcentaje de 20 por ciento. Además, cada semana durante cuatro años, recibió 6.000 euros con los que, a través de una sociedad participada al 50 por ciento junto a María D.M. con Juan Manuel P.R., invertía en fincas y caballos de pura sangre.
Ambos concertaron también, "con claro ánimo defraudatorio", un contrato de exclusividad para la venta de las fincas adjudicadas, un extremo que no llegó a producirse. Todos los perjudicados por la trama, de los que se han personado como acusación particular en la causa un total de once, entregaron el dinero a Juan Manuel P.R. excepto uno que se lo entregó a otro acusado, Indalecio S.L., quien al principio fue perjudicado.
Este último, previo acuerdo con el ideólogo de la trama, confeccionó gracias a sus altos conocimientos informáticos documentos que simulaban autos judiciales para generar una mayor confianza en los clientes, quienes se mostraban cada vez más nerviosos e impacientes por la falta de resultados. Precisamente por este motivo, Indalecio S.L. y Gabriel C.A. simulaban ser personal de juzgado que concertaba citas previas para tranquilizarles.
El Ministerio Público considera a Juan Manuel P.R. e Indalecio S.L. autores de sendos delitos continuados de estafa y falsedad, por lo que pide para ellos, en concurso ideal, penas de ocho y siete años de prisión, respectivamente, además de pago de una multa para el primero de 24 meses a razón de 12 euros al día.
Para Antonio N.S. interesa una pena de seis años y seis meses de cárcel por un delito de estafa y tres años y seis meses por un delito de blanqueo de capitales, además de multa de 12 meses a razón de 12 euros al día mientras que para Gabriel C.A. solicita condenas de seis y dos años por estafa y falsedad, a lo que añade multas que suman 27 meses a razón de 12 euros al día. Para la única acusada pide seis meses de prisión por blanqueo.
