La fiscalía pide la inhabilitación para el ex edil de Urbanismo de Albox

El escrito del Ministerio Público formula acusación, asimismo, contra el constructor y los dos arquitectos encargados de redactar los proyectos e interesa penas individuales de dos años de prisión por supuestos delitos contra la ordenación del territorio y multa de 24 meses a razón de 20 euros al día para ellos, quienes deberían sufragar, de producirse, el coste de los derribos tasados pericialmente en 229.6156,38 euros.

Según informaron fuentes judiciales, el titular de Instrucción número 2 de Huércal-Overa, encargado de las diligencias de la causa, ha dado traslado de las actuaciones a las nueve familias perjudicadas para que se personen como acusación particular ya que el fiscal establece, asimismo, que los tres imputados deberán hacerse cargo de las "eventuales" indemnizaciones para restituir los derechos de aquellos que compraron de "buena fe".

La Fiscalía señala en su escrito que el promotor dio comienzo en 2004 a la construcción de 13 viviendas unifamiliares en el paraje albojense conocido como 'La Hortichuela' sobre suelo no urbanizable y no autorizable con los proyectos elaborados por los dos arquitectos, quienes a su vez, ahonda, tenían conocimiento de la irregularidad y de que, además, la obra se estaba ejecutando sin la oportuna licencia municipal.

Autorizaciones administrativas

Al ex edil José Luis González Wandosell, quien formó colación de gobierno con el PP desde las filas del PA entre 2003 y 2006, le acusa de firmar, a lo largo de ese mismo año, autorizaciones administrativas para nueve de las viviendas sobre las que se efectuó contrato de compraventa "consciente de que no podía" y de que no contaban, ni "mucho menos", con licencia de primera ocupación.

Subraya el fiscal, en esta línea, que el ex concejal, quien concurrió a las elecciones municipales de 2007 como cabeza de lista de GIAL, no abrió expediente disciplinario ni se ocupó de restablecer la legalidad urbanística pese a que "tenía delegadas funciones" por parte de alcalde y a que tenía la "obligación" de denunciar al tener conocimiento de que había indicios de que se podía estar cometiendo un delito.

La calificación del Ministerio Público interesa nueve años de inhabilitación especial para cargo público por un presunto delito de prevaricación para González Wandosell y otro año más por un presunto delito de omisión del deber de perseguir delitos. Solicita, asimismo, inhabilitación profesional durante dos años para el constructor y los dos arquitectos.