El TSJA obliga a la Ual a adaptar las prácticas a la alumna sorda

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado íntegramente la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Almería que obliga a la Universidad de Almería (Ual) a adaptar las prácticas de dos asignaturas de la carrera de Enfermería a las necesidades de una alumna sorda, María del Mar Granados.

A pesar de la victoria judicial, el abogado de la estudiante, Juan Manuel Llerena, considera que este caso no estará cerrado hasta que Mar Granados termine sus estudios, ya que ser enfermera siempre ha sido «la ilusión de su vida». Si no se diploma «habremos fracasado nosotros y la Ual». Tras diez años superando numerosos obstáculos y de lucha, cuatro de ellos en los tribunales, María del Mar «sigue queriendo ser enfermera, su vocación está intacta».

Según señaló Llerena en rueda de prensa, «a pesar de las noches en vela y de las numerosas dificultades», la Universidad «no consiguió su objetivo porque Mar no se rindió nunca». Ahora el TSJA obliga a la Ual a adaptar las prácticas, pero en todo este tiempo «ha habido gente con mala intención» y la Universidad «nunca se planteó rectificar» y llevar a cabo las adaptaciones necesarias. Por este motivo, el abogado considera que «hace falta que se cumpla la sentencia», y que además se observe un «cambio de actitudes».

En este sentido, tras conocer la sentencia del TSJA, diez años después de que Mar Granados comenzara sus estudios y en un escueto comunicado, la Ual por primera vez ha mostrado «su disposición a entablar una vía de diálogo que sirva para cerrar de forma definitiva el proceso judicial emprendido».

Según apunta el comunicado el equipo de Gobierno de Ual «buscará una fórmula que, con la mayor sensibilidad posible, permita alcanzar un acuerdo entre ambas partes, sin que ello sea óbice para que se adopten otro tipo de medidas desde la institución universitaria».

Las costas como castigo

Ante esta victoria judicial, María del Mar Granados, se ha mostrado «contenta» pese a haber perdido 10 años de su vida, ya que el TSJA reconoce su derecho a que la Ual «adapte los criterios de evaluación, formatos de examen y estrategias de evaluación de la parte práctica de las asignaturas 'Enfermería Materno Infantil' y 'Enfermería Médico-Quirúrgica'».

Esta sentencia, contra la que no cabe recurso alguno, obliga además a la Universidad de Almería a pagar las costas judiciales, aspecto que a juicio del abogado de Granados es una decisión de carácter «punitivo» debido a la actitud de la institución educativa.

Los hechos se remontan al curso de 99/00, cuando María del Mar Granados comenzó sus estudios de Enfermería en la Ual, siendo rector Alfredo Martínez Almécija y directora de la Escuela de Enfermería Josefa Márquez. La alumna, tras una enfermedad en la adolescencia, se encuentra aquejada de sordera profunda, calificada médicamente como 'hipoacusia bilateral severa grado cero, con pérdida sensorial de oído'. La sentencia reconoce que Mar Granados hizo constar en su admisión en la Universidad de Almería que su minusvalía era superior al 33%, y que se matriculó en los sucesivos cursos académicos haciendo constar el grado de minusvalía que sufría en cada uno de sus momentos.

impedimento insalvable

Fue ya en el curso 2001/2002 cuando los profesores del Departamento de Enfermería, le comunicaron verbalmente que su discapacidad suponía un «impedimento insalvable» para poder cursar los estudios de la diplomatura y, específicamente, que no podía superar la práctica de las asignaturas mencionadas.

Hasta ese momento la Universidad no había puesto ningún impedimento en permitir a una alumna sorda estudiar la diplomatura de enfermería ni en cobrarle las tasas. El largo calvario de Mar Granados comenzó ese curso viéndose obligada a solicitar que se adaptara la parte práctica de las dos asignaturas a su hipoacusia. Tras agotar la vía de la negociación, el caso se lleva a los tribunales en enero de 2005.

Como ha recordado José María Granados, padre de la estudiante, «nunca solicitamos un trato de favor, ni un aprobado político, ni una relajación a la hora de evaluar sus conocimientos prácticos».

En este sentido el TSJA es bastante contundente en su argumentación y asegura que la Ual puede realizar las adaptaciones solicitadas por la estudiante, ya que si su discapacidad «no se tuvo en cuenta en su admisión a cursar estudios, no se puede tras la creación de unas fundadas expectativas, frustrarlas tras varios años de carrera»

La sentencia deja claro que la Universidad de Almería, «debió, cuando procedió, al parecer sin la suficiente meditación, a la admisión de la recurrente ( ) adoptar los necesarios refuerzos educativos».

Desidia y abulia

La sentencia 290/06 de septiembre de 2006 del Juez Rivera, la que ahora ha sido ratificada por el TSJA, reflejaba que la conducta de la Universidad «es claramente desacertada y contraria al ordenamiento jurídico». Esta sentencia era demoledora al señalar que «este comportamiento desidioso y abúlico de la Universidad de Almería deja huero y vacío de contenido el derecho fundamental a la educación y el derecho constitucional a la integración en la sociedad de los discapacitados».

Uno de los párrafos del texto judicial argumentaba que es «inconcebible que en la era de la microbiología celular y de los avances tecnológicos ( ) se escatimen medios personales y materiales tan elementales (un vibrador portátil para avisos, un ordenador de reconocimiento de voz y, en coordinación y cooperación con la Administración competente, la habilitación y adaptación de dos plantas del Hospital Torrecárdenas)».

Como dijo ayer en rueda de prensa el abogado Juan Manuel Llerena: «María del Mar siempre supo que tiene la razón moral, pero ahora, y por dos veces, tiene la razón legal».